Un requerimiento fue presentado ante el Tribunal Constitucional, por parte de distintas organizaciones sociales y parlamentarios, señalando serios problemas de inconstitucionalidad respecto a trece artículos en particular. Con este documento se espera eliminar las normas impugnadas del cuerpo legal en caso de ser acogido, ya que, si bien la ley ya fue despachada, aún no ha sido publicada en el Diario Oficial.
En total son 13 los artículos que se pretenden impugnar. Entre ellos destacan la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes. “No hay una protección a la niñez cuando esta acompaña a una persona que es retornada o es expulsada y además, desconoce la competencia que tienen los tribunales de familia para adoptar las medidas de protección que correspondan” comentó Cristian Orrego del grupo de Incidencia PL2020.
Además, según el documento, “se crea el Servicio Nacional de Migraciones, sin embargo, mantiene la potestad al Subsecretario del Interior de expulsar a extranjeros sin una causa legal definida, sino meramente por “razones de seguridad interior o exterior”, que calificaría él mismo, por sí y ante sí”.
Respecto al requerimiento, Eduardo Cardoza de la organización Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, manifestó: “Compartimos la necesidad de actualizar la normativa migratoria de Chile. Sin embargo, nos parece que el proyecto de ley impulsado por el gobierno del presidente Sebastián Piñera no avanza en el sentido correcto. Muy por el contrario, algunas de las normas propuestas representan graves restricciones a los derechos fundamentales de las personas migrantes y, entre ellos, de niños, niñas y adolescentes. Otras, por su parte, contravienen principios básicos que rigen los procedimientos administrativos sancionatorios, así como el principio de reserva legal”.
“En definitiva, lo que hace esta ley es mantener y aumentar los espacios de discrecionalidad, lo que deja la cancha abierta a que se tomen medidas desproporcionadas, le entrega mayores atribuciones a las policías y al Ministerio del Interior, y abre la puerta a que en nuestro país se vulneren derechos fundamentales y acuerdos internacionales, sobre todo considerando el carácter humanitario de los flujos migratorios actuales tanto en la región como hacia Chile. Hoy, por ejemplo, está demostrado que el establecimiento de visas consulares y otras restricciones aumenta la migración irregular, lo cual representa un contrasentido para lo que debiera ser la protección de todas las personas por parte de los países, sean de origen, tránsito o destino”, concluyó Catalina Bosch, en nombre de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes.
El requerimiento fue presentado por la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y promigrantes , la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, el Colectivo Sin Fronteras, la Central Unitaria de Trabajadores, Rizoma Intercultural, el Colectivo Migra de Talca, el Núcleo de Estudios Criminológicos de la Frontera (UNAP), la Catedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, 41 parlamentarios, y los abogados constitucionalistas Patricio Zapata, Martín Canessa, Jaime Bassa y Jaime Gajardo.
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