En los últimos años, Perú ha enfrentado una grave ola de delitos como extorsiones, asaltos, secuestros y sicariato, que han causado cientos y miles de muertes en todo el país. Estos hechos, sumados a la inacción del Estado, han motivado hasta el momento tres contundentes paros nacionales por parte de una población harta de la sensación de inseguridad e impunidad que estos crímenes generan. Ante la falta de ideas y soluciones, el gobierno de Dina Boluarte, al igual que anteriormente los congresistas, ha recurrido a propuestas fáciles y demagógicas dirigidas a los medios, como la xenofobia.
En una conferencia de prensa, la presidenta anunció un reajuste en las políticas de migración: “Les vamos a exigir a cada venezolano, que supuestamente trabaja de manera lícita, que presente su contrato de trabajo, de alquiler, y haremos un seguimiento en el sistema financiero. Vamos a hacer un seguimiento a las divisas o remesas que se envían fuera del país para saber de dónde se generan esos ingresos, y aquel que no responda de manera cierta de dónde provienen sus ingresos, les vamos a caer». Al día siguiente, apareció en El Peruano el Decreto Supremo 011-2024-IN, que modifica e incorpora artículos en el Reglamento del Decreto Legislativo de Migraciones (1350), y aprueba nuevas categorías migratorias relacionadas con la identificación de extranjeros, documentos de identidad, cancelación del carné de extranjería y acceso a la información del Registro de Información Migratoria.
Es innegable que, en la llegada de venezolanos hacia Perú en los últimos años, sin mayor control ni exigencia por razones políticas, ingresaron peligrosos delincuentes e integrantes de bandas internacionales, como el «Tren de Aragua», responsables de hechos violentos. Sin embargo, es sabido que toda actividad delictiva se realiza fuera de la ley, y el cambio en las normas migratorias, lejos de afectar a quienes las evaden, apunta más bien al migrante pobre, sin muchos recursos, pero que intenta salir adelante. Y no solo afecta a los venezolanos, como señala la presidenta, sino a personas de todas las nacionalidades y condiciones sociales, incluidas migrantes como nosotras, víctimas de agresores peruanos y con hijos peruanos, atrapadas en un sistema machista que nos obliga a abandonar a nuestros hijos en Perú o a quedarnos soportando todo tipo de vejaciones.
En resumen, el objetivo es incentivar la xenofobia y la aporofobia en la población, promoviendo, al estilo de la Gestapo —bajo la amenaza de sanciones y multas—, la delación de empleadores, vecinos, comerciantes y caseros contra todo extranjero en situación irregular (lo que no es lo mismo que ilegal), como paso previo a su detención y expulsión exprés del país, aun cuando puedan tener familia.
¿Solucionará esto el problema de la inseguridad ciudadana y las extorsiones? Por supuesto que no. Como ha sucedido con los estados de emergencia, el despliegue de militares en las calles y otras medidas efectistas e inútiles, estas acciones carecen de un sustento técnico y de cifras que las respalden, y ya han fracasado en otros países. Lo que sí lograrán es destruir las vidas de personas y familias, víctimas indiscriminadas de estas medidas, todo para el aplauso momentáneo de un gobierno que apenas tiene un cinco por ciento de aprobación. Los otros afectados serán los miles y millones de peruanos que viven en el extranjero, cuyo número ha crecido en los últimos años debido a la crisis.
Basta ya. Seguridad, sí; xenofobia y aporofobia, no. Que los delincuentes, sean peruanos o extranjeros, paguen con la ley y la cárcel por sus delitos, con una justicia y una policía limpias, no corruptas. Que las leyes persigan a los criminales, y no como ahora, que los exoneran para no incriminar a los políticos. No hagamos escarnio ni persecución de los demás; hoy puede ser ellos, y mañana puedes ser tú.
Deja una respuesta
Usted debe ser conectado para publicar un comentario.