Ayer, 25 de septiembre de 2021, en la ciudad chilena de Iquique se vivió una jornada de barbarie, una ola de racismo y xenofobia impulsada por el gobierno y autoridades afines, para fomentar la división entre la población del norte, utilizando políticamente a las personas migrantes vulneradas, en un periodo preelectoral.
El responsable de facilitar y propiciar las condiciones para la proliferación de los discursos y prácticas racistas y xenofóbicas ha sido el Estado de Chile a través de: la criminalización de la migración, la política migratoria carente de derechos, la violencia de los desalojos, su política ilegal y arbitraria de expulsiones colectivas, la inacción en adoptar las políticas necesarias a nivel local y el no atender a las alertas emitidas por las organizaciones migrantes y promigrantes, las universidades, ni siquiera se tomó en cuenta a las municipalidades. Estos aspectos son parte del contexto que dan pie a la acción de grupos que incitan al odio y a la polarización.
También debemos denunciar la complicidad de las fuerzas policiales que no protegieron a las personas agredidas y dejaron actuar al salvajismo agresor contra familias, entre ellas niños, niñas y mujeres embarazadas, por su condición de personas migrantes y empobrecidas.
Se requiere con urgencia una respuesta humanitaria en que la Municipalidad de Iquique, junto con otras instituciones gubernamentales y con la participación de las organizaciones sociales, gestionen albergues y refugios para quienes han sido desalojados, considerando que, además, entre las personas desalojadas y violentadas el día de hoy, se encuentran más de 100 niños y niñas junto a sus familias. Crear estos espacios protegidos es una tarea fundamental y primordial ante las amenazas, la persecución, las quemas de carpas y de las pocas pertenencias con las que contaban las familias.
Como organizaciones sociales exigimos garantías básicas para la regularización inmediata de las personas migrantes y sus familias, así como el reconocimiento de la calidad de refugiados, pues de esta forma, las personas podrían optar a trabajos y vivir dignamente.
Hacemos un llamado a todos los organismos de derechos humanos y de la sociedad civil, nacionales e internacionales, y a la comunidad consciente, a visibilizar, denunciar, tomar medidas y atención sobre esta problemática, a solidarizar con las familias y denunciar la violencia institucional, el racismo estatal, así como también, las prácticas racistas y xenófobas que pueden proliferar en nuestra sociedad a partir de su impunidad y complicidad.
Firman:)
Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes
Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá – AMPRO Tarapacá
Si desea firmar la declaración:
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