Cada 8 de marzo, nos reunimos para denunciar las desigualdades que atraviesan la vida de las mujeres. Sin embargo, en estas conversaciones, a menudo quedan invisibilizadas las experiencias de las mujeres migrantes. En Chile, su acceso al mercado laboral está marcado por la precarización, la violencia institucional y, en muchos casos, la explotación sexual y laboral, a pesar de contar con formación profesional y una gran capacidad de aporte a la sociedad.
Migrar para sobrevivir: una doble barrera
Las mujeres migrantes llegan a Chile buscando mejores condiciones de vida, muchas veces empujadas por crisis económicas, violencia de género o conflictos en sus países de origen. Sin embargo, lejos de encontrar oportunidades equitativas, se enfrentan a múltiples barreras que las colocan en una situación de vulnerabilidad extrema.
Desde los procesos de regularización migratoria hasta la inserción en el mundo laboral, el Estado impone trabas burocráticas y políticas restrictivas que limitan sus posibilidades de acceder a empleos formales. Esto se evidencia en las demoras en la entrega de visas y permisos de trabajo, así como en la excesiva cantidad de requisitos para obtener documentación. Esta situación obliga a muchas mujeres a aceptar trabajos sin contrato, sin acceso a seguridad social y con jornadas extenuantes, perpetuando un sistema de explotación y desprotección.
Como señalan Fuentes, Feddersen y González (2024): “La capacidad de las mujeres inmigrantes para integrarse en el mercado laboral del país de acogida es un factor crítico que definirá su proyecto migratorio” (p. 6). Esto implica que la falta de condiciones dignas de trabajo no solo afecta su estabilidad económica, sino también su salud física y mental, agravando su situación de vulnerabilidad.
Precarización laboral y feminización del trabajo informal
El mercado laboral chileno refuerza una jerarquización en la que las mujeres migrantes quedan relegadas a sectores altamente precarizados, como el empleo doméstico, el comercio ambulante y el cuidado de personas. Estas actividades, aunque fundamentales
para el sostenimiento de la sociedad, han sido históricamente devaluadas y mal remuneradas.
A esto se suma la discriminación por género, nacionalidad y situación migratoria, lo que restringe sus opciones laborales y limita sus posibilidades de denunciar abusos y exigir mejores condiciones. La ausencia de contratos formales y la constante amenaza de despido hacen que muchas trabajadoras soporten salarios indignos, jornadas extenuantes y acoso laboral, sin garantías de protección ni acceso a derechos básicos, como permisos para consultas médicas o trámites migratorios.
En 2011, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el Convenio N° 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, con el objetivo de equiparar sus derechos con los del resto de los sectores laborales. Este convenio promueve principios fundamentales como la libertad de asociación, la eliminación del trabajo forzoso y la lucha contra la discriminación, además de garantizar condiciones laborales dignas y protección efectiva contra la violencia y el acoso.
A pesar de estos avances normativos, en la práctica, las mujeres migrantes continúan enfrentando trabas estructurales que limitan su acceso a un trabajo formal, exponiéndolas a condiciones de explotación que afectan no solo su estabilidad económica, sino también su salud mental.
Violencia institucional y explotación laboral y sexual
Las políticas migratorias restrictivas y la burocracia en la regularización de documentos generan un escenario de vulnerabilidad que es aprovechado por redes de explotación laboral y sexual. Muchas mujeres, especialmente aquellas en situación irregular, son captadas con falsas promesas de trabajo y terminan siendo víctimas de trata de personas, obligadas a desempeñar labores en condiciones que vulneran sus derechos y sufriendo múltiples formas de violencia.
En el caso de la explotación sexual, la estigmatización de las mujeres migrantes como «exóticas» o «hipersexualizadas» contribuye a normalizar el abuso y la violencia. En lugar de brindar protección, las instituciones tienden a criminalizar a las víctimas, dificultando aún más su acceso a la justicia y perpetuando la impunidad de quienes lucran con su explotación.
El 10 de junio de 2019, la OIT adoptó el Convenio N° 190 sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que reconoce que estas agresiones pueden causar daño físico, psicológico, sexual o económico. Este convenio establece la obligación de los Estados de abordar la violencia y el acoso en el ámbito laboral a través de políticas de seguridad y salud en el trabajo, igualdad y no discriminación, y migración. Esto resulta especialmente relevante para las trabajadoras migrantes, quienes enfrentan una mayor vulnerabilidad ante estas formas de violencia.
Impacto en la salud mental de las mujeres migrantes
Las condiciones de precariedad laboral, la discriminación y la violencia institucional tienen un impacto directo en la salud mental de las mujeres migrantes. La ansiedad, la depresión y el estrés postraumático son comunes en quienes han sido víctimas de explotación o han enfrentado largos períodos de incertidumbre respecto a su situación migratoria. Además, la falta de redes de apoyo y el desarraigo agravan su malestar emocional, dificultando su integración y bienestar. No podemos dejar de mencionar un agravante más a esta situación, que es el sistema de salud público chileno, es cual es extremadamente limitado debido a la alta demanda y la escasez de recursos, lo que deja a muchas mujeres sin la posibilidad de recibir el apoyo psicológico necesario.
Un feminismo sin fronteras: el desafío pendiente
Los feminismos no pueden ser ajenos a la realidad de las mujeres migrantes. Luchar por los derechos de las mujeres, implica reconocer también las desigualdades estructurales que las mujeres migrantes enfrentamos y luchar contra la violencia institucional que nos precariza y nos expone a la explotación.
Es urgente que las políticas públicas garanticen derechos laborales, acceso a la regularización migratoria y mecanismos efectivos de protección contra la trata y la explotación. Al mismo tiempo, es fundamental que desde los feminismos se fortalezcan redes de apoyo, visibilizando nuestras luchas y reivindicando feminismos que no excluyan a quienes cruzan fronteras en busca de una vida digna.
Este 8M, la demanda es clara: sin derechos para las mujeres migrantes, no hay justicia feminista posible.