El día 22 de Diciembre, la ciudadana dominicana Hisaura Santana Deolio, fue detenida y expulsada del país, sin permitirle recurrir judicialmente contra una resolución de la Subsecretaría del Ministerio del Interior que reiteraba una orden de expulsión en su contra.
Hisaura fue detenida, sin que exista orden de alguna autoridad competente para ello, al momento de asistir al control de firma ante la PDI. En ese instante se enteró de la resolución de la subsecretaría sin informarle que podía impugnar judicialmente esa resolución. Frente a su detención sólo se le permitió una llamada telefónica con la que se contactó con los dirigentes de la Comunidad de Dominicanos en Chile y ellos a su vez con la Coordinadora, quienes presentaron una acción de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Pese a que por la sola presentación del amparo la Policía debió suspender el proceso, fue expulsada igualmente, todo ello en tan sólo 7 horas.
La situación de Hisaura es común entre los trabajadores de origen dominicando, que de forma discriminatoria se les niega el ingreso a Chile, y estos se ven forzados a entrar irregularmente al país. Cayendo por consecuencia de esta discriminación en redes de tráfico de inmigrantes, al no poder acceder a la visa consular. Esta situación fue denunciada por la Coordinadora ante la CELAC, durante su última reunión en Santiago, comprometiéndose el Gobierno Dominicano y la presidenta Bachelet a eliminarla a la mayor brevedad posible, así como a regularizar a los inmigrantes afectados como el caso de Hisaura.
La expulsión es particularmente ilegal, ya que se ejecuta en procedimientos administrativos, imputándoles una responsabilidad que sólo las autoridades judiciales les compete hacerlo, desconociendo en consecuencia su legítima defensa, sin ponderar las razones humanitarias y menos aún los vínculos de arraigo que tienen tales ciudadanos extranjeros con el país. Esta expulsión habría sido colectiva, se trataría de 9 personas, cosa que es condenada por el Derechos Internacional. De igual forma con estos casos se estaría dando inicio a un centro de detención de inmigrantes o simplemente cárcel de inmigrantes ubicada en Calle Seminario N° 11 Providencia, con lo que se adelantan en los hechos a una de las instituciones cuestionadas por la Coordinadora del anteproyecto de ley de migraciones del gobierno.
La campaña de expulsiones parece ser una forma de concesión a los discursos anti migratorios que se han venido dando en la últimas semanas en el país.
Ante ello la Coordinadora hace un llamado a todos los inmigrantes a estar alerta, a denunciar cualquier otro caso similar, hace un llamado a la solidaridad de todos los chilenos y anuncia movilizaciones por parte de la comunidad migrante en defensa de los derechos humanos y en concreto del derecho a la migración.
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