Más de un centenar de organizaciones migrantes y de derechos humanos firmaron una carta en defensa de los derechos humanos de las personas migrantes en Chile y que fue entregada este miércoles 20 de noviembre en el Congreso Nacional. La carta rechaza el avance del proyecto de ley misceláneo (Boletín Legislativo N° 16.072-06) que modificará la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería y otros cuerpos y que vulnera derechos fundamentales reconocidos por la Constitución chilena y diversos instrumentos de DDHH, ratificados por Chile.
Las organizaciones firmantes señalan que de aprobarse estas modificaciones sería un retroceso significativo en la protección de los derechos de personas migrantes, especialmente mujeres, niños, niñas y adolescentes (NNA) y al principio de no discriminación en el acceso a estos. Además que Chile iría en contra de la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros.
Las modificaciones que está aprobando el Congreso Nacional legalizan prácticas discriminatorias y punitivas hacia sectores amplios de la población migrante, afectando particularmente a quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad y exclusión, como la niñez migrante y personas sin opción de regularización en Chile, aun sin antecedentes de delitos.
Las principales preocupaciones de las organizaciones firmantes incluyen: Regresividad en los derechos fundamentales de las personas migrantes; Incorporación de causales amplias y de difícil determinación para expulsión, rechazo y revocación de permisos de residencia que pudieran exacerbar la xenofobia; Discriminación en el acceso al derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes migrantes o hijos de migrantes irregulares; Barreras de acceso al derecho a la salud y a la educación; Vulneración del principio de presunción de inocencia, debido proceso e igualdad ante la ley; Restricciones en el acceso a la nacionalidad; Derogación del principio de no criminalización de la migración; Sanciones a personas que asistan a personas migrantes en situación irregular; Vulneración al derecho al trabajo de las personas migrantes; y la Discriminación en la protección de niños, niñas y adolescentes por la situación migratoria de sus padres.
Con la entrega de esta carta, las organizaciones exigen a las y los parlamentarios que defienden los derechos humanos a rechazar estas modificaciones, que violan principios fundamentales de derechos humanos y el respeto a la dignidad y protección de las personas migrantes.
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