El Colectivo Sin Fronteras y la Coordinadora Nacional de Inmigrantes entregan carta al director del Servicio Nacional de Migraciones, Eduardo Thayer Correa, con demandas sobre la política migratoria, al cumplirse en la jornada previa del 18 de diciembre el Día de las Personas Migrantes. Igualmente ingresaron peticiones de niños, niñas y adolescentes en situación de migración que, por falta de documentación de sus países de origen, no tienen una alternativa para su regularización.
Denuncian el retroceso en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes, el aumento del racismo, la xenofobia, los discursos de odio, la persecución policial, la criminalización de la población extranjera y el aumento de irregularidad migratoria.
En la carta demandan la urgencia de la regularización migratoria de todas las personas migrantes y una transformación profunda en el rol del Estado y sus políticas públicas, para que se asuma el reconocimiento de las personas migrantes y refugiadas como sujetas de derechos y se resguarden sus derechos humanos.
La carta emana de los temas abordados en las diferentes actividades realizadas durante la Semana de las Culturas por una migración digna, que reunió a más de 18 organizaciones del 10 al 18 de diciembre, fecha en que se conmemora el Día de las Personas Migrantes.
CARTA ABIERTA ¡POR UNA MIGRACIÓN DIGNA!
Al Presidente de la República, Gabriel Boric Font.
A la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá Morales.
Al Director del Servicio Nacional de Migraciones, Eduardo Thayer Correa.
A las autoridades e instituciones públicas.
A la sociedad civil, nacional y migrante, sus movimientos sociales y organizaciones populares.
La conmemoración del Día Internacional de las Personas Migrantes, 2022 en Chile, nos encuentra con la amargura y el dolor de estar enfrentando el efecto de la crisis económica, política y de seguridad a nivel mundial, lo que afecta al país en que residimos y que se descarga particularmente sobre sus poblaciones más vulnerables, en particular las migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio.
En América Latina y en Chile estamos viviendo un grave retroceso en el reconocimiento de los derechos humanos como base fundamental de las sociedades y los Estados. En Chile, este año son ejemplos de ello: la muerte de 12 personas migrantes en frontera; el racismo que sigue cobrando víctimas en especial en la población afrodescendiente y de las disidencias sexuales; la incesante criminalización de la migración irregular -que en lugar de reconocer a las víctimas del tráfico de personas, las responsabiliza de su drama humano-; el avance de una agenda legislativa que pretende militarizar las fronteras y agilizar las expulsiones administrativas de quienes -en medio de las más grande crisis humanitaria regional de los últimas décadas- ingresaron por pasos no habilitados; la implementación de la nueva ley de migraciones que, en el contexto de migraciones forzadas en nuestra región, genera más irregularidad migratoria; la persecución policial y de algunas autoridades municipales a las personas que tienen como alternativas de subsistencia el ejercer el comercio ambulante; el incremento de los discursos demagógicos y de odio que responsabilizan a la inmigración por la falta de políticas efectivas en temas como seguridad o derechos sociales; la manipulación de los medios de comunicación hegemónicos para criminalizar la inmigración; y lamentables discursos políticos como el llamado a expulsar al ACNUR de Chile o negar el derecho a la educación de niñas y niños migrantes.
A pesar de los avances en la gestión de las solicitudes de visas desde el Servicio Nacional de Migraciones, aún son muy numerosos los niños, niñas y personas migrantes, refugiadas que se encuentran privadas de derechos ciudadanos mínimos, en medio de la desprotección y la incertidumbre, especialmente niños y niñas que no tienen documentos de sus países de origen y quienes esperan una regularización extraordinaria para resolver las enormes falencias y discriminaciones heredadas de las políticas migratorias del gobierno precedente, que generó la mayor irregularidad migratoria en Chile.
Frente a las expectativas de cambios constitucionales y de políticas públicas hacia la población migrante, en lo medular de todo ello, tenemos frustración. Duele además que, en medio de todo esto, las autoridades y organismos de derechos humanos del Estado no asuman cabalmente su rol en el resguardo de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas o generen acciones relevantes para promover el reconocimiento del amplio, variado y generoso aporte que significa la inmigración en Chile.
Frente a lo anterior, reclamamos la urgencia de la regularización migratoria de todas las personas migrantes y una transformación profunda en el rol del Estado y sus políticas públicas, para que se asuma el reconocimiento de las personas migrantes y refugiadas como sujetas de derechos y se resguarden sus derechos humanos. Demandamos que los organismos de derechos humanos asuman la defensa de las víctimas de violencia policial racista, así como a las instituciones públicas en su conjunto, que implementen protocolos y políticas para resguardar los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, en particular de los grupos de especial protección como niños, niñas, solicitantes de refugio, refugiados/as, mujeres, personas afrodescendientes y quienes son parte de la población LGTBQ+. Esto especialmente en las instituciones policiales y civiles, de salud, educación, vivienda, seguridad y justicia que, con su actuar e interpretación personal de la ley, pueden vulnerar los derechos fundamentales de las personas migrantes.
Junto con los demás pueblos que habitan Chile, a sus organizaciones sociales, políticas y culturales, a sus movimientos sociales y territoriales, las organizaciones de las comunidades migrantes y refugiadas, así como las organizaciones pro migrantes, reiteramos que seguiremos luchando, educando, organizando y movilizándonos por nuestros derechos y por una nueva institucionalidad, una nueva Constitución que nos consagre plenamente.
Resistiremos y denunciaremos públicamente la ofensiva que estigmatiza y criminaliza la inmigración, así como las posiciones de quienes se niegan a establecer una convivencia en base a la interculturalidad y a la equidad de todas las personas que habitamos Chile. Chile somos y la construimos todas y todos.
Persistiremos hasta conseguir la regularidad y la ciudadanía para toda la población migrante que hoy habita en Chile, porque NINGÚN SER HUMANO ES ILEGAL.
¡No más violaciones a los Derechos Humanos de las personas migrantes! ¡No más xenofobia y racismo estructural! ¡Justicia para las víctimas de la violencia policial!, ¡Justicia para las comunidades migrantes y refugiadas! ¡Por una regularización para todos, todas y todes! ¡Porque las vidas migrantes también valen!
Santiago, 18 de diciembre de 2022 “Día Internacional de las Personas Migrantes”
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