Chilena o extranjera, la misma clase obrera

La llegada de migrantes ha permitido expandir la fuerza de trabajo en Chile y, en consecuencia, el bono demográfico para el desarrollo del capital. Pero eso no ha significado mejores ingresos ni bienestar para las y los trabajadores extranjeros. Chile no ha querido dar respuesta a los aportes migrantes, muy por el contrario, ha aumentado las restricciones para una completa integración.

Chile se ha convertido en uno de los principales destinos de la migración internacional en Sudamérica, y cada vez más “es solo un lugar económico pero inadecuado para habitar”, como dirían Los Prisioneros. Aunque el 13,4% del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) lo da la fuerza de trabajo migrante y su aporte neto al fisco asciende a más de 1.000 millones de dólares anuales, por concepto de tributos y pagos de trámites en extranjería, cuando los políticos hablan de la migración lo hacen frecuentemente con una connotación negativa, acusando al extranjero de la causa de los problemas e injusticias sociales que no han sido capaces de enfrentar y resolver.

El aporte de la migración al desarrollo económico de Chile es indiscutible y ¿cómo responde Chile? Cerrando fronteras, reduciendo los permisos de residencia, dificultando la inserción de las personas migrantes en Chile y criminalizando a quienes no tienen regularidad migratoria.

Aunque muchas personas extranjeras llegaron a Chile llamadas por la bonanza económica publicitada ampliamente en la región, otras lo hicieron en un contexto adverso de crisis social que las empujó a dejar su país de origen y buscar un refugio en esta tierra que se lo ha negado. De 31 mil solicitudes de refugio en Chile, sólo el 3% fueron aprobadas en la última década. En el caso de los grupos de especial protección como las mujeres y las niñeces, las leyes y convenios internacionales se quedaron en el papel, dejándolas expuestas a mayor vulneración y desamparo.

La migración no trajo la pobreza. Cuando el dictador Pinochet dejó el poder en 1990, cuatro de cada diez personas en Chile no tenían recursos mínimos para vivir dignamente, y la desigualdad de ingresos entre el quintil más rico y el más pobre era de 20 veces. La desigualdad social es una marca del modelo económico chileno heredado de la dictadura y perpetuado por los siguientes gobiernos, y es mayor entre las personas migrantes. Cerca del 30% de migrantes en Chile se encuentra en pobreza multidimensional considerando educación, salud, trabajo y vivienda.

Dividir es debilitar y mientras te dicen que el migrante te quita el trabajo y goza de más privilegios que el chileno, promueven leyes para acentuar las desigualdades. La población ocupada migrante tiene mayor nivel educativo que la población ocupada no migrante (cerca del 40% de ellas tienen educación superior y más allá mientras que la población chilena con ese nivel educativo no alcanza el 30%), pero esto no se traduce en mayores ingresos. Con 16 años de escolaridad, la población migrante recibe un 37% menos ingreso que la población nacida en Chile con igual cantidad de años de escolaridad. Además, una persona extranjera tiene un 6,8% menos de probabilidad de tener un contrato de trabajo y un 26,6% de probabilidades más de encontrar un subempleo profesional.

“Chilena o extranjera, la misma clase obrera” es una consigna de quienes entendieron que el modelo capitalista precariza las condiciones de trabajo y de vida de las y los trabajadores para extraer mayor plusvalía y así aumentar su tasa de ganancia. La discriminación y exclusión de la población migrante son funcionales al sistema y aún más cuando se trata de personas sin permisos de residencia que les permitan hacer valer sus derechos.

Los prejuicios, estereotipos y mitos que se reproducen masiva e irresponsablemente incluso a través de medios de comunicación refuerzan las violencias que sufren las personas migrantes. Destacar la nacionalidad de un delincuente si es extranjero y no hacerlo cuando es chileno es criminalizador. Señalar que las personas extranjeras logran tener subsidio de vivienda antes que las personas chilenas es falso, porque en realidad menos del 1% de los subsidios habitacionales del Estado han sido entregados a la población migrante.

Sin visa la desigualdad es mucho mayor. En acceso a educación, solo el 2,7% de la matrícula en la educación superior corresponde a estudiantes extranjeros, de ellos menos de la mitad tiene algún beneficio estudiantil del Ministerio de Educación, una beca o crédito, porque para postular a alguno de estos beneficios, tienen que tener permanencia definitiva o haber cursado los cuatro años de enseñanza media en Chile.

De aprobarse los cambios a la Ley de migraciones, el sello que marcará el estatus de las personas migrantes será la exclusión.