En el marco del COVID-19, la situación que viven las familias migrantes en Chile es alarmante, a este contexto se suma el arrastre de años de políticas públicas que develan un desprecio institucional a quienes por derecho y como acto político deciden emigrar hacia este país. Una política que a través de un discurso cordial y de preocupación encubre la verdadera orientación racista y xenófoba. Las miradas críticas de estas ideas recaen sobre la institucionalidad y las formas que pueden llegar a ser calificadas de “inhumanas” respecto al trato que recibe la población migrante que reside en Chile. Lejos de generalizar, el argumento busca develar algunas desigualdades regionales provocadas por el enfoque centralista que concentra la elaboración de políticas públicas y la toma de decisiones en la región Metropolitana.
A menudo, desde el plano institucional nos llaman ilegales, pero ¿por qué nos juzgan de este modo si las propias instancias encargadas de atender los asuntos migrantes no cuentan con mecanismos operativos que realmente ayuden a solucionar infinidad de casos vinculados a la regularización? Es ahí, cuando hace unos días al revisar los espacios de difusión y canales para acceder a la regularidad se encontró que tales espacios carecen de eficiencia. Su diseño no contempla un enfoque de derechos que permita avanzar en los distintos procesos, además, la calidad virtual que caracteriza la coyuntura actual de COVID-19 permite el acceso para realizar trámites por esta vía sólo a la población migrante que radica en Santiago, sin contemplar a las demás regiones en esta modalidad de atención.
Los Departamentos de Extranjería regionales no cuentan con la opción virtual para determinadas gestiones, optaron por que éstos se mantuvieran como regularmente se ha venido haciendo a partir de solicitar una cita previa vía internet, no obstante, al menos para la región de Valparaíso, no hay citas disponibles y los usuarios quedan en espera en una lista de asignación sin mayor información al respecto. Esto, no sólo muestra una desigualdad entre regiones, sino indicios de exclusión y el desconocimiento de las demandas y problemáticas que atañen a la población migrante, quienes, en muchos casos, requieren permisos de trabajo, prórroga de visado y en lo general acceder a una pronta regularización. Entonces, el foco del problema no está en el pueblo migrante, sino en la indolencia del Estado y las instituciones para atender esta situación.
Otra preocupación se refiere al trato inhumano que el personal administrativo, de control y vigilancia ofrece a las personas, regularmente se observan posturas prepotentes y fuera de lugar, con regaños a los migrantes, soslayando su responsabilidad en tanto unidad que debiera presumir de un enfoque de derechos. Ante la realidad que se vive en otras regiones respecto a la región Metropolitana, al dirigirse hacia las oficinas de Extranjería en Valparaíso para preguntar sobre diligencias de regularización, muchos usuarios encuentran que el departamento está cerrado, y la persona encargada de dar el aviso no cuenta con la capacitación requerida para resolver las posibles dudas, a lo mucho se les dice que en las rejas colocadas en la entrada de la Intendencia hay números telefónicos de servicio y que en resumidas palabras todo se ha canalizado a Santiago, que él no sabe qué hacer, todo esto ante la mirada vigilante de un carabinero. Así, sin posibilidades de diálogo, no queda más que retirarse para evitar una reacción por parte de los funcionarios de seguridad debido a sus conductas poco tolerantes y reaccionarias manifiestas en los últimos tiempos.
Los números indicados tampoco proporcionan información que reduzca el estado de angustia, por lo que las personas que requieran de una regularización a corto plazo quedan a la deriva. De antemano, se entiende que por el entorno de pandemia muchos trámites y atenciones se han pospuesto y retrasado, sin embargo, el telón de fondo sobre la conformación de este módulo para migrantes queda develado en tanto no contempla una alternativa viable que coadyuve a generar respuestas puntuales, y que por lo menos, sirvan de tranquilidad para quienes lo demanden.
Es importante señalar, que, con el anuncio de la cuarentena total en Valparaíso, las rutinas, quehaceres y tareas de un gran número de personas se alteran, la planeación cotidiana sufre un vuelco debido a la manera acelerada en que se anuncia la decisión. Esto afecta sobremanera a la población migrante, las incertidumbres se acrecientan y eso genera estragos en los canales para obtener el sustento, pero también en la salud mental, ya que las preocupaciones crecen y la estabilidad emocional se inquieta ante la falta de respuestas y poder realizar los trámites de regularización antes de que el permiso de trabajo o visa se venzan y así, poder garantizar un mínimo de estabilidad en medio del huracán sanitario que acecha a la humanidad.
Finalmente, aunado a la pandemia y la cuarentena, persiste un sistema de competencia directa que hace más difícil conseguir un empleo, así como políticas inclusivas en el discurso pero que en la práctica exponen un talante de exclusión, racismo y xenofobia, lo que provoca un constante menoscabo de derechos de la población migrante. Por ello, tomando en cuenta las dificultades mostradas en este texto, es necesario una respuesta inmediata de las autoridades para atender lo urgente en sus diferentes formas, pero también, para repensar lo importante respecto al enfoque y la perspectiva de las políticas migrantes.
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