Se aprobó la Ley de Migraciones, desconociendo estándares internacionales de derechos humanos.
Gobierno anuncia deportaciones masivas.
Desde que empezó la discusión del proyecto de Ley de Migraciones y Extranjería, las organizaciones migrantes y de derechos, lo rechazaron e intentaron que el Congreso atienda y sume sus propuestas buscando que sea una Ley que garantice los derechos humanos de las personas migrantes, pero no lo lograron, incluso contiene artículos que son contrarios a la Constitución vigente. La ley fue aprobada desconociendo principios básicos de los derechos humanos, los que fueron recomendados por organizaciones de migrantes, la academia, juristas y organismos internacionales de Derechos Humanos como UNICEF, Comité de Trabajadores Migratorios y sus Familias y ACNUDH.
Según las organizaciones denunciantes, la ley se aprobó desconociendo o renunciando a estándares internacionales de derechos humanos, principio de no devolución, principio del debido proceso, principio de no discriminación en acceso a derechos sociales y derechos civiles, garantía de regularidad; además no garantiza la reunificación familiar para todos los tipos de familias, expone a niños, niñas y adolescentes no acompañados a ser expulsados o rechazados en frontera mientras que para inmigrantes residentes significará la vulneración de derechos adquiridos y la eternización de sus residencias temporales. Señalan que la aprobada Ley establece como mecanismo principal un sistema de visados consulares, que permitirá la arbitrariedad en la aprobación o negación de visas, incrementando los ingresos irregulares y las redes de tráfico y trata de migrantes.
Las organizaciones denuncian que esta ley profundiza las brechas de las desigualdades y condena a la persecución y criminalización de las y los migrantes, principalmente porque se institucionalizará y fortalecerá la discriminación en el acceso a derechos de la niñez y las personas adultas, la irregularidad migratoria, el acceso precarizado al mercado de trabajo para las personas inmigrantes, la segregación en sus diversos ámbitos, agudizando las violencias y vulneración de derechos que ya viven especialmente la niñez y las mujeres. Enfatizan que esta norma es más adversa que la de la dictadura que se pretendía mejorar, y que agudizará el racismo institucional.
Señalan que en la nueva ley se rechazó la regularización extraordinaria general, y paralelamente el gobierno ha intensificado la persecución a migrantes irregulares, anunciado expulsiones masivas. Con ello, manifiestan que se pretende imponer una política sistemática y populista de criminalización de las personas migrantes, intentando normalizar ante la ciudadanía un estado policial por sobre los cuerpos migrantes.
Entre las cerca de 280 organizaciones y personas que firman esta denuncia están a nivel nacional la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile, Negrocéntricxs, Secretaría de Mujeres Inmigrantes, Corporación Colectivo Sin Fronteras, Coordinadora Feminista 8 de Marzo, CUT, ANEF, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Movimiento MOVILIZANDONOS por una cultura Derechos NNAJ en Chile, Movimiento Acción Migrante, entre otras, junto a otras organizaciones de países como Portugal, México, Argentina, Brasil y Venezuela y organizaciones de chilenos/as residentes en distintos países. Todas adhieren al rechazo a la política del gobierno en materia migratoria y a la recientemente aprobada Ley de Migración y Extranjería, manifestando su apoyo al interés por derogarla para defender la dignidad de todas las personas que habitan Chile, según consigna el escrito.
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