*Foto de portada: Lucas Urenda
La precariedad laboral y la inestabilidad, en el contexto del Covid-19, continúan siendo razones de peso para que familias migrantes deseen regresar a sus países de origen, y por lo cual tocaron las puertas de consulados y embajadas en los últimos meses.
Si bien hay grupos que ya han sido trasladados a albergues, y otros han logrado regresar a sus países, en Santiago y otras ciudades de Chile persisten los casos de personas, de distintas nacionalidades, atravesando una difícil situación, que se agudiza con el paso de los días, a pesar del desconfinamiento gradual que inició el gobierno nacional. Niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores conforman también este contexto.
Es de conocimiento público, por reportes y denuncias de organizaciones sociales, que la vulneración de derechos se ha acentuado, siendo la población migrante, una de las más expuestas a los abusos y la precarización en distintos ámbitos de la vida. La falta de redes de apoyo, el desempleo, la barrera del idioma, el racismo, la discriminación y la irregularidad a la que se ven sometidas muchas personas migrantes, por las restricciones burocráticas para acceder a una visa, las impulsa a buscar el retorno al lugar donde se sientan más seguras.
Ante esta situación que se vive, tanto en Chile, como en otras partes del mundo, el movimiento social persevera en la reivindicación de derechos para exigir a los Estados que garanticen el retorno seguro a quienes desean volver, y la regularización de quienes se desean quedar, pero hay posiciones encontradas en un país, donde la tensión por las tendencias migratorias ha aumentado en los últimos años.
Hasta la fecha, la Red de Periodistas y Comunicadores Migrantes, ha visibilizado los casos de varios grupos de personas que han podido cruzar a países fronterizos, luego de la presión social, sumada a múltiples gestiones y recursos legales interpuestos, además de los planes de vuelos humanitarios, que han permitido el retorno a naciones más lejanas, y a su vez el regreso de chilenas y chilenos que estaban en el exterior. Sin embargo los casos de migrantes que están en situación de calle o con un sustento cada vez más limitado, siguen en ascenso; los albergues son insuficientes y las personas denuncian que no cuentan con los recursos para adquirir un cupo en las opciones de retorno que se están presentando, cuyos costos no son menores.
Los hechos demuestran que mientras no se garantice la regularidad migratoria, los vuelos de retorno no sean humanitarios, y no haya una cooperación clara para el retorno a países limítrofes que mantienen sus fronteras cerradas, las embajadas y consulados seguirán siendo puntos de encuentro donde las personas migrantes, en su desesperación e incertidumbre, acudan para reclamar una solución que el país de acogida no les da.
