Distintos sectores políticos y sociales continúan repudiando los hechos xenófobos y racistas del pasado fin de semana, cuando grupos ultranacionalistas prendieron fuego a las pertenencias de personas inmigrantes que se encontraban de manera transitoria en Iquique.
Frente a los ataques fascistas, cuyas imágenes se viralizaron para ser noticia en el resto del mundo, movimientos sociales y organizaciones de personas migrantes y refugiadas en Chile, comenzaron a manifestar su rechazo en las calles, a la vez que cuestionaron la actual política migratoria, el rol del Estado que debe garantizar los derechos humanos, así como la inoperancia de la fuerza pública para proteger a las familias migrantes y evitar su persecución.
“Ante la desprotección y constante vulneración de derechos, nos levantamos junto al pueblo chileno en distintas jornadas de movilización, para repudiar todo ataque fascista que se cometa contra nuestras comunidades. Insistimos que ante la crisis humanitaria se requiere de una respuesta humanitaria por parte del Estado, orientada a permitir la regularización de personas migrantes y solicitantes de refugio, sin exclusiones”, indicó en un comunicado, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile, al compartir una agenda de concentraciones y marchas en diferentes localidades, durante la semana y que culminan el 3 de octubre, en Santiago.
A las movilizaciones también se han ido sumando campañas de solidaridad para reunir donaciones a las familias afectadas, como las que realizaron la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá, AMPRO, o la del Canal La Red y la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, entre otras.
Necesidad de un enfoque de derechos y regularización
Vanessa González, presidenta de la Coordinadora, expresó: “responsabilizamos al gobierno central y las autoridades en materia migratoria por generar políticas que buscan perseguir, reprimir y criminalizar a las comunidades inmigrantes. La situación sigue siendo dramática, las personas migrantes en situación de extrema vulnerabilidad siguen siendo desalojadas de los espacios, además las organizaciones migrantes y de derechos humanos están siendo amenazadas”…
La situación descrita coincidió con la conmemoración del séptimo aniversario de la organización, por lo que presentaron un manifiesto a la opinión pública.
“No podemos celebrar, porque nos encontramos aún más en un escenario completamente adverso para las comunidades inmigrantes en Chile; en donde la deshumanización, la criminalización, la discriminación, el racismo y la xenofobia hacia las personas inmigrantes y refugiadas ha sobrepasado todos los niveles posibles… Las denominadas autoridades en materia migratoria y las políticas que se han implementado se han privilegiado de un enfoque securitario y de interés nacionalista, por sobre el de derechos humanos, institucionalizándose la discriminación e instalándose un estado policial sobre los cuerpos de las personas migrantes”, se lee en el documento.
Así, las declaraciones emanadas de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes no fueron las únicas que surgieron en la coyuntura, Jan Jarab, representante de la ONU Derechos Humanos en América del Sur, respondió a CNN Chile, para rechazar los actos violentos y anunciar que se estaba preparando un plan en materia de migración con base en derechos humanos y asistencia. Acto seguido la Comisión Interamericana de DDHH, también condenó los hechos, y pidió al estado chileno “adoptar medidas urgentes para prevenir y eliminar prácticas de xenofobia, así como observar los principios que rigen el uso de la fuerza”.
Luego de varios días sin respuestas concretas, y ante la presión de distintos sectores políticos, academia y sociedad civil organizada, para atender de manera oportuna la compleja situación, el gobierno central anunció una serie de acciones a seguir, haciendo énfasis en Colchane e Iquique.
Refuerzos en seguridad fronteriza, centros de acogida y albergues, y lugares de Estadía Sanitaria Transitoria de Alta Capacidad, testeo y aislamiento en la zona, fueron algunas de las medidas que presentó el gobierno, a través de Rodrigo Delgado, ministro del Interior, en compañía de otros Ministerios.
Frente a estos anuncios, Waleska Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, SJM, pidió al Estado que reconozca la crisis humanitaria y la detención de las expulsiones colectivas e ilegales, señalando que estas han contribuido a la estigmatización de la población extranjera.
“Necesitan tener permisos o visas y, en este caso –por la situación de Venezuela– acogerlos como personas con posibilidades de reconocerse como refugiados. Nosotros creemos que esa debiese ser una de las respuestas más resolutivas de la situación”, precisó.
Los acontecimientos en el norte de Chile, ocurren durante un registro histórico que da cuenta de un incremento de personas migrante por pasos no habilitados. En un reciente informe del SJM, gracias a datos entregados por la PDI, se expone que en el 2010, “ingresaron 415 personas, luego el 2015 lo hicieron 1.779, en el 2019 lo hicieron 8.048, en el 2020 ingresaron 16.848, para llegar con la cifra récord de 23.673 sólo entre enero y julio de 2021, y que podemos proyectar hasta fin de año con un número histórico, sin precedentes y preocupante”.
“Este aumento, se presenta en el contexto de medidas administrativas que restringen el acceso regular, intensificadas por el cierre de fronteras producto de la pandemia por Covid-19 y la crisis humanitaria y política en Venezuela y en otros países de la región como Haití”, se indica en la descripción del estudio.
En la actualidad la mayor tendencia migratoria en Chile, es de origen venezolano. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, a diciembre de 2020, habían 1.462.103 personas extranjeras, de las cuales un 30,7%, corresponde a dicha nacionalidad, mientras que Perú tiene un 16,3%, Haití 12,5%, Colombia 11,4%, y Bolivia 8,5%.
