Esta semana se conmemoró el día internacional de las personas refugiadas, y claro que no es un día de celebración sino más bien de alerta. Alerta, porque son más de 100 millones de personas las que, cruzando o no una frontera internacional, se han visto forzadas a desplazarse por la fuerza.
No podemos ser indiferentes frente a esta realidad, y desde allí, vale la pena mirar cuál es la situación de nuestro país. En Chile, desde la creación de la ley 20.430, sobre protección de refugiados, hasta fines de 2021, 21.847 personas han solicitado asilo. De estas, 701 han sido reconocidas como refugiadas, rechazándose 6.912 solicitudes. Estas cifras no solo son preocupantes, sino que, si se suman a las trabas que las distintas administraciones han puesto a las personas que desean ingresar al procedimiento de asilo, impidiéndoles que su caso sea estudiado al establecer una fase de admisibilidad de la solicitud completamente ilegal, nos muestran un panorama poco alentador, vulneratorio de derechos y de desprotección.
A las falencias señaladas se añaden otras que son igual de graves: excesiva duración del procedimiento, problemas en la renovación del visado obtenido producto de estar en el proceso, e imposibilidad de la persona de ser representada legalmente.
Las personas refugiadas y solicitantes de asilo son personas que huyen de la violencia, la guerra o la persecución, y no decidieron dejar sus países sino hasta que la situación se volvió insostenible. Por humanidad y por obligaciones legales, el Estado tiene el deber de acoger a las personas, proporcionándoles por lo menos el derecho de ser escuchados bajo la garantía de un debido proceso, lo que solo se cumple cuando la persona ingresa, efectivamente, al procedimiento de asilo, y cuando este funciona bien.
En este día internacional de las personas refugiadas queremos hacer un llamado fuerte y claro a nuestras autoridades: la protección internacional debe tomarse en serio. Las prácticas de admisibilidad al procedimiento de asilo deben detenerse, y solo debe exigirse, para optar al estudio del caso, aquello que la ley explícitamente mandata. El procedimiento de asilo debe ser revisado en su totalidad y las personas deben gozar de su derecho a la defensa en todas sus aristas. Desde la sociedad civil estamos disponibles para colaborar con la autoridad en esta ardua tarea de mejoramiento de un proceso tan complejo como delicado.
Porque como dice la poetiza y refugiada somalí Warsan Shire, “nadie deja su hogar, a menos que su hogar sea la boca de un tiburón” y no podemos ser indiferentes frete a esto. Hoy como siempre, seguimos estando #ConLasPersonasRefugiadas.