Entrevista a Eduardo Thayer: “es un acto de buena fe hacia el estado y de transparencia en las personas, querer empadronarse”

El ciclo de programas “Agenda Nacional y Diálogos sobre Movilidad Humana”, tuvo la participación de Luis Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones, SERMIG, quien trató varios temas de interés para las comunidades migrantes, en entrevista con el periodista Jorge Rizik, director de Revista Sur y Chile a Todo Color.

Durante un diálogo acotado, Thayer respondió a varias preguntas, en las que abordó la agenda legislativa, el desempeño del Servicio Nacional de Migraciones, SERMIG, el refugio, el proceso participativo de la política nacional, el empadronamiento, entre otros asuntos del contexto.

El director del SERMIG, reconoció el trabajo intenso que han tenido con la agenda legislativa, contrario a sus expectativas. “Hemos ido casi 30 veces al congreso, en el 2022, solo a comisiones, discusión en materia migratoria, y probablemente va a seguir”.

También se refirió a la cantidad de solicitudes de residencias que estaban pendientes cuando llegó la nueva administración, y señaló que faltaban criterios por establecer para las tramitaciones. “Una cosa es la cantidad y la enorme demanda de casi 600 mil, pero otra, la ausencia de criterios, de manuales y procedimientos que le permitan a los funcionarios y funcionarias del servicio resolver”.

Thayer, manifestó además que se encuentran trabajando en la formulación de un modelo de gestión regional, y destacó el proceso participativo con de la política nacional de migración. “Participaron varios actores, más de mil representantes de distintas instituciones públicas, de organismos de la sociedad civil, en los diálogos. Hubo 47 instituciones, Ministerios, Subsecretarias, Servicios Públicos involucrados en el diseño. Entonces fue un proceso bastante arduo y también de la agenda pública”.

Así, el director del Servicio Nacional de Migraciones, continuó respondiendo a la entrevista, realizada en las instalaciones del Centro Gabriela Mistral, GAM, y entre una audiencia, proveniente de distintas organizaciones de la sociedad civil, agencias internacionales, y academia.

Desde que asumiste, ¿cuál crees que es el tema más difícil o dónde creas que hay una deuda más urgente?

El objetivo principal que tenemos hoy, es que el Servicio Nacional de Migraciones funcione bien, recuperar la confianza de los usuarios. Sabemos que no tenemos los beneplácitos de la ciudadanía, además no tenemos la confianza de nuestros usuarios, nos interpelan permanentemente por las demoras en las tramitaciones. Y eso es simplemente con trabajo… Eso es lo principal, agilizar los trámites, hemos reducido los tiempos a la mitad, al 50%… Vamos normalizando, avanzando, pero nos queda mucho por mejorar

Y en materia de información hacia los usuarios, ¿qué medidas han buscado para tratar de acercase, porque una de las grandes críticas de los usuarios es que no saben lo que tienen que hacer o no saben por dónde informarse?

En el pasado se tomó una decisión que tiene dos dimensiones, que fue digitalizarlo todo, y una parte es correcta, la digitalización de los trámites, suprimir los papeles, eso hay que hacerlo, pero con buenas plataformas e irlas mejorando, como lo estamos haciendo ahora, y creemos que la otra dimensión no es correcta, que es la digitalización de la entrega de información, porque no puede haber un servicio público que no tenga la ventanilla, para atender a sus usuarios, y por otra parte el diseño que se hizo de la entrega de información virtual, es deficiente. El porcentaje a la consulta de estado de tramite no daba cuenta de la realidad. Entonces hicimos un esfuerzo importante en rediseñar eso y lo lanzamos junto con la página web, un par de meses atrás, y eso creo que nos puede ayudar a mejorar la entrega de información en línea.

La idea es tener un modelo desconcentrado, que tenga presencia en distintas comunas, y que no sea la ventanilla solo en san Antonio 580, sino en distintos puntos con un modelo más acotado.

¿Tienen alguna fecha estimada? ¿cuándo estarían volviendo a atender presencialmente?

Vamos a abrir el primer local durante el mes de diciembre. Ya está diseñado, está la gente. La idea es abrir en un modelo que implementa Registro Civil y Fonasa, y quedamos con la idea de cubrir distintos puntos, vamos abriendo locales, también dependiendo del presupuesto que nos aprueben.

Se conmemora el Día Internacional del Refugiado. El estado chileno tiene una deuda grande en materia de refugio. Desde que se implementó la ley de refugio, este se ha manejado como parte de la política migratoria, más que como una institución distinta, ¿cuál es la evaluación que hacen del refugio desde tu llegada?

Chile tiene una buena ley de refugio, un buen reglamento y sistema de evaluación de solicitudes. Más que una deuda, te diría que lo que hay es una diferencia de enfoque de cómo abordar el refugio. Por una parte, hay una mirada, que promueve la aplicación de la Convención de Cartagena, a través de procedimientos que atiendan y otorguen la condición de refugiado. Nosotros en el servicio aplicamos eso. Lo hemos hecho a efectos de solicitantes de ucranianos, que viven una situación de guerra, y también para afganos, a muchos en la administración pasada se les otorgaron visas temporales, y la comunidad afgana se nos acercó y nos dijo que querían solicitar refugio, y aplicamos la convención de Cartagena. Pero algo por lo cual se nos ha interpelado, es por la aplicación de Cartagena para los ciudadanos venezolanos, y nos parece que no hay espacio para avanzar en esa línea.

Tramitamos las solicitudes de refugio sobre el análisis de la, de la solicitud individual que nos hacen, pero aplicar la Convención de Cartagena, al modo de Brasil respecto a los venezolanos, por qué, además, entendemos que el instrumento del refugio, -y lo mismo la protección complementaria-, busca establecer protección a personas que efectivamente están siendo perseguidas porque su vida está en peligro en el país de origen, no entendemos que sea una vía de regularización de personas migrantes que salen de su país por otros motivos. Y ahí creo que tenemos una diferencia, entonces ahí creo que no tenemos un problema con el refugio, hay una diferencia respecto a los criterios de implementación que estamos llevando adelante y que estamos desarrollando respecto a la expectativa que tiene ACNUR y otros organismos de derechos humanos. Nosotros les invitamos y tenemos estas discusiones. Nos parece importante proteger la institución y el instrumento del refugio, para entregarle protección a las personas que realmente están siendo perseguidas por temas políticos, religiosos, entre otros.

¿Y el acceso a la institución? Hay muchas personas que no logran acceder, porque no logran presentar los papeles. Uno escucha sus historias, y podría acceder a la institución. Muchas veces los asesores recomiendan no intentar acceder a la institución del refugio, por temas prácticos.

Acá puedo adelantarte un poco, sobre una reforma legal que viene. Está la admisibilidad, porque ahí tenemos otra diferencia. Hay una interpretación de la ley de refugio, que plantea que una persona, aunque tenga ingreso regular, y sin que el estado tenga una noticia de ella, -más allá de su presencia frente al Servicio Nacional de Migraciones para decir que le están persiguiendo y necesita refugio-, hay que entregarle automáticamente una visa. Esa es una interpretación que no compartimos y no es concordante con lo que establece la propia ley, porque esta establece que la persona tiene un plazo determinado para presentarse a la autoridad y debe hacer la autodenuncia en la Policía de Investigaciones, PDI. No es viable que un estado otorgue una visa a una persona de la cual no tiene ninguna información.

La reforma legal que vamos a presentar, tiene que ver justamente con establecer un procedimiento justificado, fundado con resolución, por parte del Servicio, en función de descartar las solicitudes infundadas, porque una cosa que no va a ocurrir es que les otorguemos una visa de solicitante de refugio a una persona que declara que viene a buscar trabajo a Chile. Nos parece que es importante regular y transparentar los procedimientos de admisibilidad como existe en otros países.

En esta reforma que quieren presentar ¿Cómo viene la mano con la oposición? ¿por qué cada vez que ustedes hablan de alguna propuesta, ellos hablan de perdonazo?

Creo que, en varios puntos, y en este ciertamente, tenemos acuerdos transversales para poder avanzar en materia de legislación. Si tú ves las votaciones, han sido en general bastante unánimes, ha habido poca fragmentación en materia de migración, hasta ahora.

A mí me parece que en esta materia hay también un acuerdo, quizá hay detalles y discusión en cómo se implementa, pero no me parece que hay dos opiniones en el espacio de los actores políticos.

Generalmente las declaraciones las dan en la prensa que es lo que termina caldeando el ambiente…

Hay mucha instrumentalización del tema del refugio y la migración. Nos acusan por una parte de cosas como que queremos regularizar al tren de Aragua, textual, con el protocolo que nos mandató la Corte Suprema, a propósito que tenemos que entregarle el formulario a las personas a través de un plazo para que hagan la denuncia a la PDI y vuelven al servicio a formalizar. Y, por otro lado, nos acusan de no respetar el estándar de derechos humanos, porque no le otorgamos la visa a cualquier persona que llega de manera inmediata y dice que es solicitante. Es un escenario en el que nos tememos que mover y creo que hay mucha caricatura.

La Política Nacional de Migración es un tema que se ha venido hablando hace tiempo y el presidente lo mencionó en la cuenta pública…

Fue un proceso largo donde participaron muchas instituciones, más de mil actores, diálogos regionales territoriales, diálogos temáticos, y es un documento que establece los lineamientos generales, que el estado de Chile defina una política que sea convocante, más que de un gobierno. Y que empatice con la ciudadanía y que se proyecte en el tiempo.

Por eso tenemos que avanzar en acuerdos o explicitar en los acuerdos que existen en el campo político, y así tener una política sostenida en el tiempo, y consensuada en los elementos fundamentales: enfoque de ddhh, componente intercultural, enfoque de género, y seguridad. Acá no podemos desconocer lo que hay en el mandato legal al servicio, no podemos obviar ese componente de seguridad, la discusión es cómo lo abordamos.

Desde hace un par de semanas, están llamando a las personas que ingresaron por pasos no habilitados a participar de este proceso de empadronamiento ¿en qué consta este proceso, del cual el plazo se extendió?

Es un proceso que tiene por objetivo saber quiénes son las personas. Fijar una identidad en caso que no la haya, de quienes han ingresado irregularmente al país. Sabemos que en el 2018 se realizó un proceso de regularización que incluyó a personas que tenían ingreso irregular, y de ahí en adelante la Policía de Investigaciones ha recibido entorno de 150 mil denuncias por ingreso irregular.  Algunas se han ido. Hemos autorizado la salida de más de 8 mil personas con ingreso irregular y que quieren luego salir regularmente. Pero no todas se han autodenunciado, este es un instrumento que busca tener la información básica para poder implementar las políticas públicas.

Estamos ya con la plataforma en línea, está también la gente sumándose a las solicitudes de autodenuncia y en los próximos días les llegara un correo a las personas para concurrir a las dependencias de la PDI. Vamos a tener 75 puestos, 10 de ellos móviles, en las regiones del país, para que las personas puedan tomar una cita e ir a dejar la huella, fotografía y su nombre… Entendemos que la gente que se acerque tienen buena voluntad para el estado y la gente que no se quiere acercar al estado es por algo. Nos parece que es un acto de buena fe hacia el estado y de transparencia en las personas, querer empadronarse.

También hay un temor hacia el estado en muchos casos por todas estas noticias que aparecen de las expulsiones, y que también le cuesta a la gente confiar.

Si tenemos 150 mil personas y una parte importante se autodenunciaron, no hay un temor efectivamente que pueda existir, no me parece que sea un temor muy extendido. Yo creo que la gente que está en situación irregular lo que quiere es acercarse y lo hace, se acerca a la muni, a las organizaciones, a diferentes instancias. La gente que está en situación irregular va con autodenuncia e ingresa incluso solicitudes de regularización individual y no tiene temor de acercarse al estado.

Sobre el uso seguro de los datos, el servicio de la administración anterior, tuvo una pérdida de datos, un tema que no quedó resuelto ¿se han ocupado de eso, más aún con todo este proceso de empadronamiento?

Sí, las normas de uso de la información, están establecidas por ley, no podemos hacer cualquier cosa con la información y somos bien celosos respecto a la implementación de esa ley. En materia de seguridad tenemos una política de seguridad, y un Comité de seguridad que se reúne quincenalmente, también un sistema de auditoria interna. Eran cuestiones que no existían en el Servicio.

Estamos también trayendo todos los servidores al Servicio. Es un proceso en el que estamos, fortaleciendo todos los instrumentos de seguridad de la información para evitar que estas situaciones vuelvan a ocurrir, nos parece que no solo fue un error enorme, que por suerte o por la misma capacidad de los mismos funcionarios, existía un respaldo de esa información, sino no tendríamos información hoy día de extranjería. No se ponderó realmente la gravedad de esa pérdida, pero hoy día ya estamos haciendo todo para que eso no vuelva a ocurrir y corregir los pequeños baches que quedaron de la pedida de información de algunos meses, pero es menor.

Al concluir la entrevista, el director del Servicio Nacional de Migraciones, expresó su disposición para volver al programa y conversar sobre la Política Nacional de Migración.

En este sentido, y destacando la participación de las organizaciones en cuanto al abordaje institucional de las migraciones, que indicó Thayer, Marcela Gillibrand, coordinadora Programática de Fundación Avina, precisó: “es fundamental que la sociedad civil organizada se involucre en el diseño, desarrollo e implementación de las políticas públicas en relación a la movilidad humana y los derechos humanos, debido a los cambios en este fenómeno e impacto que tienen en la vida de las personas. Entender estos procesos, nos brinda la oportunidad de participar de manera informada y promover que se respeten y garanticen los derechos de todas las personas, sin importar su estatus migratorio”.

El ciclo de programas “Agenda Nacional y Diálogos sobre Movilidad Humana”, es una iniciativa que se desarrolló, gracias a la alianza entre la Fundación Revista Sur, el Centro Gabriela Mistral (GAM), la Fundación Avina, y el proyecto “CRISOL: Movilidad Humana y Derechos”, este último financiado por la Unión Europea.

Escucha el Podcast, con la entrevista realizada a Luis Eduardo Thayer, aquí.