El 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, nos invita a reflexionar sobre la realidad de las personas migrantes en todo el mundo. En Chile, la migración se ha intensificado en los últimos años generando debates sobre los derechos de quienes llegan a esta tierra en busca de un futuro mejor. Y también sobre los aportes y desafíos que la integración de esta migración genera para el conjunto de la sociedad.
En ese sentido una de las herramientas de los estados para un mayor reconocimiento e integración de quienes somos migrantes es la regularización; un tema que hoy está en la agenda nacional, y que no solo debe ser entendido desde un punto de vista del interés del Estado de Chile, sino también desde una perspectiva de justicia social.
La regularización a un número importante de personas migrantes, – que ya fue aplicada por Chile entre 2018 y 2020-, vendría a ser un paso hacia el reconocimiento pleno de nuestros derechos, de nuestra dignidad y de nuestra identidad. Contribuye a que podamos acceder a un trabajo en mejores condiciones; a una mayor seguridad para la iniciativa económica y las inversiones; a la expresión libre de nuestra cultura; a determinados derechos sociales; y a una mejor convivencia. Todo lo cual finalmente se convierte en una retribución económica, social y cultural, en beneficio del país.
Sin embargo, aún cuando apoyamos la regularización, hay una dimensión que se ha invisibilizado en el debate sobre la migración: el racismo estructural y social que enfrentan las personas migrantes afrodescendientes.
Las violencias que vive la población afrodescendiente migrante en Chile no son un tema aislado. Casos como el de Joane Florvil, una mujer haitiana que murió en 2016 después de ser detenida por la policía, o el de Carmen Chávez, quien también sufrió violencia policial y discriminación por no hablar el idioma o tener la piel oscura, son trágicas manifestaciones de un sistema que criminaliza y deshumaniza a las personas racializadas. La migración no es un crimen, el racismo sí lo es.
Por eso estas experiencias de abuso y discriminación no solo son un recordatorio de las condiciones inhumanas a las que se enfrentan los migrantes afrodescendientes, sino también de la falta de políticas públicas antirracistas que verdaderamente garanticen la protección de sus derechos. Esto implica una lucha contra el racismo estructural, contra las prácticas discriminatorias y xenofóbicas que se repiten en cada rincón del país.
Si no se aborda este racismo de manera integral, políticas como la regularización se convierten en un proceso incompleto, sin potencial de transformar las condiciones de vida de las personas afrodescendientes.
Desde el “Kilombo Negrocentricxs”, – organización antirracista y feminista-, luchamos por visibilizar y denunciar el racismo sistemático hacia a las comunidades negras. La violencia contra nuestros cuerpos, las burlas a nuestros cabellos y piel, los prejuicios hacia nuestra cultura, la desvalorización de nuestro intelecto.
Es hora de que el estado de Chile reconozca y actúe frente a la discriminación racial de las personas afrodescendientes. Sin importar nuestro origen, merecemos vivir sin miedo y con las mismas oportunidades. Regularizar la migración sí, pero también el antirracismo en nuestras conciencias.
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