Chile es un país pionero en haber concedido el derecho de sufragio a los residentes extranjeros (para elecciones locales, este derecho ya existía en la Constitución de 1925), según la eminente doctora Victoria Finn, politóloga y ganadora del prestigioso premio (2022) a la «mejor disertación» sobre el tema de «migración y ciudadanía» de la Asociación Estadounidense de Ciencias Políticas.
Por lo tanto, la reciente propuesta del presidente Gabriel Boric tiene como efecto anular este logro histórico, derecho constitucional y pacto internacional: restringir el derecho al voto de las personas migrantes a nivel nacional, poner trabas burocráticas a nivel local y departamental. Esto ha generado un debate sobre el impacto de esta medida en la democracia y el compromiso chileno. Bajo un paquete de reformas al sistema electoral, Boric ha sugerido limitar la participación de los migrantes en las elecciones, restringiéndolos a votar únicamente en elecciones municipales y plebiscitos comunales, así como exigir antecedentes penales del país de origen recientes. Este tipo de reforma podría poner en peligro uno de los pilares fundamentales de la democracia chilena y de los derechos humanos: el derecho de los grupos minoritarios a la elección y al sufragio.
Reformas Propuestas por el Gobierno
El paquete de reformas presentado por el gobierno de Boric incluye varias medidas que limitan la participación electoral de los migrantes. Entre ellas se encuentra la propuesta de que los migrantes solo puedan votar en elecciones municipales y plebiscitos comunales, quedando excluidos de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Esta reforma también incluye la exigencia de un certificado de antecedentes penales del país de origen para ser incluido en el padrón electoral, lo que, según expertos, podría resultar en una barrera burocrática discriminatoria, excluyendo a muchos migrantes que no pueden obtener dicho documento fácilmente.
La reforma del gobierno también sugiere que los migrantes que están en el Padrón Electoral del Extranjero sean exceptuados de la multa por no votar, mientras que otros extranjeros serían multados si no ejercen su derecho al sufragio. Estas medidas, aunque presentadas como reformas para «ajustar» el sistema, podrían generar un efecto que marginaría aún más a las personas migrantes de la política chilena y pondría en duda el compromiso internacional de Chile con los derechos políticos universales.
La Reforma de Boric versus el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos
El Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) es un tratado fundamental que protege los derechos civiles y políticos de todas las personas, independientemente de su nacionalidad. Chile ratificó este pacto en 1972, comprometiéndose a respetar y garantizar los derechos establecidos en él. En particular, el artículo 25 del PIDCP establece el derecho de todos los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes elegidos, y a tener acceso a funciones públicas en su país.
El pacto reconoce la importancia del sufragio como un derecho fundamental de participación en los procesos democráticos. En este contexto, restringir el voto migrante podría ser interpretado como una violación de este derecho, ya que se estaría excluyendo a un grupo significativo de personas que residen en el país y que contribuyen a su desarrollo en distintas áreas.
Además, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, encargado de interpretar el Pacto, ha señalado en varias ocasiones que las restricciones al voto deben ser excepcionales y justificadas de manera sólida y razonable. La exclusión de las personas migrantes del derecho a votar en las elecciones nacionales no parece estar debidamente fundamentada en el marco de los derechos humanos, ya que los migrantes contribuyen activamente al bienestar del país y deben tener voz en las decisiones que afectan su vida en Chile.
Contribución de los Migrantes en Chile
Los migrantes en Chile representan alrededor del 5% del total del electorado, lo que equivale a más de un millón de personas. La migración ha sido una de las principales fuerzas transformadoras de la sociedad chilena en las últimas décadas. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población migrante ha experimentado un aumento constante, principalmente de nacionales como venezolanos, peruanos, haitianos y colombianos. En el ámbito económico, los migrantes contribuyen significativamente al Producto Interno Bruto (PIB), con un aporte estimado de un 4,7%, especialmente en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios.
Además, los migrantes en Chile representan una fuerza laboral joven, con un 77% de ellos en el rango de edad de 18 a 44 años. Este grupo no solo contribuye con mano de obra, sino también con la diversificación cultural en el país, enriqueciendo la identidad chilena. El voto migrante es una extensión de su participación en la construcción social, cultural y económica de Chile, y su exclusión de la esfera política socavaría ese aporte integral.
Inclinación política: Los migrantes también tienen el derecho a la libertad de elección
Una de las posibles razones que analizan los politólogos y sociólogos de la decisión del gobierno de Boric para limitar el voto migrante tiene que ver con la percepción de que muchos migrantes, especialmente los de origen venezolano y peruano, podrían inclinarse hacia opciones políticas de «derecha». A título de ejemplo, un estudio reciente de Panel Ciudadano-UDD sobre las preferencias de voto de los inmigrantes ratifica esta preocupación, al mostrar que un 62% de los extranjeros con derecho a voto respaldaría las candidaturas de derecha.
Sin embargo, diversos estudios, como los realizados por la Clínica Jurídica de Migrantes de la Universidad de Chile y las encuestas de Cadem, revelan que una parte significativa de los migrantes tiene preocupaciones asociadas a la seguridad, el empleo y el orden, que suelen ser temáticas prominentes en las agendas de los partidos de derecha. Por eso, se ha observado que, debido a sus experiencias de inestabilidad en sus países de origen, los migrantes podrían sentirse más atraídos por propuestas conservadoras en temas como seguridad y control de la migración.
No obstante, esta inclinación hacia la derecha no es absoluta ni homogénea. La realidad política de los migrantes es diversa, y muchos de ellos también han mostrado un apoyo significativo a partidos y propuestas progresistas, especialmente aquellas relacionadas con la integración social, la equidad y los derechos humanos. Por lo tanto, la relación entre un migrante y su inclinación política es compleja, y usarla como justificación para restringir su derecho al voto es una simplificación que ignora la pluralidad dentro de este sector, además de violar sus libertades de elegir las propuestas que les convienen.
Alternativas Progresistas para Conquistar el Voto Migrante
Aunque el gobierno de Boric teme que el voto migrante favorezca a la nueva derecha, restringir este derecho no sería la solución. En lugar de excluirlos, Boric podría adoptar un enfoque más inclusivo y progresista que busque integrar a los migrantes en la agenda política durante el poco tiempo que le queda. Esto podría incluir medidas como la propuesta de leyes y promoción de políticas públicas que favorezcan la inclusión social, la igualdad de derechos laborales, el acceso a la educación y a servicios de salud de calidad, y la defensa de los derechos humanos. De esta manera, el gobierno podría ganar la confianza y el apoyo de los migrantes, para así generar un compromiso más amplio con su proyecto progresista.
El gobierno también podría trabajar en la creación de mecanismos para que los migrantes se sientan más representados, promoviendo su participación activa en los espacios políticos con financiamiento de sus proyectos sociopolíticos (dado que se están debilitando sus mayores financiadores internacionales con la toma de poder de la nueva derecha en Estados Unidos). Así, en lugar de excluirlos, se fortalecería la democracia, incorporando a este sector como un actor importante en las decisiones políticas.
El mal uso de la ideología política amenaza la democracia local y regional
El uso de ideologías políticas como justificación para restringir derechos fundamentales, como el voto, puede tener consecuencias peligrosas tanto en el ámbito nacional como internacional. El voto migrante es un derecho universal que no debe depender de la inclinación política de un sector de la población ni del gobierno de turno. Excluir a las personas migrantes en las decisiones más importantes del país no solo es una violación de los principios democráticos, sino que también pone en peligro el cumplimiento de los compromisos internacionales de Chile en materia de derechos humanos.
Como hemos visto a lo largo de la historia, cuando la ideología se antepone a los derechos humanos y a la democracia, se corre el riesgo de generar una crisis política y social. Además, las decisiones que limitan el derecho al voto de los migrantes pueden tener repercusiones internacionales, ya que organismos internacionales podrían condenar a Chile por incumplir sus compromisos bajo el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.
Conclusión
La ideología política no debe ser utilizada como justificación para restringir derechos fundamentales, como el voto, de ningún grupo social. El voto migrante es una extensión del derecho de todos los habitantes de Chile a participar en los procesos democráticos del país. Restringir este derecho sería no solo un retroceso en términos democráticos, sino también una violación de los compromisos internacionales asumidos por Chile, particularmente en lo que respecta al Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. En lugar de excluir a los migrantes, Boric debería buscar estrategias políticas inclusivas que promuevan la justicia social y respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos, independientemente de su origen. Es un momento político adecuado para conquistar a los migrantes que están siendo afectados por la política americana y global de la nueva derecha.
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