Esta semana la Coordinadora Nacional de Inmigrantes se sumó a la Huelga General del 30 de abril, y como acto previo, realizó una intervención performática en espacio público, en repudio y respuesta a las expulsiones colectivas ilegales que ejecuta el gobierno.
Usando overoles blancos, una larga fila de personas con consignas referentes a la migración y derechos humanos, caminó alrededor de la Plaza de Armas de Santiago, simulando los actos de deportación que realiza el gobierno con personas migrantes, antes de abordar el avión.
Durante las declaraciones a la prensa, Catalina Bosch, vocera de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, y candidata a la Convención Constitucional por el distrito 9, manifestó: “a través de este acto repudiamos las expulsiones porque fueron arbitrarias e ilegales, desconocieron los derechos humanos de las personas migrantes. Este gobierno criminaliza la migración, a las mujeres migrantes, por eso llamamos a todas la fuerzas políticas, movimientos y personas, que en Chile, están comprometidos con los derechos humanos, a que se sumen a nuestro clamor por derogar esta Ley de Migración, por una regularización migratoria sin exclusiones, en el contexto de una pandemia que ha azotado gravemente a nuestros pueblos, y por incorporar el derecho a migrar, de las personas que han llegado a Chile, y de chilenos que están en el exterior”.
Acto seguido, Manuel Hidalgo, también vocero de la organización, y candidato constituyente por el distrito 10, expresó: “este gobierno no ha demostrado ninguna sensibilidad con el drama y necesidad del pueblo trabajador, los pueblos originarios, el pueblo mapuche, ni con la crisis humanitaria de las personas migrantes, que buscan estar al lado de sus familias”.
“Se expulsa, a pesar de que en su ley de migraciones ha puesto algo que es letra muerta, que dice que la migración no puede ser causa de delito, pero los expulsa junto a personas que han delinquido para criminalizarlos ante la opinión pública, para desinformar. Además incumple su propia ley que había dado un plazo de 180 días para que las personas que ingresaron por pasos no habilitados pudieran salir del país y solicitar una visa para regresar”, agregó Hidalgo.
En tanto, Karina Nohales, vocera de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, y candidata a la Convención Constitucional por el distrito 10, quien se sumó a la intervención, se pronunció: “Sebastián Piñera por cadena nacional declaró la guerra al pueblo y hoy a través de su política de criminalización ha declarado la guerra a los pueblos y a las personas migrantes que viven acá. Eso exige, por supuesto una política de unidad frente a un gobierno criminal que se sostiene en la represión y en base a una política de miseria, nosotras, como siempre, desde un feminismo internacionalista, volvemos a afirmar que ninguna migrante es ilegal. Chilena o extranjera, la misma clase obrera”.
Al ser consultada por la actividad, Vanessa González, presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, de igual manera, señaló que, “el gobierno no quiere seguir estándares mínimos de derechos humanos, ni sus propias normativas contempladas en la nueva ley”.
“Quedan por fuera más de 30 mil personas que ingresaron por pasos no habilitados y que no podrán acogerse al proceso de regularización iniciado por el gobierno. Exigimos que se respeten los derechos humanos de quienes migran, que cesen las expulsiones, y que se revise el accionar de las cortes de apelaciones, en particular la de Iquique, porque las respuestas tardías a los recursos dan cuenta de una ausencia de justicia”, precisó González.
Expulsiones
La acción de calle se llevó a cabo, a pocos días de la última deportación de 55 personas extranjeras (40 de ellas por razones administrativas, y 15 con expulsiones judiciales), y que se realizó el domingo, 25 de abril. Este hecho provocó una vez más, el repudio de distintas organizaciones, al señalar que estas medidas constituyen una grave violación de los derechos humanos de personas inmigrantes por parte del Gobierno de Chile, del Ministerio del Interior, la Subsecretaría del Interior y la Policía de Investigaciones de Chile.
En la Coordinadora Nacional de Inmigrantes han declarado que el procedimiento de detención de inmigrantes fue aleatorio, no se respetó el debido proceso, y a los detenidos no se les permitió ejercer su derecho a la defensa y en algunos casos los dejaron incomunicados. Tampoco se consideraron las garantías constitucionales ni el derecho a la suspensión de las expulsiones que es reconocido por la convención internacional para la protección de los trabajadores migratorios y sus familias. El gobierno, por su parte, anunció que este es el primero de 15 vuelos de expulsión.
Nueva Ley de Migración y Extranjería
Luego de ser promulgada y publicada en el diario oficial la nueva Ley de Migración y Extranjería, la organización sostuvo que la normativa es un retroceso en derechos humanos, «mantiene el inconducente propósito de instalar un sistema de migración selectiva, segregacionista, al mismo tiempo que refuerza instituciones cuestionables y legaliza la arbitrariedad, así como establece mecanismos que promoverán la irregularidad migratoria, convirtiéndola en sistémica».
“El establecimiento de la visa consular para todas las personas que deseen venir a residir y/o trabajar en Chile implica un mecanismo de discriminación. Sólo podrán obtener visa o residencia las personas que cumplan con los requerimientos que unilateralmente fije la autoridad migratoria y que excluirán a la mayoría de los trabajadores que necesiten o se vean forzados a migrar a Chile”, se lee en una reciente declaración de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes.
