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Niñez y adolescencia migrante

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16 enero, 202512 febrero, 2025
Niñez y adolescencia migrante

Trabajo realizado para la Especialización en Migración y Asilo desde una Perspectiva de los Derechos Humanos. Universidad Nacional de Lanús

Autores: Erica Svriz (psicóloga) Coordinadora Nacional de RATT. Chile y Diego Di Pasquale (abogado)

Profesores: Pablo Ceriani Cernadas y Pablo Asa

Según UNICEF, un niño, niña o adolescente migrante es aquel “que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional, fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente de su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento, las causas del desplazamiento o la duración de su estancia”.

Por su parte, el Grupo Interinstitucional sobre los Niños en Movimiento, formado en 2011, los define como “niños que se mueven por una variedad de razones, voluntaria o involuntariamente, dentro o entre países, con o sin sus padres u otros cuidadores principales, y cuyo movimiento, si bien puede generar oportunidades, también podría ponerlos en riesgo (o en un mayor riesgo) de explotación económica o sexual, abuso, abandono y violencia”. Si bien estas definiciones apuntan directamente al desplazamiento, en el contexto de la migración internacional existen otras categorías de niñez y adolescencia cuyas vidas se ven afectadas por este fenómeno. Según Ceriani et al. (2014), en principio es posible distinguir cinco categorías de NNA afectados por la migración y las políticas para regular la movilidad internacional y los derechos de las personas migrantes:

i) niños, niñas y adolescentes que permanecen en su país de origen; ii) niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados; iii) niños, niñas y adolescentes que migran con sus padres; iv) niños, niñas y adolescentes nacidos en destino, y v) niños, niñas y adolescentes retornados.

i) Niños, niñas y adolescentes que permanecen en su país de origen: se trata de “niños criados en sus países de origen o en sus países de residencia habitual, que han sido dejados atrás por inmigrantes adultos responsables de ellos” (UNICEF, s. f., p. 1). Uno o ambos padres pueden dejar a sus hijos con familiares, amigos, la comunidad en general, una institución de cuidado infantil o solos. Dejar a los niños en un país de origen, por períodos cortos o prolongados, es común, particularmente en países con migración estacional debido a la agricultura.

ii) Niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados: “son aquellos que han sido separados de ambos padres y otros parientes, y [que] no estén bajo el cuidado de un adulto que, por ley o costumbre, deba hacerlo”. En cambio, “los ‘niños separados» han sido separados de ambos padres, o de su anterior cuidador principal legal o habitual, pero no necesariamente de otros parientes. Estos pueden incluir niños acompañados por otros miembros adultos de la familia” .

ii) Niños, niñas y adolescentes que migran con sus padres: “son aquellos NNA que se movilizan a través de las fronteras internacionales junto con sus padres (o tutores) o uno de ellos” .

iv) Niños, niñas y adolescentes nacidos en destino: “niños que nacen en el país en el que residen sus padres. Según el criterio que rige en ese país y en el de origen (ius sanguinis o ius soli), pueden tener la nacionalidad de sus padres y| o la nacionalidad del país de destino”.

v) Niños, niñas y adolescentes retornados: “son NNA migrantes o nacidos en el país de destino de padres migrantes, que regresan a su país de origen (o el de sus padres), solos o acompañados, de forma voluntaria o como consecuencia de un procedimiento de deportación o repatriación”.

La situación en Chile

El Estado de Chile ha demostrado una gran deficiencia en la transmisión de información, transparencia y atención a las comunidades migrantes para que éstas conozcan cuáles son sus derechos, pero también en la identificación de necesidades de protección especial y apoyo en procesos de reunificación familiar”, analizan los autores del estudio.

Los resultados del informe “Niñez migrante y sus derechos en contexto de ingreso irregular” dan cuenta de la situación de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes con ingreso irregular en Chile, evidenciando la ineficiencia de las políticas públicas atingentes en el país y la necesidad de su regularización.

De acuerdo con el estudio, elaborado por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, en conjunto con la Corporación Colectivo Sin Fronteras en el marco de la campaña “Por una Niñez con Derechos Sin Fronteras”, la normativa vigente en Chile relativa a personas migrantes, no está acorde a los estándares de respeto a los Derechos Humanos que el país debe resguardar.

El informe se basa en 603 entrevistas telefónicas relacionadas con el mismo número de niños, niñas y adolescentes, bajo la responsabilidad de 373 personas adultas entrevistadas, que fueron contactadas entre los meses de mayo y julio del año 2021.

Los hallazgos derivados del proceso de investigación están destinados a contribuir en el reconocimiento de la necesidad de protección de los NNA en situación de migración irregular y sus familias, exigiendo a su vez la respuesta de quienes cumplen el rol de garantes de derechos.

Según sus resultados, más de la mitad de los NNA se concentra en las regiones urbanas populares del área metropolitana de Santiago (49,7%) y Valparaíso (7%). El segundo grupo con la mayor proporción se concentra en las regiones fronterizas con Bolivia y Perú (15,1%): Arica y Parinacota (5,1%), Antofagasta (5,7%) y Tarapacá (4,3%).

Respecto a su nacionalidad, 475 personas son provenientes de Venezuela (78,8%), el 21,2% restante está conformado predominantemente por NNA de nacionalidad peruana, con 51 casos que representan el 8,5% y de nacionalidad boliviana, con 26 personas que suponen el 4,3%.

La nacionalidad del resto de los NNA cuyos casos han sido analizados, se distribuye entre 15 personas de nacionalidad colombiana (2,5%), 11 dominicanas (1,8%), 10 ecuatorianas (1,7%), siete de nacionalidad cubana (1,2%), dos de nacionalidad brasileña (0,3%) y una haitiana (0,2%); con cuatro casos en que la nacionalidad no ha podido ser determinada a través de la entrevista (0,9%). Salvo la niña de Haití, los datos reflejan la predominancia del español como idioma materno de los NNA migrantes.

De acuerdo a los/las autoras del informe, un aspecto relevante descubierto gracias al estudio es la juventud de las madres, padres y adultos responsables de los NNA migrantes con otras relaciones de parentesco, con el límite inferior en los 19 años y el superior en los 63, con una edad promedio de 33,14 años y una edad mediana situada en los 33 años.

Este es un importante aspecto para el estudio, ya que “si se les incluyera en el proceso de regularización, podrían contribuir al desarrollo económico del país, a través de su incorporación al mercado laboral en condiciones formales resguardando sus derechos laborales y aportando la previsión social y de salud correspondientes”, observan.

Además, 72,8% de los niños y niñas tienen menos de 12 años, y 27% de los casos analizados guardan relación con adolescentes entre los 12 y los 17 años, con 0,2% correspondiente con un caso de una adulta de 18 años de edad o más.

“Las niñas menores de 12 años representan la mayoría del grupo estudiado”, detallan desde la Coordinadora, lo cual “da cuenta de un grupo altamente vulnerable por su condición migratoria, edad y género, lo que hace más urgente la intervención en materia de resguardo de sus derechos”.

Sobre sus padres o adultos acompañantes, 379 son madres (83,3%) y 55 son padres (12,1%). 95,4% de los NNA analizados para el informe son hijas o hijos, 1,8% son nietas o nietos, 1% hermanas y hermanos, 1,3% son sobrinas o sobrinos, y 0,5% son hijastras o hijastros.

Respecto a las motivaciones para emprender el proceso migratorio, por vez mencionada durante las entrevistas, en 39,3% de los casos los adultos responsables de los NNA argumentaron que la situación económica en sus países de origen los impulsó a emigrar. A continuación, se sitúan la situación de salud y la situación educativa, con un 20% y un 17,1% del total de menciones, respectivamente.8,7 puntos porcentuales (pp) por debajo, está la inseguridad ciudadana como el cuarto problema nacional que deviene en razón para decidir emigrar. Finalmente, la persecución política (6,1%), la situación política a nivel nacional en el país de origen (3,5%) y el reencuentro familiar (2,3%), cierran el grupo de razones que concentran el 96,8% del total de menciones por parte de las y los entrevistados.

En relación al acceso a salud y educación de los niños, niñas y adolescentes, los resultados del informe dan cuenta de “distintas condiciones de alta vulnerabilidad”, según sus autores, considerando que la mayor parte de ellos no está inscrito en ningún Centro de Salud Familiar (Cesfam), no contando con previsión de salud (51,74%).

Al respecto, 11.44% padece de enfermedades crónicas, enfermedades infecciosas agudas o presentan algún tipo de discapacidad, siendo el asma la enfermedad más prevaleciente entre ellas, con 54,4% de los casos. Así también, 29.52% de los NNA requieren en la actualidad de tratamientos médicos, 26% dispone de algún informe médico que da cuenta de su estado de salud, y 5% necesita alguna intervención quirúrgica.

Desde que llegaron a Chile, arguyen que 57% no ha tenido apoyo en el ámbito de salud; de quienes sí lo han recibido (43%), este se ha dado mayoritariamente, desde los Cesfam (73,7%). Por otra parte, a nivel de salud mental, un porcentaje muy menor (8%) de los NNA ha recibido algún tipo de atención psicológica, la que en su mayoría, ha procedido desde redes de atención pública, principalmente de los establecimientos educativos (51,1%), seguido de los Cesfam (34%).

Para la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, estos resultados reflejan una “severa vulnerabilidad configurada principalmente por la mayoritaria exclusión del sistema de salud, exclusión que se genera pese a la vigencia de la normativa existente para el resguardo del acceso al sistema de salud pública de NNA migrantes y de sus familias”.

Sobre el nivel educacional de los niños, niñas y adolescentes, solo 72% de ellos y ellas se encuentran con matrícula en algún establecimiento educacional. Incluso, entre los menores de siete años, la matrícula no alcanza a la mitad de ellos (45%).

La causa principal de no encontrarse inscritos en establecimientos educacionales es no tener vacante (26,3%), seguido de quienes aún no habían buscado matrícula (13,2%) y no tenían información o el niño(a) tenía menos de seis años (11,4%). Respecto a su certificación de estudios, 31,8% cuenta con el documento original y válido para su país, y un porcentaje muy menor cuenta con sus certificados legalizados (4%), teniendo a casi otro tercio de ellos (27%) que no dispone de certificado de estudios.

Según demuestran estas cifras, “continúan persistiendo las problemáticas educativas que aluden a las diferentes barreras para la inclusión educativa: un débil sistema educativo y dificultades de inserción escolar en la educación pública y falta de acceso a la información”.

Finalmente, frente a estos resultados, los autores del estudio aseguran que las comunidades inmigrantes “continúan siendo un sector de la población que tradicionalmente ha sido invisibilizado de manera sistemática a nivel normativo, como por las políticas públicas y sistemas de protección social”.

“Contrario a ello, la ampliación y universalización de los sistemas de protección social a través de las Agendas, Pactos y Tratados Internacionales y Multilaterales, suponen el atender las necesidades específicas de todos los segmentos poblacionales, asegurando los niveles básicos y universales en cuanto a bienestar y goce de derechos, situación que no ocurre con una parte importante de la población migrante en Chile”, aseguran.

Respecto a esta desigualdad social, los ejes que la estructuran se determinan por su condición migratoria irregular, el carácter cuasi forzado o involuntario de sus migraciones, enmarcadas en motivaciones que se suponen primordiales para garantizar la subsistencia.

“El Estado de Chile ha demostrado una gran deficiencia en la transmisión de información, transparencia y atención a las comunidades inmigrantes para que estas conozcan cuáles son sus derechos, pero también en la identificación de necesidades de protección especial y apoyo en procesos de reunificación familiar”, añaden.

Las vulneraciones a la población migrante, fue aumentando estos últimos años en Chile, provocando mayor racismo y xenofobia. Recientemente el Ministerio del Interior propuso algunas modificaciones en la Ley 21.325 “Ley de migración y extranjería”, estas modificaciones centradas en un enfoque punitivista vulneran aún más los derechos de la población migrante. En lo que hace referencia a los/las niños, niñas y adolescentes las propuestas de modificación son:

El artículo 28 elimina el principio de protección basado en el interés superior del niño, abriendo la posibilidad de expulsar a niños, niñas y adolescentes no acompañados en un plazo de 24 horas, sin brindar garantías sólidas para salvaguardar sus derechos. Además, dichas modificaciones solicitan prioridad para la matrícula escolar de menores nacionales por sobre los niños y niñas migrantes, afectando directamente su acceso a la educación.

La Declaración de Los Ángeles

La Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles se lanzó en la Cumbre de las Américas de Los Ángeles, California, en junio de 2022, y pretende movilizar a toda la región en torno a acciones valientes que transformen nuestro enfoque de la gestión de la migración en las Américas.

Con esta Declaración, los países de las Américas reconocen la necesidad urgente de trabajar de forma colaborativa para proteger la dignidad, la vida y los derechos humanos de todos los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y apátridas, independientemente de su estatus migratorio.

La Declaración de Los Ángeles se organiza en torno a cuatro pilares claver y once paquetes de acción:

  1. Promover la estabilidad y la asistencia para las comunidades de destino, origen, tránsito y retorno
  2. Promover vías regulares para la migración
  3. Promover una gestión humana de la migración
  4. Promover una respuesta de emergencia coordinada

Para implementar la Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles, los países se comprometieron a coordinar a nivel regional la gestión de la migración para proporcionar una atención y un acceso a la protección eficaces y adecuados a los refugiados y migrantes. Los países adherentes acordaron un plan de implementación acorde con el proceso que siguió el presidente Obama de Estados Unidos en la Cumbre de Seguridad Nuclear de 2016.

Se seleccionaron coordinadores especiales a alto nivel de cada país adherente para ayudar a liderar este proceso. En la primera Reunión de Coordinadores Especiales en Washington D. C. En 2022, los países identificaron once áreas de acción (denominadas «paquetes de acción») que se enmarcan en los pilares de la declaración. Luego, los países adherentes se ofrecieron de forma voluntaria a liderar comités para que se reunieron y generarán compromisos políticos comunes. Estos comités de «paquetes de acción» implementan la Declaración de Los Ángeles.

Los países adherentes se reunieron a nivel de Ministros de Relaciones Exteriores en la primera Reunión Ministerial sobre la Declaración de Los Ángeles en Lima, Perú, en octubre de 2022, para refrendar el proceso de implementación, informar sobre progresos y anunciar compromisos adicionales.

Los ministros de los países adherentes también confirmaron su liderazgo y participación en los once comités de paquetes de acción. Se puede acceder a las mismas con un clic en los cuatro pilares que figuran a continuación.

Hasta la fecha, 22 países se han adherido a la Declaración.  La Declaración está basada en los esfuerzos y compromisos internacionales existentes y promueve la visión establecida en el Pacto Mundial sobre los refugiados y en el Pacto por una Migración Segura y Regular.

Pilar 1: Estabilidad y asistencia para las comunidades

  1. Integración y apoyo a las comunidades receptoras:
     Líder: Chile
     Participantes: El Salvador, Honduras, Ecuador y Guyana
  2. Protección temporal y regularización:
         Líder: Colombia
     Participantes: Ecuador, El Salvador y Haití
  3. Financiamiento internacional para países que reciben a migrantes:
     Líder: Ecuador
     Participantes: Chile, Colombia, Honduras, Guyana, Perú y Estados Unidos

Pilar 2: Vías regulares para la migración y la protección internacional.

  • Movilidad laboral:
     Líder: México
     Participantes: Haití, Estados Unidos, El Salvador y Guatemala
  • Invertir en el asilo:
     Líder: Canadá
     Participantes: Costa Rica y Haití
  • Reasentamiento de refugiados:
     Líderes: Canadá y Guyana
     Participantes: México, Uruguay y Estados Unidos
  • Reunificación familiar y vías alternativas para la migración:
     Líder: El Salvador
     Participantes: Haití, México y Guatemala

Pilar 3: Gestión humana de las migraciones

  • Medidas contra el contrabando y la trata de personas:
     Líder: Estados Unidos
     Participantes: Argentina, El Salvador, Colombia, Guatemala, Paraguay, Panamá y Guyana
  • Retorno y reintegración:
     Líder: Guatemala
     Participantes: Haití y El Salvador
  • Alineación de los estándares sobre visado y viajes:
     Líderes: Paraguay y Perú
     Participantes: Estados Unidos y Paraguay
  • Combate a la xenofobia:
     Líder: Perú
     Participantes: Argentina y México

Bibliografía:

  • Informe sobre realidad de la niñez migrante en Chile revela ineficiencia de políticas públicas y vulneraciones de derechos. 30 Ago, 2021.
  • “Niñez y adolescencia migrante en Chile” Estimación de población Análisis a partir de la estimación de personas extranjeras residentes en Chile al 31 de diciembre de 2021.

Conclusión y Recomendaciones

La situación de la niñez migrante en Chile plantea desafíos urgentes que requieren una respuesta coordinada y sostenible por parte del Estado, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general. Aunque la legislación chilena reconoce ciertos derechos para los niños, niñas y adolescentes migrantes, persisten importantes vacíos y contradicciones que limitan su aplicación efectiva. Estas limitaciones exponen a la niñez migrante a situaciones de vulnerabilidad, como la discriminación, la falta de acceso a servicios básicos y el riesgo de violencia y explotación.

Es imperativo que el Estado chileno avance hacia un modelo de protección integral de la niñez migrante, fundamentado en los principios de no discriminación, interés superior del niño y participación activa de las infancias. En este sentido, es esencial implementar programas de capacitación obligatoria para todos los funcionarios/as públicos que interactúan con niños, niñas y adolescentes migrantes. Estas capacitaciones deben estar orientadas a la comprensión de los derechos de la niñez, los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y los protocolos adecuados para atender a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, es crucial fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional entre los diferentes niveles de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. Solo a través de una respuesta articulada y multidisciplinaria se podrán abordar integralmente las necesidades de los niños, niñas y adolescentes migrantes, garantizando su acceso a educación, salud, justicia y protección social.

Otro aspecto indispensable es el establecimiento de un sistema de monitoreo y evaluación de las políticas públicas dirigidas a esta población. Este sistema permitiría identificar brechas en la atención y ajustar las intervenciones de manera oportuna, asegurando que las estrategias implementadas sean efectivas y alineadas con los estándares internacionales.

La participación activa de las organizaciones de la sociedad civil también debe ser promovida y reconocida como un componente fundamental en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas dirigidas a la niñez migrante. Estas organizaciones aportan perspectivas valiosas basadas en su experiencia en terreno, lo que enriquece el diseño de las intervenciones y facilita su implementación efectiva.

En un contexto más amplio, es esencial situar la problemática de la niñez migrante en Chile dentro de un marco internacional. Los estándares establecidos por tratados internacionales de derechos humanos, así como las buenas prácticas implementadas en otros países, ofrecen una guía útil para la mejora de las políticas locales. Además, es necesario adoptar una perspectiva de género al analizar la situación de las niñas y adolescentes migrantes, quienes enfrentan riesgos específicos de violencia y discriminación.

Finalmente, debe reconocerse y valorarse los aportes culturales que los niños, niñas y adolescentes migrantes pueden realizar al país de destino, promoviendo el respeto por sus identidades, tradiciones y culturas. Esto no solo favorece su integración en la sociedad de acogida, sino que también enriquece la diversidad cultural del país.

La implementación de estas medidas contribuirá significativamente a garantizar un sistema de protección integral y efectivo para los niños, niñas y adolescentes migrantes en Chile, promoviendo una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. Solo mediante una acción conjunta, comprometida y basada en principios de equidad se podrá garantizar un futuro en el que todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de su nacionalidad, encuentren un entorno seguro y pleno para desarrollarse.

Bibliografía