De aprobarse el proyecto, el país contará con una ley de migraciones que institucionalizará la irregularidad migratoria y promoverá la precarización laboral.
Después que el Senado despachara el Proyecto de Ley de Migración y Extranjería a fines de septiembre con importantes modificaciones respecto al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados el 16 de enero de 2019, organizaciones migrantes y de derechos humanos denuncian que el proyecto de ley de migraciones viene configurando un escenario más adverso a los derechos humanos de migrantes, que en el propio contexto de dictadura. Esto aún a pesar de que el Proyecto haya pasado a Comisión Mixta para incorporarse cambios, los temas más relevantes no podrán mejorarse.
De aprobarse el proyecto en su actual estado, señalan, el país contará con una ley de migraciones que institucionalizará la irregularidad y mecanismos de acceso precarizado al mercado de trabajo para las personas migrantes. Además de implicar la renuncia a una política con enfoque de derechos, supondrá el reforzamiento de las condiciones que mantienen el racismo y la desigualdad actual.
Según las organizaciones, una Ley de Migraciones debe considerar el respeto de los estándares internacionales de derechos humanos para las personas migrantes y sus familias, el principio de no discriminación, la garantía de regularidad, la seguridad, la igualdad de condiciones para el acceso al trabajo, y el reconocimiento incondicionado de los derechos sociales, civiles y culturales.
Denuncian que el proyecto no cuenta con un mecanismo de regularización ordinario ni extraordinario para toda la población en situación de irregularidad migratoria; prohíbe el cambio de categoría migratoria en el territorio nacional; no incorpora el Acuerdo de Residencia Mercosur; establece una moratoria de dos años de residencia para acceder a derechos sociales con cargo fiscal; vulnera el principio al debido proceso, en relación a los procedimientos de expulsión de adultos y de retorno asistido de niños, niñas y adolescentes no acompañados; establece un plazo de detención de personas migrantes sin control judicial de 48 horas; no garantiza la reunificación familiar para todos los tipos de familias, incluidas las homoparentales; no consagra el principio de no devolución para solicitantes de asilo, refugiados y sujetos de protección complementaria, ni establece procedimientos adecuados para hacer efectiva esta protección; establece restricciones inconstitucionales para ejercer el derecho a sufragio; no garantiza el derecho a participación de las organizaciones migrantes y pro migrantes en la adopción de políticas migratorias y otras medidas que les afecten, entre otros temas.
Asimismo rechazan el rol que ha tenido el ejecutivo en sostener un abordaje punitivo, castigador de las y los migrantes con medidas implementadas desde el año 2018 y que, desde los propios datos que el gobierno ha difundido oficialmente, han traído a la par, un incremento no visto previamente de ingresos de migrantes por pasos no habilitados, aumento de casos de trata y tráfico de migrantes y, desde lo que observan como sociedad civil, un sostenido proceso de irregularidad estructural.
Las organizaciones se manifiestan en alerta a rechazar nuevas acciones desde el gobierno en contra de los derechos de las personas migrantes. Adhieren: Corporación Colectivo Sin Fronteras; Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados, UDP; Rizoma Intercultural; Colectivo Migra de Talca; Secretaría de Mujeres Inmigrantes; ONG Hijas e Hijos del Exilio Chile; Centro Cultural y Político Casa Bolívar; Centro de Orientación Migratoria; Colectiva Migrante Casablanca; Oficina Comunal de Migrantes Ilustre Municipalidad de Valparaíso; Programa Bienvenidos – Fundación Gente de la Calle; Fundación Instituto de la Mujer; Comité Educacional de la Coordinadora Feminista 8M; Observatorio de Violencia Institucional en Chile; Brigada Migrante Feminista; Organización de Colombianos Refugiados en Chile; Archivos Migrantes; Colectividad Peruana La Flor de la Canela; Movimiento de Pobladores Vivienda Digna Arenales de Antofagasta; TRAMA, Tejido Migrante; Comité de Vivienda Por un Santiago Multicolor; Núcleo de Estudios Criminológicos de la Frontera de la Universidad Arturo Prat; Fundación Praxis de Tarapacá; Red de Periodistas y Comunicadorxs Migrantes; Junta de Vecinas y Vecinos El Progreso; Instituto de Estudios Internacionales Inte; Foro por el derecho a la educación pública.
*Nota Colectivo Sin Fronteras