Elizabeth Andrade, premio Nacional de Derechos Humanos 2022, y dirigenta de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes de Chile, Patricia Roa, oficial de Programación en la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina, y Gabriela Rosero, jefa de Oficina en Chile para ONU Mujeres, fueron invitadas al programa de Chile a Todo Color, el cual abrió con la conducción de Virginia Migani, y tuvo un énfasis en la corresponsabilidad que debe existir con el trabajo de cuidados, cómo ha sido abordado en la historia, y la importancia de la regularización de las personas migrantes.
Al comenzar, el programa sobre Trabajos de Cuidado y Género, Gabriela Rosero, destacó la influencia de la sostenibilidad de la vida en la trayectoria de las mujeres, quienes se han visto obligadas a abandonar el mercado laboral debido a sus responsabilidades de cuidado. Según datos de la Cepal, al menos el 60% de las mujeres en hogares con niños menores de 15 años se encuentran fuera del mercado laboral por esta razón. Rosero planteó la pregunta de cómo afecta esta situación en el acceso al empleo y en la lucha por encontrar trabajo al regresar.
“Cómo hacemos para que esto se visibilice, porque si no se visibiliza en el PIB, después cómo incidimos en la forma cómo se reparten los presupuestos, y se financian desde la parte pública este tipo de cuidados”, enfatizó Rosero.
Por su parte, Patricia Roa, señaló que en los boletines del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) se evidencia que la tasa de participación laboral de las mujeres migrantes es tradicionalmente más alta que la de las chilenas. Esto se debe, en parte, a que la tasa de ocupación y empleo en Chile es una de las más bajas de la región.
“Las personas migrantes siempre han tenido una mayor tasa de participación, y aunque eso se mantiene, la crisis económica y lo que hemos vivido en la pandemia hasta ahora, ha golpeado a las personas migrantes. Hoy día vemos como en este último boletín se ha incrementado la desocupación y como ha afectado más a las mujeres”, señaló Roa, quién también manifestó la necesidad de considerar estas situaciones en la distribución de recursos y en la promoción de condiciones laborales dignas sin importar el estatus migratorio.
Entre medio, Jorge Rizik, periodista del programa, se refirió a la situación migratoria irregular que deben vivir muchas personas en el territorio nacional, a lo que Patricia Roa respondió que la situación migratoria está estrechamente ligada al empleo formal en la mayoría de los sistemas migratorios, y destacó el aporte significativo que las personas migrantes hacen a la economía chilena, expresando a su vez preocupación por aquellos que no pueden trabajar y se encuentran en una situación económica precaria. En este sentido comentó que espera que la nueva política migratoria pueda brindar algún tipo de regularización y mejorar las condiciones.
En este sentido, Elizabeth Andrade, subrayó el hecho de que Chile ha negado el derecho a migrar de las personas. Cuestionó la ley actual y resaltó la importancia de considerar a las personas migrantes como sujetos.
“Como red no queremos caer en el proceso de asistencialismo. Y cuando de repente escucho buenas intenciones, es cierto, pero lo real es que se sigue criminalizando, y se va a condenar con cárcel a las vecinas y vecinos que están tomando los terrenos en condición irregular, y muchas son mujeres migrantes”, señaló la dirigente migrante.
Al retomar la palabra, Gabriela Rosero reflexionó sobre el impacto de la migración en las mujeres migrantes y sus familias, ya que, en un análisis realizado por ONU Mujeres en la frontera norte, se reveló que más del 76% de las personas que migran son mujeres, muchas de ellas acompañadas de sus hijos. Resaltó la falta de redes de cuidado durante el proceso migratorio y las dificultades que enfrentan para acceder a alimentos, atención médica y vivienda, así como para encontrar empleo estable.
Así, se refirió luego a la sociedad del cuidado. “Estamos hablando de cómo nos organizamos socialmente de forma diferente, como compartimos, como reducimos las cargas de trabajo, y cómo también nos redistribuimos, entonces es entender la corresponsabilidad, y no solamente cuando hablamos de la familia, sino también cuando hablamos de estado y de la sociedad civil para responder al tema de los cuidados… Repensar el modelo de desarrollo que queremos cuando ponemos en la base el cuidado de las personas. Tiene que ver con la política, la democracia, y la economía”, explicó Rosero
Frente al tema, Patricia Roa agregó que los derechos laborales deben respetarse sin tener en cuenta la situación migratoria de las personas. Mencionó que las organizaciones sindicales y centrales han tomado la decisión de fomentar la inclusión de los trabajadores migrantes en sus estructuras, lo que les da voz y representa un avance en la protección de sus derechos. Además, destacó el movimiento que impulsó la adopción del Convenio 189 de la OIT, que garantiza el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos, impulsado por las organizaciones de este sector.
Concluyendo la transmisión, Karla Nowajewski, encargada de Proyectos del Instituto Católico de Migración (INCAMI), planteó una pregunta a las agencias de naciones unidas, sobre cómo apoyan al estado chileno para avanzar hacia una sociedad de cuidados. Patricia Roa y Gabriela Rosero compartieron la respuesta, manifestando que apoyan a los distintos estados en la creación de sistemas integrales de cuidados y en la financiación de los mismos, trabajando tanto a nivel nacional como con autoridades locales para abordar las demandas y necesidades específicas de cada territorio.
Entre tanto, Antonia Garcés, coordinadora del Proyecto CRISOL: Movilidad Humana y Derechos, manifestó: “el reconocimiento a las mujeres y su trabajo de cuidados es de vital importancia para construir una sociedad equitativa. El reconocimiento de su labor no solo implica valorar su contribución en el ámbito doméstico, sino también en la economía y en la sostenibilidad social. Por eso se hace necesario visibilizar y valorar sus esfuerzos, y que el estado proporcione el apoyo necesario para su desarrollo personal y profesional, promoviendo a su vez, políticas que les permitan conciliar su vida laboral y familiar de manera efectiva”.
Por último, Mary Montesinos, directora de la ONG Proyecto Tepuy, compartió una reflexión sobre el cuidado, como un factor de corresponsabilidad familiar.
“Los derechos viajan con las personas, y aunque no se reconozca el derecho a migrar, hay un derecho inherente al ser humano y es el desarrollo de sus habilidades personales y los países no deben cerrare a eso, porque estamos convirtiendo a seres humanos de primera y de segunda, a aquellos que, si tienen la posibilidad de cuidar bien y aquellos que no tiene las mismas condiciones”, expresó la dirigente migrante.
El ciclo de programas “Agenda Nacional y Diálogos sobre Movilidad Humana”, es una iniciativa que se desarrolló, gracias a la alianza entre la Fundación Revista Sur, el Centro Gabriela Mistral (GAM), la Fundación Avina, y el proyecto “CRISOL: Movilidad Humana y Derechos”, este último financiado por la Unión Europea.
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