Por el derecho a migrar de los pueblos

Al cumplirse el noveno aniversario de la conformación de nuestra organización, -la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile-, debemos decir que las razones que nos llevaron a constituirnos no han dejado de existir y, por el contrario, en todos estos años, junto con ampliarse el número de personas inmigrantes en Chile, el rango de afectaciones a sus derechos humanos también se ha visto amplificado. Como consecuencia de un proceso de crisis internacional y nacional que se profundiza, y que a través de diversos episodios sigue descargando la parte más dura de sus costos sobre el mundo popular y sobre sus sectores más vulnerables, se encuentra la población inmigrante. Razón acrecentada, entonces, para que la CONI se mantenga vigente, junto al compromiso imprescindible de sus activistas y organizaciones que la integran. Compromiso que hoy, una vez más, renovamos.

Nos alienta, en todo caso, que en nuestro batallar, junto a las comunidades y personas migrantes y refugiadas, y desde la interseccionalidad, hemos seguido cosechando el reconocimiento de numerosas organizaciones e instituciones del mundo popular, de la sociedad civil, del sector privado y también público. A nivel del país y también, a nivel regional e internacional. Lo anterior, gracias a la persistencia, coherencia y consecuencia que hemos mantenido en la defensa del derecho a migrar, y por la integralidad de los derechos humanos, y en el combate contra  la deshumanización, la criminalización, la precarización, el racismo, la xenofobia, el transodio, y la discriminación en todas sus formas , así como la lucha perseverante por los  cambios políticos e institucionales necesarios para instalar en Chile un Estado Social de Derechos, intercultural y justo, en el que tengan cabida todos los pueblos que lo habitan y se propenda a un desarrollo inclusivo y sostenible, en el que se respeten la diversidad de todas, todos y todes y los derechos de la madre naturaleza.            

Por todo esto es que, de cara a la coyuntura que atravesamos, nos pronunciamos resueltamente EN CONTRA del seudo proceso constituyente y su “producto”, la propuesta que será votada el próximo 17 de diciembre. Proceso por completo ajeno a los movimientos sociales y populares y “producto” de las élites políticas y empresariales que se apropiaron de su diseño e implementación, para asegurarse de refrendar y profundizar mediante esto las instituciones de un capitalismo neoliberal superexplotador y depredador, lo mismo que un régimen político ajeno por completo al protagonismo popular y a la democracia comunitaria.     

Denunciamos igualmente la continuidad de la ofensiva patronal antiinmigrante, que busca responsabilizar a la inmigración irregular de la crisis de seguridad que atraviesa el país desde hace más de 5 años. Sin dejar de reconocer que las políticas restrictivas de la migración puestas en marcha hace 5 años atrás favorecieron el negocio del tráfico de migrantes y el enriquecimiento de bandas de crimen organizado, que se internaron al mismo tiempo en Chile, como en otros países de la región.  La trata laboral y sexual de estos criminales tiene por víctimas a las personas migrantes. Y es contra los criminales y no contra las víctimas que el Estado y la sociedad tienen que empeñarse en luchar. En la lucha contra la trata, contra estos criminales, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes viene tomando un lugar.     

Denunciamos, por último, el bloqueo que se ha impuesto a la agenda de cambios económicos, sociales y políticos que el actual gobierno comprometió en su programa. Bloqueo que en materia migratoria ha llevado a una política que no explicita hasta el momento los cauces y plazos para proceder a regularizar a un número de personas inmigrantes en situación de irregularidad que se puede estimar en el 10% del total de de la población extranjera en Chile. Al tiempo que persiste la demanda populista de la derecha, de “expulsarlas a todas”; que se sabe muy bien que es inviable.  

En ausencia de esto, el proceso de empadronamiento ha quedado cuestionado por la detención y expulsión de personas que, al proceder a hacerlo, han sido detenidas y expulsadas sin mediar el estudio de su situación que se había dicho que se haría. El mes pasado trascendió el caso de una mujer, de nacionalidad dominicana, que acudió el pasado 24 de octubre al llamado de las autoridades a empadronarse, intentando dar un paso que le permitiera luego postular a regularizar su situación. Esperando que las autoridades cumplieran el compromiso de estudiar sus antecedentes, antes de proceder a determinar la política a seguir en su caso.  Sin embargo, al llegar ese día a la unidad de PDI en Calle San Francisco 253, junto con su hijo de 10 años de edad, fue detenida y dejada en cautela hasta el 27 de octubre; fecha en que fue embarcada en un vuelo y devuelta junto a su hijo a su país de origen.  La señora mencionada, tenía medidas de protección derivadas de violencia intrafamiliar, que no fueron tomadas en cuenta. Y la orden de expulsión que se aplicó en su caso era anterior al llamado a empadronamiento biométrico hecho por las autoridades.

Este proceder incumple el compromiso explícito de las autoridades en relación al proceso de empadronamiento, en cuanto al examen de la situación de cada caso, antes de proceder a tomar una medida intempestiva como la expulsión aplicada en este caso. Y siembra desconfianza en las autoridades y en el proceso de empadronamiento como tal.

En este sentido, siendo ayer el 25 de noviembre, el Día Internacional de para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos preguntamos si los distintos esfuerzos del estado, son también efectivos para las mujeres migrantes y solicitantes de refugio. 

Finalmente queremos referirnos a la muerte de ocho niños y 4 adultos venezolanos en un incendio en un campamento de migrantes en Coronel, ocurrida hace pocas semanas atrás. Es este un botón de muestra dramático y terrible al que conducen las políticas de exclusión de derechos básicos que un sector minoritario pero poderoso de Chile han impuesto y quieren consolidar.  Y ante las que nosotros, como la mayoría de los pueblos de Chile, nos resistimos y seguiremos luchando por superar.

La Coordinadora Nacional de Inmigrantes exige al gobierno de Chile que abra cauces legales a la regularización de la situación de las personas migrantes que se encuentren en situación de irregularidad en el país. Proponemos que adopten los cambios administrativos necesarios para viabilizar la aplicación de visas por reunificación familiar, de visas humanitarias y también de trabajadores temporales para este proceso. La regularización es la alternativa más viable y urgente para evitar la precarización de la vida de las personas migrantes y garantizar sus derechos humanos.

¡No más violaciones a los Derechos Humanos de las personas inmigrantes y refugiadas!

¡Por una regularización para todos, todas y todes!

¡No al racismo estructural!

¡Basta de violencia contra las mujeres y disidencias sexo-genéricas!

Porque las vidas migrantes también valen.

Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile

9 años defendiendo los derechos de las personas migrantes y refugiadas