EL DEMORADO EMBARQUE DE MIGRANTES DE REGRESO A SUS PAÍSES

•             Se habilitan albergues para recibir a migrantes

•             Gobierno de Chile ofrece deportación encubierta a migrantes

Más de mil inmigrantes han acampado en el último mes frente a sus consulados con la intención de regresar a sus países de origen, porque ya no pueden sostenerse económicamente en Chile como consecuencia del Covid-19. La solución esperada es un retorno humanitario, una acción conjunta entre sus gobiernos y el de Chile. La propuesta del gobierno chileno a estas personas fue el Plan Humanitario de Regreso Ordenado, el mismo que aplicaron a inmigrantes de Haití hace un par de años y que significa una expulsión, una forma de deportación encubierta. Pero la Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto la cláusula que indicaba que migrantes que aceptaran este plan se les impidiera regresar a Chile en un lapso de 9 años. Mientras tanto, el retorno de miles de inmigrantes sigue en espera.

Después de haber perdido sus empleos, sus arriendos, sin redes de apoyo, muchas veces sin tener documentación y quedando fuera de las políticas sociales del Estado chileno, inmigrantes de Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela fueron a buscar refugio a sus consulados, como en un acto de presión a sus gobiernos.

Ha sido constante el flujo de personas en las puertas de esos consulados. Llegan familias completas, la presencia de niños, niñas, adultos mayores e incluso embarazadas, pusieron en evidencia la fragilidad socio económica de los inmigrantes en Chile.

En Santiago, después de que se instalara públicamente como drama humanitario, se habilitaron albergues donde fueron trasladados, sin embargo, otros grupos aún acampan en ciudades como Antofagasta y Arica.

Deportación disfrazada

El canciller chileno Teodoro Ribera había anunciado un vuelo a Colombia para 200 personas de dicha nacionalidad y que traería de regreso a chilenas y chilenos, sin embargo, la propuesta estaba condicionada a la firma de una declaración jurada donde se les obligaba a renunciar a la residencia y a la condición de refugiado, además de aceptar el compromiso de no volver a Chile en un plazo de 9 años y que su regreso debía ser con todo su núcleo familiar. Se trataba del llamado Plan Humanitario de Regreso Ordenado que el gobierno de Chile impulsó con inmigrantes de Haití en 2018. Le dicen humanitario porque las y los viajeros no pagan el pasaje de regreso, pero las condiciones que proponían disfrazaban una expulsión para quienes no tienen vínculos con personas chilenas, es decir no están casadas con chilenas ni tienen hijos o hijas nacidas en Chile.

Ante estas condiciones, se presentó un recurso de amparo a favor de personas colombianas contra el Ministerio de Relaciones Exteriores y quienes resulten responsables por restringir la libertad de entrar a Chile. La Corte de Apelaciones acogió la orden de no innovar en cuanto a la prohibición de ingreso a suelo chileno, por lo que la cuestionada clausula quedó sin efecto. En última información el gobierno chileno presentó la suspensión de forma indefinida del llamado retorno humanitario y solicitó a dicha Corte declarar inadmisible o rechazar el recurso de amparo en todas sus partes.

Mientras niños, niñas y familias inmigrantes se mantienen viviendo en la calle, frente a sus consulados o en albergues, se mantiene la espera de una respuesta de los Estados, cuyo carácter humanitario sea efectivo.