La Corte de Apelaciones de Santiago acogió admisibilidad del recurso de protección presentado por la Corporación Colectivo Sin Fronteras a favor de más de 30 niños y niñas migrantes que no contaban con documentos de identidad de su país de origen.
El recurso de protección fue presentado a inicios de abril ante la Corte de Apelaciones de Santiago en representación de más de 30 niños, niñas y adolescentes migrantes de origen venezolano, que se encuentran impedidos de regularizar su situación migratoria debido a la falta de documento de identidad de su país de origen.
Este recurso se fundamenta en que la actual normativa migratoria establece que la falta de documentos identificatorios no debe ser un obstáculo para que menores de edad puedan regularizar su situación en Chile. Sin embargo, en la práctica, el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) no aprueba las solicitudes de visa, decretando subsanar las solicitudes, o bien, inclusive archivándolas. Actualmente es imposible la obtención de pasaportes para niños y niñas venezolanos ante la carencia de representación diplomática en Chile, situación que conoce el SERMIG.
La Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el recurso y ordenó al Servicio Nacional de Migraciones que, en un plazo de cinco días, informe sobre la situación específica de estos niños y niñas y las razones por las cuales no se procedió a su regularización.
Cabe destacar que esta es la primera acción constitucional que se presenta de manera colectiva para que la Corte de Apelaciones de Santiago se pronuncie sobre el actuar de Migraciones que deja a estos niños y niñas en un limbo jurídico, afectando su acceso a educación, salud y otros derechos fundamentales.
Desde el Colectivo Sin Fronteras señalan que “es urgente que el Estado chileno garantice los derechos de estos niños y niñas, tal como lo establece la ley. La irregularidad migratoria no puede ser una cadena perpetua para menores que huyen de situaciones de vulnerabilidad. Esperamos que el Servicio Nacional de Migraciones cumpla con su deber y regularice su situación sin más dilaciones.»
El caso podría sentar un precedente importante en la protección de los derechos de la infancia migrante en Chile, especialmente en contextos donde la obtención de documentos de origen resulta imposible debido a conflictos, burocracia o abandono institucional en sus países.