La crianza de los niños y niñas es una tarea colectiva en muchas culturas afrodescendientes, originarias y migrantes. En comunidades como Venezuela, Colombia y Haití, por ejemplo, es común que los vecinos jueguen un papel crucial en el cuidado y protección de los menores cuando los padres deben ausentarse para trabajar o realizar algunas diligencias. Sin embargo, esta práctica, profundamente arraigada en valores comunitarios y solidarios, también afroindígena, se enfrenta a grandes desafíos al llegar a un país como Chile, donde predomina una cultura diferente y la institucionalidad tiende a interpretar estas dinámicas desde un prisma de negligencia o abandono parental.
En respuesta a esta desconexión cultural y a las dificultades que enfrentan las familias migrantes en condiciones de vulnerabilidad social y afrodescendientes, surge el proyecto “Colectivamente Protegid@s”. Esta es una iniciativa busca empoderar a niños y niñas a partir de los 9 años, enseñándoles habilidades de autonomía, supervivencia y seguridad en casa. Este programa también pretende combatir el racismo estructural y la criminalización directa de las familias migrantes, promoviendo un modelo de crianza que responsabilice colectivamente a la sociedad chilena.
Un análisis socio-cultural: la protección infantil en Chile desde una perspectiva colectiva
En las comunidades afrodescendientes y migrantes la crianza de las y los niños trasciende los límites del hogar. Es común que vecinos(as), amigos(as) y familiares asuman roles activos en la protección y cuidado de los(as) menores, replicando modelos ancestrales de solidaridad comunitaria. En países como Haití, Colombia y Venezuela, este enfoque colectivo es visto como una red de apoyo esencial para familias que enfrentan vulnerabilidades económicas o laborales.
Sin embargo, al llegar a Chile, estas dinámicas suelen ser mal interpretadas. Dejar a un niño bajo el cuidado de un vecino o vecina puede llevar a acusaciones de “abandono”, “irresponsabilidad” o “negligencia” parental, ignorando las barreras socioeconómicas y culturales que enfrentan estas familias. Según el Observatorio Migrante de Chile, más del 70% de las familias migrantes trabajan en sectores precarizados, con jornadas extensas y salarios bajos, lo que limita su acceso a servicios de cuidado infantil.
Además, los sistemas de protección infantil en Chile, aunque pueden estar bien intencionados, a menudo aplican criterios que no consideran las diferencias culturales. Esto perpetúa estigmas racistas y/o xenófobas hacia las familias migrantes y/o afrodescendientes, reforzando un salvadurismo institucional que los señala como “incapaces” de criar a sus hijos(as) de manera adecuada.
Un análisis legal: la protección infantil en Chile desde una perspectiva de derechos humanos
Desde el punto de vista jurídico, Chile ha avanzado en la protección de los derechos de los niños(as) con la Ley 21.430, que establece garantías ampliadas para la niñez. Sin embargo, el enfoque sigue siendo individualista, responsabilizando exclusivamente a los padres, sin considerar las redes comunitarias como parte del sistema de protección.
La Convención Sobre los Derechos de la Niñez, ratificada por Chile hace más de 30 años, establece que los Estados deben garantizar que todas y todos los niños vivan en un entorno que promueva su desarrollo integral, incluyendo el apoyo a las familias. En este sentido, “Colectivamente Protegid@s” no solo cumple con estándares internacionales, sino que también ofrece una oportunidad para que Chile (re)configure su sistema de protección infantil desde una perspectiva inclusiva, colectiva y antidiscriminatoria.
Un análisis socio-etnicoracial: la protección infantil en Chile desde una perspectiva integral y antirracista
La protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes afrodescendientes en Chile requiere un enfoque transformador, que aborde las múltiples vulneraciones que enfrentan desde una perspectiva integral y antirracista. Como se detalla en varios informes, las problemáticas que afectan a este grupo incluyen el “salvadurismo” institucional de menores migrantes afrodescendientes, la falta de protocolos con enfoque intercultural adecuados para la reunificación familiar, y un sistema legal que prioriza la separación de las familias antes que su fortalecimiento (INE, 2022).
? Salvadurismo y Sesgo Institucional
Los casos documentados en varios informes sociales muestran cómo el sistema tiende a separar a los menores migrantes afrodescendientes de sus familias sin investigar adecuadamente alternativas dentro de su red familiar. Ejemplos como el de Catherine Florestal (Nombre ficticio — Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada), una madre haitiana acusada falsamente de abandono de su hijo, destacan la falta de traductor y la inexistencia de representación jurídica adecuada, lo que resulta en procesos judiciales largos y llenos de sesgos racistas (Michel-Ange Joseph, 2022). Este patrón no sólo viola los derechos fundamentales de las y los niños, sino que perpetúa prácticas discriminatorias hacia las familias afrodescendientes, migrantes y refugiadas, lo que reitera la tipificación de la violencia en los modelos de crianza en las familias afrodescendientes y no hispanohablantes.
? La orientación familiar y la justicia lingüística como urgencias
La orientación familiar de las personas migrantes, refugiadas y afrodescendientes, especialmente haitianas, enfrenta obstáculos como la falta de traductores calificados en los procedimientos legales y la ausencia de apoyo sociocultural con enfoque interseccional. A pesar de que los estándares internacionales exigen garantizar la unidad familiar y el derecho a la vida familiar sin discriminación, en la práctica las familias migrantes, refugiadas y afrodescendientes son tratadas de manera desigual desde distintos antecedentes institucionales. Además, se destaca la peligrosidad de recurrir a «niños traductores» en contextos sensibles como hospitales, servicios sociales o procedimientos judiciales. Esta práctica no solo puede afectar psicológicamente a los menores al exponerlos a situaciones complejas y emocionalmente cargadas, sino que también carece de la responsabilidad legal necesaria que un traductor adulto y calificado debería tener. Los niños son niños, no trabajadores lingüísticos. En este contexto, se subraya la necesidad de adoptar un enfoque de justicia lingüística que elimine las barreras idiomáticas y fomente una defensa efectiva para estos menores. El análisis subraya la necesidad de adoptar un enfoque de justicia lingüística que elimine las barreras idiomáticas y fomente una defensa efectiva para estos menores. (Michel-Ange Joseph, 2023).
? Educación y discriminación
En el ámbito educativo, el 6,6% de los estudiantes del sistema escolar en Chile son extranjeros, y un 30% de ellos son niños, niñas y adolescentes migrantes (MINEDUC, 2022). Sin embargo, las estadísticas muestran que persiste una brecha significativa en el acceso a la educación para las niñas afrodescendientes, además de un aumento en las denuncias de discriminación racial hacia estudiantes migrantes. En 2018, la Superintendencia de Educación recibió 15.017 denuncias por discriminación hacia estudiantes migrantes (Superintendencia de Educación, 2022). Estas dinámicas refuerzan las desigualdades y limitan el desarrollo pleno de los menores en un entorno inclusivo.
? Hacia un enfoque antirracista e integral
Para garantizar la protección integral de los niños y niñas migrantes y afrodescendientes en Chile, se propone la adopción de enfoques basados en derechos humanos, interculturalidad, género y justicia lingüística. Un enfoque integral reconoce las múltiples formas de discriminación que enfrentan los menores y promueve intervenciones sensibles al contexto. Esto incluye garantizar traductores calificados en audiencias legales, capacitación en enfoque intercultural para funcionarios públicos y la promoción de políticas públicas inclusivas que prioricen la unidad familiar y el interés superior del niño (Michel-Ange Joseph, 2023).
¿Por qué Chile necesita un programa como “Colectivamente Protegid@”?
El proyecto “Colectivamente Protegid@” propone una capacitación integral para niños y niñas, abordando temas como primeros auxilios, ciberseguridad, manejo de emergencias y autodefensa. Inspirado en el modelo canadiense “Prêts à rester seuls”, busca preparar a los(as) menores(as) para afrontar situaciones de riesgo, fomentando su autonomía y reduciendo la dependencia de servicios externos que muchas familias no pueden costear.
Además, el proyecto “Colectivamente Protegid@s”, busca empoderar a las familias y a las comunidades para que asuman un rol activo en la protección de la niñez, mientras se responsabiliza al Estado y a las instituciones por su papel en la eliminación del racismo estructural y la exclusión social.
La implementación de este programa en Chile, no sólo abordaría una necesidad urgente de las comunidades migrantes, sino que también traería beneficios sociales y económicos significativos:
- Reducción del gasto público y desarrollo económico familiar: Al empoderar a los niños, niñas, adolescentes, y prevenir situaciones de riesgo, se disminuiría la carga sobre los servicios de emergencia y las instituciones de protección infantil y esto facilitará la inclusión laboral, para una independencia financiera de las familias sobre todo monoparentales.
- Inclusión sociocultural: Promover un enfoque antirracista y culturalmente sensible permitiría a las instituciones estatales entender y respetar las dinámicas de crianza de las comunidades migrantes, refugiadas y afrodescendientes.
- Fortalecimiento del tejido social: Fomentar una crianza compartida entre el estado, las comunidades y las familias reduciría tensiones y prejuicios, construyendo puentes entre diferentes culturas.
Un llamado a la acción: Un proyecto que ya está en fase piloto y consultivo
El proyecto “Colectivamente Protegid@s” se encuentra en su fase piloto y consultiva, liderado por la Fundación CIJYS (Cónclave Investigativo de Ciencias Jurídicas y Sociales). Esta iniciativa busca involucrar a actores clave como la OIM, ACNUR, ONUMUJERES, UNESCO, la Cruz Roja y los gobiernos locales municipales, para discutir sobre su implementación.
En esta primera etapa, ya se están organizando varios talleres para mujeres migrantes sobre temas como violencia de género, derechos sociales, económicos y culturales, marentalidad positiva y resiliencia. En el último módulo de estos talleres, dirigido a personas adultas, se abordarán cuestiones críticas como la responsabilidad colectiva en la protección de la niñez, el racismo institucional hacia los menores, el salvadurismo de las autoridades responsables de la infancia, y la violencia racista y xenófoba colectiva. Además, estos padres serán integrados en la fase piloto del proyecto para enriquecer su desarrollo.
La incorporación de un programa como “Colectivamente Protegid@s” no es solo una medida práctica para mejorar la seguridad infantil, sino también un acto de justicia social y una acción concreta ante para disminuir el racismo institucional y el micro racismo. Las familias migrantes, refugiadas y afrodescendientes aportan una riqueza cultural y económica a Chile, y es hora de que el país responda con políticas que reconozcan y respeten sus realidades para así favorecer una mejor integración.
Es necesario que actores como OIM, ACNUR, la Cruz Roja, ONU MUJERES, UNESCO, los municipios locales y las Organizaciones de Bases Comunitarias, se sumen a esta iniciativa, proporcionando los recursos y la infraestructura necesarios para su implementación. Solo a través de un enfoque colectivo y antirracista se podrá garantizar un futuro más inclusivo para las y los niños en Chile
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