La inestabilidad política y socioeconómica es una cruda realidad que ha venido enfrentando el pueblo haitiano desde las dos últimas décadas, sin embargo, se ha agudizado en los últimos tiempos, debido a los altos niveles de inseguridad que ha desestabilizado el funcionamiento de lo que es el diario vivir de las personas en dicho país, específicamente en la capital, Puerto Príncipe.
A raíz de lo mencionado anteriormente, el pasado lunes 24 de junio, se realizó el despliegue de militares pertenecientes a la fuerza armada de Kenia, con el fin de intervenir en la disminución de la situación de inseguridad actual en Haití. Recordemos que años atrás, la misma ciudad, Puerto Príncipe, atravesó por situaciones similares y Estados Unidos, la voz de la democracia, utilizó la misma estrategia, bajo el nombre MINUSTAH (Misión de las Naciones Unidas para la estabilidad en Haití), salvo que los militares de aquella misión provenían en su mayoría de Sudamérica, países como Brasil, Argentina, Chile y otros.
Según una investigación realizada por la Universidad Birmingham Sabina Lee, y por la científica clínica Susan Bartels, de la Universidad de Queen en Canadá, investigación que fue difundida por el portal académico “The Conversation”, de la que se hizo eco The New York Times, reveló violaciones en contra de mujeres haitianas por soldados de la MINUSTAH, entre ellos soldados chilenos, entre 2004 a 2017.
¿Cuál es la preocupación ante esta nueva intervención?
El problema principal es que a ninguno de estos países ni de los militares involucrados que participaron en la misión de la ONU en Haití, se les ha pedido cuentas sobre las graves consecuencias de la situación denunciada. Además, entre estas víctimas, productos de estas violaciones, fueron engendrados y abandonados al menos 265 niños en Haití, según la investigación.
Cinco (5) años después, nuevamente se recurre a una misma estrategia fallida que ha dejado consecuencias graves que a la vez han traumatizado la vida de muchas personas, especialmente los grupos susceptibles históricamente a situación de exclusión social, (mujeres, niños, niñas y adolescentes,). Además de enviar el mensaje claro de cuáles cuerpos son ultrajables con total impunidad.
Es imprescindible, cuestionarnos respecto a la forma de pensar la estrategia de intervenir en cuanto se trata de personas atrevesadas por el empobrecimieto estructural; la vía de posibles soluciones, no pueden ser sólo estrategias que ponen sus vidas e integridades en riesgo.
Las personas involucradas en aquella misión de MINUSTAH, y responsables de las faltas, están al debe con la población haitiana y deben restituir los derechos vulnerados, mediante acciones de reparación de daños causados.
Ahora solo nos queda ser espectadores de una intervención militar más, donde los derechos fundamentales de las personas civiles no es lo más importante en la mesa y que solo obedece a la estructura colonial que gobierna impune ante la mirada pasiva del mundo.
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