Desde la Asociación Venezolana en Chile emitimos en el presente comunicado sobre la situación de la frontera norte del país en, relación a la aplicación de la práctica de “Reconducción” estipulada en la nueva Ley de Migraciones.
Según testimonios de personas migrantes, desde la mañana del domingo 13 de febrero, recibieron instrucciones del personal Carabineros y las Fuerzas Armadas apostados en la frontera de dirigirse al Complejo Fronterizo para realizar un trámite de autodenuncia, en el cual aquellos que resultaran con antecedentes serían devueltos a Bolivia.
Mientras no exista un plan de coordinación con los países limítrofes, las reconducciones, devoluciones en caliente o push backs (que dicho sea de paso están prohibidas en el Derecho Internacional), no podrán llevarse a cabo, ya que implica una vulneración del derecho a la libertad de tránsito establecida en la Constitución Política chilena vigente, así como del Derecho al Asilo consagrado en el Artículo 14 de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos.
Esto último ya que la “reconducción” como se está ejecutando, dificulta el acceso a personas, previamente reconocidas como población de interés del ACNUR en el año 2018 como lo es la población venezolana, que pudiesen necesitar protección internacional.
Esto sitúa a las personas migrantes que se encuentran en la frontera en una situación de vulnerabilidad y desprotección, ya que no han sido acogidas por Bolivia y cuentan con una restricción de ingreso a territorio nacional de 6 meses, impidiéndoles esto último al quedar varados la posibilidad de poder apelar a esta sanción. Recalcamos enfáticamente que bajo ningún concepto la “Reconducción” puede usarse como un mecanismo que facilite la expulsión colectiva de migrantes. Este hecho se encuentra prohibido en la Carta Africana de Derechos Humanos y los Pueblos en su artículo 12.
Así mismo, pedimos sean considerados en estos procesos de “Reconducción” con especial atención y abordaje a los niños, niñas y adolescentes migrantes que viajan con sus familias o sin acompañantes, para que las decisiones frente a sus casos y el de sus familias sean estudiados bajo el principio del bien superior del niño, niña y adolescente. Principio consagrado en la Convención de los Derechos del niño, suscrita por Chile en 1990.
La Asociación Venezolana en Chile se pone una vez más a disposición de las autoridades de gobierno para colaborar en una solución a la crisis migratoria y de refugiados integral y respetuosa de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Las decisiones unilaterales, solo traerán más consecuencias negativas para el país y todos sus habitantes.
También, señalamos que en este contexto de vulneraciones de derechos, denunciamos el hostigamiento y amenazas que perjudica actualmente a los defensores y activistas de la comunidad migrante, los cuales en estas últimas horas por redes sociales se han visto afectados, como es el caso de la abogada venezolana Pamela Celedon, quien ha venido cumpliendo con un trabajo intachable de comunicación hacia la comunidad migrante en Chile no
solo de sus derechos, sino también de sus deberes y obligaciones.
Es fundamental la implementación inmediata de mesas de trabajo integradas por el gobierno central, autoridades regionales (no solo los delegados presidenciales), organizaciones de la sociedad civil, gobiernos de toda la región, organismos internacionales y el empresariado, por lo que exhortamos a las autoridades correspondientes a no dilatar más la implementación de las medidas y así evitar la creación de “corralitos”, similares a los creados en la frontera entre México y Estados Unidos.
Hacemos un llamado a la población para abogar por la preservación de los derechos fundamentales de todas las personas, incluyendo población migrante y refugiada. El principio de igualdad ante la ley, así como el acceso a garantías de un debido proceso debe ser la base para la resolución de estos conflictos.
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