Hace ya más de 6 años atrás, que el gobierno de Sebastián Piñera inauguró un giro restrictivo en la gestión migratoria del estado de Chile, acabando con una serie de medidas administrativas que habían permitido ir canalizando los flujos migratorios dentro de un relativo control de los mismos por parte de las autoridades, al mismo tiempo que canalizando institucionalmente y en forma gradual la concesión de derechos básicos a las personas migrantes. Se inició entonces una Política Migratoria que enfoca la migración más como un problema que como una oportunidad. Y que vela más por el control fronterizo del país que por abrir espacios y mecanismos para orientar una migración ordenada, segura y regular.
La inacción e inercia de las autoridades precedentes para enfrentar la coyuntura de éxodos migratorios procedentes del Caribe que se agudizó a partir de 2015, con evidentes causas políticas que las alentaron, y la operación de mafias traficantes de personas que no fueron oportunamente enfrentadas, creó el ambiente de descontrol aprovechado por el gobierno de Piñera para imponer el giro restrictivo de la gestión migratoria.
Bajo el lema “ordenar la casa”, se dispusieron entonces las visas consulares para turistas provenientes de Haití y Venezuela, como ya estaba establecido para los nacionales de Cuba y República Dominicana. Pero además se canceló la visa por razones laborales, que desde 2015 había permitido superar parte de las limitaciones de la visa sujeta a contrato. Y se inició la tramitación parlamentaria de la Ley de Migraciones que finalmente se tradujo en la aprobación y promulgación de la Ley 21.325 que hoy se encuentra reglamentada y vigente, desde febrero de 2022.
La ley 21.325, más allá de sus avances en cuanto a establecer una nueva institucionalidad para la gestión migratoria, con la creación del Servicio Nacional de Migraciones como parte de ella, y de incorporar parte de los lineamientos y medidas administrativas previamente aplicadas, en su Título II (De los principios fundamentales de protección), en su Título III (Del ingreso y egreso) ratificó “por motivos calificados de interés nacional o por motivos de reciprocidad internacional, (…) exigir respecto de los nacionales de determinados países una autorización previa o visa otorgada por un consulado chileno en el exterior.”
Nos preguntamos ¿para qué ha servido esta regulación? ¿Cuántas visas consulares de turismo han sido otorgadas a los nacionales de Cuba, República Dominicana, Haití y Venezuela en estos casi 3 años de vigencia de ella?
En nuestra opinión, lejos de ordenar la migración, esta disposición legal ni ha desincentivado la migración procedente de estos países, ni la ha hecho más regular. Por el contrario, ha impelido a los flujos procedentes de esos países a recurrir a su ingreso por pasos no habilitados. Para gran beneficio de las mafias traficantes de personas. Puede estimarse en no menos de 150 millones de dólares los ingresos que el “Tren de Aragua” obtuvo entre 2019 y 2022 de su operación de tráfico de personas para ingresar personas a Chile en ese período.
Peor aún, en su Título IV (De las categorías migratorias), la ley 21.325 estableció para la generalidad de las visas por residencia temporal el requisito de que su tramitación se desarrolle desde el extranjero. Acabando así definitivamente con la posibilidad de que quien ingrese a Chile a través de una visa “transitoria”, pueda obtener, una vez en Chile, una visa de residencia temporal.
Transcurridos más de dos años de la vigencia de esta ley cabe preguntar: ¿cuántas residencias temporales se han tramitado y aprobado bajo esta legislación? ¿Se ha demostrado la eficiencia de esta regulación para canalizar los flujos migratorios de los últimos 2 años al menos? ¿O estos flujos mayoritariamente la han rehuido y se han traducido en mayores ingresos por pasos no habilitados?
Como Coordinadora Nacional de Inmigrantes, desde 2018, cuando Sebastián Piñera envió el proyecto de Ley que se transformó luego de su tramitación parlamentaria en la actual Ley 21.325, hasta el momento actual no cesamos de denunciar que esta regulación derivaría, como ha ocurrido, en alentar flujos de inmigración irregular. Con dos muy graves consecuencias: abrir una oportunidad de negocios para las mafias de traficantes de personas y generar un grave descontrol en las zonas fronterizas del país. Lo reiteramos hoy, mientras no se deje de lado las visas consulares como mecanismo general para obtener visas de residencia temporal, la migración seguirá canalizándose fundamentalmente por pasos no habilitados. Este es el sello restrictivo que tiñe por completo la Política Migratoria.
En lugar de atacar las causas de la migración irregular, desde entonces, la Política Migratoria se ha desenfocado, pretendiendo atacar las consecuencias de esta situación indeseada. Y se ha tornado en una Política Securitista, donde el control de las fronteras ha cobrado centralidad, lo mismo que otras medidas orientadas a facilitar la expulsión de migrantes irregulares y otras medidas similares, presuntamente orientadas a desincentivar y penalizar a la migración irregular, rayando en la criminalización de esa migración.
Ni hablar de los costos económicos e institucionales que ha supuesto fortalecer el control de las fronteras, con mayor infraestructura, tecnología y despliegue de mayores efectivos de las policías y fuerzas armadas para actuar frente a la tensión que se ha creado en ellas, a consecuencia, insistimos, de una errada y restrictiva Política Migratoria.
Lamentablemente, la Política Migratoria puesta en práctica por el actual gobierno no se ha enfocado a aprovechar su facultad administrativa para flexibilizar las estipulaciones de la ley y, sobre todo, a resolver la situación de irregularidad migratoria en que se encuentran -desde hace al menos 5 años- potencialmente unas 200 mil personas, sino más.
La sostenida campaña antiinmigrante de la derecha política -que en forma populista ha responsabilizado sin fundamento sólido a la migración como causa de la crisis de seguridad ciudadana y de otras crisis sociales que afectan al país desde hace una década, al menos- ha logrado que el gobierno abdique de sus propósitos iniciales y de sus compromisos programáticos y que, aún peor, se sume cada vez más a un enfoque securitista en materia de Política Migratoria. Sólo así se entiende que haya sometido a trámite un proyecto de ley que busca reformar la Ley de Migraciones, más movido por demostrar firmeza en el resguardo de la seguridad y la disposición a sancionar conductas de la migración irregular, que en velar por su integración y canalización institucional, como corresponde.
Finalmente, el enfoque cortoplacista de la Política Migratoria se refleja en frases como la del presidente Boric ante la Asamblea General de la ONU en septiembre de este año, cuando afirma que “Chile no está en condiciones de recibir más migrantes”.
Pesa en esa errónea evaluación la conciencia del bajo ritmo de crecimiento del país en la última década, -de sólo un 1,1% promedio anual- que entre 2014 y 2023 ha derivado en un promedio anual de sólo 90.000 plazas anuales de mayor empleo, considerando en ese período la dramática destrucción de 1.120.000.- en 2020, a consecuencia de la disrupción económica que provocó la pandemia.
Con un ritmo de crecimiento más “normal”, más acorde con el PIB potencial del país, que se estima en al menos un 2,2%, la creación de empleos debiera duplicarse, a una cifra que se acerque a los 200 mil nuevos empleos por año. Los mismos que, dadas las características de la producción en Chile, en más de un rubro productivo y de servicios. viene requiriendo sobre todo del aporte de la migración. Como lo han reconocido incluso gremios empresariales.
Las tasas de fecundidad de la población femenina en Chile y la superación de la transición demográfica hace y hará más necesaria aún, la migración para sostener el crecimiento económico de Chile. Para no hablar de los beneficios culturales y sociales que su integración ya está derivando y que podrá seguir significando como contribución a un Chile más rico y diverso cultural y espiritualmente.
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