La fuerza invisible, mujeres migrantes en Chile

Las mujeres migrantes enfrentan múltiples barreras que cruzan los desafíos de la migración con las desigualdades de género, que además se le suman obstáculos políticos, legales y económicos que restringen su acceso a derechos primordiales exponiéndolas a condiciones de explotación laboral y racismo.

A menudo, además de ser blanco de prejuicios y estigmas que las desvalorizan, revictimizan y discriminan, también se les reduce a una condición de vulnerabilidad, como si fueran solo receptoras de asistencia estatal, ignorando que detrás de las etiquetas de migrante o refugiada hay personas con historias, saberes y capacidades que benefician a las comunidades que las acogen.

En Chile, las mujeres migrantes representan 51% de la población activa laboralmente, según la Encuesta Casen 2022, sin embargo según los datos del Laboratorio de Encuestas y Análisis Social (LEAS) de la Universidad Adolfo Ibáñez, UAI, su inserción ha sido difícil ya que acceden a empleos más precarios, con menores sueldos y más horas laborales, de este modo, la brecha salarial es significativa: entre mujeres de 18 a 34 años, las inmigrantes ganan un 15% menos que las chilenas, y entre los 35 y 54 años, la diferencia alcanza un 19%.

Al igual, se conoce que la falta de regulación migratoria limita el acceso derechos básicos y oportunidades, vinculándolas muchas veces con el mercado laboral informal, para académicos como Víctor Veloso Luarte, Constanza Ambiado Cortés y María Emilia Tijoux Merino, el racismo cotidiano es una de las causas principales de esta situación, argumentan que en Chile se percibe a las personas migrantes como cuerpos destinados a la superexplotación laboral, que les niega el acceso a cualquier espacio en la esfera política.

Y es que en pleno 2025 se evidencia una intención deliberada de marginar a las personas migrantes del ámbito político nacional a través de la reciente propuesta del Gobierno, que busca restringir su derecho al voto, reforzando así una narrativa discriminadora que, en lugar de reconocer la valiosa contribución de la comunidad migrante en la toma de decisiones, la estigmatiza y parece revivir la idea pinochetista de asociar la migración como una amenaza al “orden interno” del país.

Migración, feminismos e interseccionalidad

Es importante entender que pese a las complejidades y necesidades de las personas migrantes, tal como señala en  Principios y directrices sobre la protección de los derechos humanos de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad,  no son intrínsecamente vulnerables, ni carecen de resiliencia y capacidad de acción, puesto que su vulnerabilidad proviene de múltiples formas de discriminación y desigualdad que interactúan y reducen acceso a derechos, por esa razón cuando se brinda apoyos y se reconoce a la comunidad como sujetos de derecho, se puede transformar de manera positiva sus vidas, las de sus familias, comunidades y por consiguiente a la sociedad que integran, pero, para que esto ocurra primero deben ser incluidas y respetadas.

Las vidas de las mujeres migrantes y refugiadas están marcadas por la intersección de múltiples formas de discriminación, donde el género, el color de piel, el estrato social, la etnia, el origen e incluso el estatus migratorio se entretejen para producir barreras únicas tanto en su inserción laboral, como en lo social y económico, esto lo explican las académicas Rosa Lázaro Castellanos y Olga Jubany Baucells quienes han abordado el tema y explican a través de autoras como Kimberlé Crenshaw (1998), que estas discriminaciones no operan de manera aislada, sino que se fusionan en el ámbito jurídico y social, perpetuando jerarquías que las relegan a empleos precarios, mal remunerados y escasa protección social, análisis que coincide con las reflexiones de Ina Kerner (2009) que expone que los prejuicios y valoraciones sociales actúan como cercos que limitan libertades y refuerzan estereotipos que las encasillan en roles subordinados.

Con referencia a ello, al revisar  los datos del INE del Boletín Estadístico: Empleo Población Extranjera (trimestre noviembre 2024 – enero 2025), encontramos que el desempleo femenino entre la población extranjera en Chile ha aumentado alcanzando 12,1%, además, la ocupación informal entre las mujeres migrantes es de 31,1%, lo que sugiere que muchas sólo encuentran trabajos precarios y de baja remuneración, sin acceso a derechos laborales, ni estabilidad.

Elaine Acosta González, en sus investigaciones de 2011 y 2013, subraya que la feminización de las migraciones contemporáneas pone de manifiesto cómo las desigualdades de género sostienen mecanismos que perpetúan la reproducción social. También, aclara que el desplazamiento no se debe únicamente a problemas económicos en los países de origen, sino que responde también a un deseo de escapar y/o cuestionar normas sociales y patriarcales. En este contexto, es crucial reconocer la diversidad y complejidad de las causas que impulsan la migración de las mujeres, las cuales van más allá de las dinámicas familiares e incluyen una variedad de factores individuales y sociales, por otro lado, Joana Millán Barroso (2021) destaca la importancia de no homogeneizar la experiencia migratoria de las mujeres, entendiendo que enfrentan desigualdades y realidades particulares.

De esta manera, es fundamental comprender que, por ejemplo, una mujer migrante trans, racializada, de origen venezolano en Chile enfrenta múltiples formas de discriminación, no solo por ser migrante, sino también por su identidad de género, el no reconocimiento de su nombre, el color de su piel, los papeles que la representan y no tener siquiera una Embajada para acceder a documentos esenciales. El enfoque interseccional nos permite no solo entender las barreras sino también identificar posibles soluciones efectivas de inclusión.

Recordemos que es deber del Estado chileno eliminar las barreras estructurales que perpetúan la discriminación y la exclusión, puesto que es su compromiso con los derechos civiles y con los tratados internacionales que ha firmado y ratificado y que refuerza la obligación de proteger a todas las personas, sin excepciones.

Sin embargo, esto se ve interrumpido por las modificaciones a la Ley de Migraciones aprobadas por el Congreso el año pasado, con el respaldo histórico y sin precedentes de todos los partidos políticos. Aunque fueron presentadas como necesarias para un mayor control, en realidad reflejan discriminación institucional hacia las personas migrantes, especialmente contra mujeres y niños, al negarles derechos fundamentales como educación y salud.

Cabe señalar que, según estimaciones del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el país residen 1.918.583 personas extranjeras, lo que representa un aumento del 4,5% respecto al año anterior (2022): de esta cifra 939.012 son mujeres, es decir,  hablamos del 5.34% de la población total del país. 

La maternidad

De acuerdo con Lucía Castillo Lobos (2022), las madres migrantes en Chile enfrentan condiciones de asentamiento precarias que limitan su capacidad para criar a sus hijos e hijas, a esto se añade, las frágiles condiciones ofrecidas por el país, así como las restricciones económicas y sociales perpetúan su vulnerabilidad, relegándolas a roles de subordinación que afectan su agencia y derechos de maternidad. 

Esto se hace evidente cuando muchas mujeres, a pesar de su formación profesional y experiencia, enfrentan una exclusión marcada por la intersección de género, maternidad y condición migratoria. Ya que, si bien la conciliación entre el trabajo y el cuidado de los hijos e hijas representa un desafío para todas las mujeres, en el caso de las migrantes, esta carga se intensifica.

En un estudio de 2023 realizado por la Fundación PRODEMU y Hola América, en colaboración con otras organizaciones, refleja dicha realidad, en una encuesta que realizaron en distintas regiones del país, mujeres con una edad promedio de 38 años: 47,4% tenía estudios superiores, el 38,7% educación media completa y el 11,7% solo educación básica completa. Reflejando así que a pesar de su educación enfrentan otros problemas como la regularización migratoria, las labores de cuidado y la falta de redes de apoyo, que limitan sus opciones laborales, obstáculo que refleja la incompatibilidad entre los horarios de trabajo y los tiempos escolares y de crianza de sus hijos e hijas.

Garantizar la participación e inclusión de las mujeres migrantes y refugiadas en la sociedad chilena es vital para fortalecer nuestra democracia. Su exclusión no solo limita el ejercicio de sus derechos, sino que también afecta la representatividad de las políticas públicas, perpetuando las desigualdades existentes.  

Este no debe ser un tema relegado a discursos que solo se escuchan cada 8 de marzo, ni un tema de conveniencia para fundar organizaciones o acceder a fondos, sino un acto de justicia y una necesidad imperiosa para la construcción de una sociedad genuinamente inclusiva y equitativa. No podemos hablar de democracia sin la inclusión de las mujeres migrantes, refugiadas y las niñeces.