Ayer, la presidenta del Senado, Isabel Allende, hizo público un documento en cual solicita que se oficie a Viviana Durán, directora del Servicio de Salud de Arica, para que brinde una respuesta ante la situación presentada hace algunos días en relación a la retención ilegal de la ciudadana boliviana Dorotea Paco.
Según denunció la Fundación Ciudadano Global – Servicio Jesuita a Migrantes hace algunos días, Paco llegó al Hospital de Arica el viernes 12 de septiembre para dar a luz. Sin embargo, una vez ocurrido el parto, la mujer fue retenida en el recinto con la finalidad de que pague por la asistencia médica prestada.
Finalmente, y luego de pagar por el servicio, Paco abandonó el centro médico el día miércoles 17 de septiembre, cinco días después.
Tras la denuncia del hecho, la directora del establecimiento descartó irregularidades en el proceder del hospital y explicó que el procedimiento se encontraba regulado formalmente. Sin embargo, Allende explica en su oficio a la presidencia que ningún funcionario, directivo, o autoridad de dicho establecimiento de salud posee facultades para retener o impedir la salida de una persona del lugar, entendiendo que esa es una facultad propia de las policías.
Asimismo, Allende cita, entre otros, el artículo 7 del Pacto de San José de Costa Rica, al cual Chile está adscrito, y que señala que “Nadie será detenido por deudas”.
Marcela Correa, Directora de Santiago de Ciudadano Global – Servicio Jesuita a Migrantes, señala que este tipo de situaciones evidencian lo poco preparado que el país está, tanto cultural como administrativamente, para dar respuesta al fenómeno migratorio. “Es un buen signo que la segunda autoridad más importante del Estado adopte medidas tendientes a denunciar malas prácticas administrativas que vulneran los derechos de las personas”, recalca Correa.
Correa también considera que esto es un llamado de alerta a que la retención ilegal de personas migrantes no es algo ni natural, ni obvio, sino que se rige por los mismos estatutos que cualquier nacional.
Solicitudes
En el documento, la presidenta del Senado solicita que la directora del servicio de salud informe:
– Si se le entregó a Dorotea Paco el certificado de su hijo recién nacido.
– Nombre, grado, y cargo del funcionario/os, directivos o autoridad que le dieron la orden de retener o impedir la salida de dicha ciudadana boliviana.
– Si hubo algún funcionario que “representó” dicha orden por ilegal.
– Razón por la cuál se procedió a retener o impedir la salida de aquella persona.
– Día de ingreso, procedimiento efectuado, y día de salida del hospital de la ciudadana boliviana.
– Si se ha iniciado algún proceso sumarial, para esclarecer los hechos y las responsabilidades derivadas de la situación en comento.
– Si se han enviado los antecedentes a la Fiscalía de Arica, para determinar si hubo algún hecho constitutivo de delito deriva de la situación de “retención” o de impedir la salida de una persona, sin existir la facultad para aquello.
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