Preocupación por la realidad de estudiantes migrantes al inicio del año escolar

El miércoles 5 de marzo se inicia oficialmente el año escolar en Chile y desde la Corporación Colectivo Sin Fronteras compartimos la preocupación que distintas organizaciones vinculadas a la niñez migrante y el derecho a la educación tienen sobre los desafíos respecto al derecho a la educación de los y las estudiantes migrantes.

Según el Ministerio de Educación, el 7,7% de la matrícula escolar en Chile en el año 2024 correspondió a estudiantes en contexto de movilidad, quienes en su mayoría asisten a establecimientos públicos municipales o del servicio local de educación de las regiones Metropolitana, Valparaíso y Antofagasta.

Las matrículas en el año 2023, según país de nacionalidad, fueron principalmente de estudiantes provenientes de Venezuela (54,6%), de Bolivia (14,4%), de Colombia (10,5%) y de Perú (7,6%).

Los datos del Centro de estudios IdeaPaís indican que, según nivel educativo, el mayor aumento de matrícula extranjera se dio en la educación básica, la cual ha crecido en promedio 23,6% en los últimos siete años, llegando en el año 2023 a representar el 7,9% del total de estudiantes matriculados para dicho período. A pesar que la educación parvularia tuvo un crecimiento de más de un 4% en dicho periodo, se observa una disminución a partir del año 2022.

La misma organización señala que del total de estudiantes extranjeros en Chile, el 60,8% estaba matriculado en la enseñanza básica (7,8% de la matrícula total), un 23,9% en la enseñanza media (14,4% de la matrícula total) y un 10,8% en la educación parvularia (6% de la matrícula total). En la educación de adultos existe una importante participación extranjera, representando un 42,5% de la matrícula total.

A nivel comunal, IdeaPaís destaca que la comuna con mayor proporción de estudiantes extranjeros es Independencia (41%) y Estación Central (36%) de la región Metropolitana, principalmente en establecimientos subvencionados. Y en tercer lugar se encuentran las comunas de Iquique y Calama con un 20%.

Entre los temas más preocupantes en torno a los y las estudiantes extranjeras está la dimensión que tiene el número de estudiantes que no están regularizados o no cuentan con cédula de identidad chilena y RUN. En información proporcionada por el Servicio Jesuita a Migrantes se da cuenta que en los últimos años hubo un aumento de matrículas escolares de estudiantes con Identificador Provisorio Escolar (IPE), es decir sin residencia, y que incluso es mayor al número de estudiantes migrantes matriculados con RUN, es decir regulares y con documento chileno. En la matrícula total de niños, niñas y adolescentes extranjeros según nivel educativo escolar, los datos indican que en el año 2020 hubo 90.996 estudiantes matriculados con documento chileno y 74.143 con IPE; en 2021 fueron 105.239 matriculados con documento chileno y 73.258 con IPE; en 2022 hubo 105.790 matriculados con documento chileno y 122.700 con IPE; y en el año 2023 fueron 112.342 estudiantes extranjeros matriculados con documento chileno y 143.047 con IPE.

El no tener un RUN impide a casi 145 mil estudiantes en contexto de movilidad desempeñarse en igualdad de condiciones y tener garantizado el acceso a programas como alimentación escolar, pase escolar, becas TIC e incluso la continuidad de estudios superiores, aun desarrollando la mayor parte de sus estudios en Chile. Estas brechas dan cuenta de las barreras que existen actualmente para la regularización de niños y niñas extranjeras, lo que desafía especialmente el rol que el Servicio Nacional de Migraciones debe desempeñar en la regularización efectiva de este grupo de niños y niñas.

A su vez, existe otra amenaza grave al derecho a la educación de niños y niñas extranjeras como es la indicación que modificaría la Ley de Migraciones 21.325 y que se discute en el Senado, especialmente propuestas de grupos políticos anti derechos que buscan restringir el acceso a la educación a niños, niñas y adolescentes que no tengan un permiso de residencia.

Al inicio del año escolar es necesario reafirmar la importancia de respetar la legislación nacional y los compromisos internacionales que el Estado de Chile tiene para garantizar el derecho a la educación para todos los niños, niñas y adolescentes sin discriminación.