La Asociación Venezolana en Chile manifiesta su preocupación por las denuncias de rechazo y cierre masivo de solicitudes de Visa de Responsabilidad Democrática el pasado 11 de noviembre de 2020. Realizado sin previo aviso y sin un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
Varios solicitantes informaron haber recibido un correo donde se les informaba el cierre de su solicitud, y por tanto la negativa para obtener su visado; alegando que debido a la emergencia sanitaria internacional causada por el COVID-19 el tiempo exigido para la finalización del trámite había sido excedido, y en cumplimiento con recientes sentencias remitidas por Tribunales de Justicia, sumado al cierre de fronteras como medida para controlar el COVID – 19, se decidió dar por cerradas las solicitudes.
Por lo antes mencionado, expresamos nuestro rechazo a esta medida por considerarla arbitraria y contraria a los actos, procesos, y compromisos de la administración chilena.
Un rechazo masivo va contra la evaluación individual que cada caso amerita, y no brinda alternativas a las personas que a pesar de todas las dificultades que enfrentaron para poder realizar sus solicitudes, se les cierra una de las pocas vías legales para que las personas venezolanas puedan ingresar a Chile impidiendo el derecho humano a la reunificación familiar de miles de familias que se encuentran divididas a causa de la migración forzada venezolana motivada por la emergencia humanitaria más compleja que ha experimentado nuestra región, la cual en múltiples oportunidades ha sido reconocida por el gobierno de Chile.
Estas medidas incentivan la migración irregular, poniendo en riesgo la integridad de miles de personas que están en búsqueda de mejores condiciones de vida y reunirse con sus familiares, incrementando sus niveles de vulnerabilidad al ser propensas a diversos tipos de abusos, crímenes y violaciones a sus derechos humanos, como el tráfico de personas para explotación sexual y laboral; sin olvidar los efectos desproporcionados que estas decisiones tienen sobre las mujeres, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, que en estos momentos conforma el perfil de los migrantes venezolanos.
Señalamos que esta decisión es contraria a la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago Rol N° 55.669-2020 en fecha 26 de octubre de 2020 y no es compatible con los principios, obligaciones y compromisos internacionales de los derechos humanos de los cuales el Estado de Chile es parte, incluyendo los compromisos adquiridos de manera voluntaria en El Proceso de Quito del cual Chile asumió recientemente la presidencia pro tempore.
Recordamos que toda resolución debe cumplir con la debida fundamentación tanto de hecho como de derecho, de acuerdo con lo que dispone el artículo 41 de la Ley 19.880 sobre “Base de los Procedimientos Administrativos”, que exige que «Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”.
En virtud de lo antes mencionado llamamos al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile a no seguir realizando actos como este que son arbitrarios, perjudiciales e incluso discriminatorios. De igual forma, solicitamos explicar las motivaciones y sustento de esta decisión y, presentar alternativas a todos los solicitantes que se vieron afectados por esta medida.
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