El ministro del Interior propició la semana pasada una reunión junto al ministro de Relaciones Exteriores, los subsecretarios de Interior y Defensa[1] y los encargados de la política migratoria del gobierno de Piñera, para expresar y reiterar la política migratoria “oficial” del gobierno que, afirman, busca una “migración ordenada, segura y regular”.
En palabras del ministro, motivó esta reunión el que, en el Senado, “la oposición ha incorporado dos indicaciones que alteran sustancialmente el proyecto de ley del gobierno” y de aprobarse, afirma Víctor Pérez, “pasaríamos a política migratoria desordenada, irregular y muy poco segura”. Y los apremia el que esta semana se verá en el pleno del Senado la votación de tal proyecto de ley.
El gobierno bajo el que se ha propiciado la mayor cantidad de migración irregular jamás registrada en Chile[2], bajo el que se ha dilatado y complejizado más los trámites para que las personas migrantes puedan acceder a su derecho a regularizarse y ser reconocidas como sujetos de derecho, tiene el descaro de desatar una ofensiva comunicacional en estos términos. Como si fuese el campeón de la lucha por la migración ordenada, segura y regular. Como si no fuese el gobierno que se negó a firmar el Pacto Mundial de Migración que establece, justamente, las pautas de política para una “migración ordenada, segura y regular”. Junto a otros gobiernos -como el de Donald Trump- que se reputan por ser antiinmigrantes. El diablo vendiendo cruces.
¿Qué dicen los estudios sobre las causas de la magnitud que ha alcanzado la migración irregular en Chile?
“Al analizar la experiencia chilena se observa que han sido múltiples factores los que han incidido en el aumento de población migrante en situación irregular, siendo algunos de los más relevantes la demora excesiva en los procesos de tramitación de visados; una institucionalidad y legislación migratoria obsoletas frente a un contexto de mayor migración hacia el país; cargas excesivas para el empleador que desea formalizar un vínculo laboral con extranjero que operan como desincentivos a la contratación; falta de fiscalización a empleadores; y el aumento de ingresos de personas al país por pasos no habilitados como consecuencia del endurecimiento de requisitos de ingreso, entre los principales”[3]
Es decir, todos y cada uno de los factores que caracterizan al presente la política migratoria del gobierno de Sebastián Piñera.
Peor aún, en medio del desconocimiento público y en ausencia de un amplio debate ciudadano, el gobierno pretende en esta ley establecer la visa consular como mecanismo único y excluyente para toda persona que quiera inmigrar a Chile con propósitos de venir a trabajar en el país. Práctica que hoy ya está vigente, por disposición administrativa adoptada justamente en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. En 2012 para la inmigración dominicana y cubana y en los últimos dos años para la inmigración haitiana y venezolana.
¿Qué resultados ha tenido esta política? El informe que hemos citado los dice: “del total de ingresos clandestinos de la última década, el 50% se ha producido los últimos dos años con la nueva política migratoria del gobierno; han proliferado las redes de tráfico de migrantes en la frontera chilena y se ha perpetuado a la irregularidad a personas migrantes, lo cual tiene potencial desestabilizador en el mercado laboral (reducción de salarios para personas en situación irregular) y menores ingresos para el fisco.”[4]
En su afán de justificar el proyecto, el ministro Pérez alude a lo acontecido durante los años 2016 y 2017, con el inusitado incremento de la inmigración haitiana[5], las que dice “sufrieron las consecuencias de esa entrada irregular”. Totalmente equivocado el ministro. Esas personas entraron regularmente, casi en su totalidad por el aeropuerto Merino Benítez, pasando el control migratorio allí existente. Otra cosa es interrogarse si no se configuró parte de ese incremento con redes de tráfico de personas, que alentaron, promovieron y organizaron ese notorio flujo, ante la mirada impávida de las autoridades.
Así parece indicarlo la existencia de dos líneas aéreas que operaron en esos años -la haitiana Sunrise Airways y la chilena LAW- casi exclusivamente para el trayecto Puerto Príncipe-Santiago y respecto de las cuales hubo una sospechosa permisiva conducta de la Dirección General de Aeronáutica Civil, amén de la inacción de las autoridades migratorias chilenas de la época. La aerolínea LAW, en particular, desapareció a mediados de 2018, dejando sembrada más de una pregunta y numerosas dudas respecto de la DGAC y de las autoridades migratorias de esos años[6].
Sólo en agosto de 2017[7], luego de que el director general de Asuntos Consulares y de Inmigración de la Cancillería, Carlos Appelgren, declarara ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados que Sunrise Airways, lo mismo que LAW, estaban sospechadas de participar en “redes de tráfico de migrantes haitianos a nuestro país”, la DGAC se puso más estricta y puso límites a la operatoria de la línea aérea haitiana con aviones de la sudafricana Global, que la llevaron a posteriori a dejar de lado su trámite para operar como tal en Chile.
Por su parte, las autoridades haitianas, en septiembre de 2017, suspendieron el permiso de LAW para operar en su país, sustentadas en un principio de “reciprocidad”[8]. Medida que la aerolínea chilena burló ofreciendo pasajes entre Santo Domingo (República Dominicana) y Santiago, con una rebaja en el costo de los pasajes.
De modo que la referencia a esa “oleada migratoria” haitiana hecha por el ministro Pérez no sirve para cuestionar o invalidar el mecanismo de cambio de la categoría migratoria de personas que ingresan a Chile como turistas, que ha venido operando desde 1975. Ni mucho menos para justificar, a partir de ello, la imposición por ley de una visa consular para toda persona que desee migrar a Chile con propósitos de trabajar.
El ministro Pérez y las autoridades migratorias revelan su aporofobia (su rechazo visceral a los inmigrantes pobres) tras expresiones como las que señalan que esos migrantes haitianos muchas veces “no sólo afectaron a la población chilena en términos de empleo, sino que afectaron a los territorios y los municipios que tenían que darles atención de salud, de educación, sin contar con los recursos para ello”.
Por el contrario, esa inmigración haitiana de los años 2016-2017 se encontró con un país con el más bajo ciclo de crecimiento desde el término de la dictadura, por lo que no llama la atención que el Banco Central reconociera que “La tasa de desempleo de inmigrantes llegados después del 2016 casi triplica la de los extranjeros que entraron antes de esa fecha”, que se situaba en torno al 7,5% comparado al 7,0% de los chilenos, según el Censo de 2017[9].
El ministro del Interior repite así lugares comunes que son tremendas mentiras con las que se pretende confundir a la población chilena y ganar adeptos con una postura “nacionalista”, en medio de una crisis enorme y en la que la población inmigrante -incluyendo a la haitiana-, ha contribuido con su trabajo, sus impuestos, su compromiso social y su aporte cultural a hacerle frente.
Así también lo destacan los estudios del Banco Central de Chile, que concluyen: “La inmigración reciente a Chile constituye un fenómeno económico relevante en un horizonte de tiempo relativamente corto. Esto tiene consecuencias para la capacidad de crecimiento de la economía chilena y la evolución del mercado laboral. Este documento muestra que, en varias dimensiones, los inmigrantes son, en promedio, similares a los trabajadores chilenos de edad comparable, y que se han integrado de manera fluida al mercado laboral, por lo que su llegada constituye un factor que puede ser un aporte muy positivo al crecimiento tendencial de la economía chilena”[10].
Finalmente, el ministro Víctor Pérez y el gobierno de Piñera se equivocan, al presagiar que, una vez que se levante el estado de emergencia y vuelvan a abrirse las fronteras, llegará una nueva oleada de inmigración que calculan en 500 mil personas.
Las personas que migran no son tan desinformadas como para querer ingresar, con riesgo para sus vidas, por pasos no habilitados, a un país que hoy tiene un desempleo real de más de 2 millones de personas y una desocupación efectiva de más de 3 millones de personas. Que es sabido que sus autoridades no están incluyendo a la población migrante en situación de irregularidad o semi irregularidad dentro de las medidas económicas de emergencia que han tenido de tomar. Que, en definitiva, pasa una profunda crisis económica, política y social que está en curso de prolongarse y agudizarse hacia el futuro mediato.
Lo que sí está ocurriendo es que, en este contexto, en los últimos 4 meses, algunos miles de inmigrantes en Chile están optando más bien por retornar a sus países de origen, al no poder sobrevivir económicamente, no contar con ayudas estatales ni tener sólidas redes sociales de apoyo. Situación que este gobierno intentó aprovechar para ofrecer apoyo en operaciones de repatriación siempre que las personas firmasen un compromiso para renunciar a la posibilidad de reingresar a Chile en los siguientes 9 años. En una desvergonzada acción que retrata de cuerpo entero los intereses que lo animan.
Desnudada esta maniobra, que se presentaba como de “apoyo humanitario”, por denuncia de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, y resuelta la inconstitucionalidad de la misma por parte de los Tribunales, el gobierno tuvo que dar por suspendido su Programa “Humanitario” para siempre.
Como tendrá que archivar para siempre su proyecto de ley migratoria, si el parlamento de Chile se hace eco de las denuncias y propuestas que desde la sociedad civil -académicos, redes religiosas, de derechos humanos y otras- y sobre todo, desde las comunidades migrantes organizadas han reclamado en relación al mismo. Chile tiene que debatir y acordar democráticamente una Política Migratoria que permita acoger y potenciar el derecho a migrar de las personas dentro de una perspectiva de desarrollo integral que parta del protagonismo de sus pueblos, de la refundación de su convivencia y de sus instituciones, debate que se inserte dentro de los grandes procesos de cambios, incluyendo el del marco constitucional, que se vienen abriendo paso en Chile.
Por ahora, lo que cabe es adoptar medidas urgentes de apoyo a la población migrante y refugiada como la regularización amplia y sin exclusiones. Una regularización para poder conceder derechos ciudadanos básicos y fundamentales a quienes, de otro modo, se condena a atropellos sin límites a su dignidad humana, más en el contexto de la actual crisis sanitaria y económica.
[1] ¿Qué significa la presencia de esta autoridad de Defensa en esa reunión, que la migración significa para el gobierno un tema que afecta a la seguridad y/o a la soberanía territorial del país?
[2] Se estima en 300 mil a 500 mil personas migrantes en situación de irregularidad migratoria.
[3] “El cambio de categoría migratoria en Chile y experiencia en otras legislaciones”, Anella Guzmán Roncal, Diciembre 2019. https://www.migracionenchile.cl/wp-content/uploads/2020/06/Informe-cambio-de-categor%C3%ADa-2019.pdf
[4] El cambio de categoría migratoria en Chile y experiencia en otras legislaciones”, Anella Guzmán Roncal, Diciembre 2019. https://www.migracionenchile.cl/wp-content/uploads/2020/06/Informe-cambio-de-categor%C3%ADa-2019.pdf
[5] Según fuentes que citan a la PDI, durante 2016 ingresaron en total 48.783 personas haitianas a Chile y durante el año 2017 ingresaron 104.782 personas. https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/poblacion/inmigrantes/mas-de-100-mil-haitianos-entraron-a-chile-en-2017/2018-01-13/113710.html
[6] https://www.biobiochile.cl/noticias/bbtv/comentarios-bio-bio/2018/07/06/la-misteriosa-linea-area-law.shtml
[7] https://www.soychile.cl/Santiago/Sociedad/2017/08/03/479478/Aerolinea-haitiana-solicito-permiso-para-volar-regularmente-a-Chile.aspx
[8] http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=402317
[9] “El creciente rol de la inmigración en la fuerza de trabajo”, en ““Mercado Laboral: Hechos estilizados e implicancias macroeconómicas”, diciembre 2018, Banco Central de Chile. https://www.bcentral.cl/documents/33528/133297/mercado_laboraldic2018.pdf/5282859d-ec41-bd4d-cefa-95c2bd348472?t=1573269201877
[10]Caracterización de la migración reciente en Chile Rosario Aldunate D. / Gabriela Contreras M. / Claudia de la Huerta F. / Matías Tapia G. Revista “Economía chilena”. Diciembre 2018 volumen 21 N.° 3. https://www.bcentral.cl/contenido/-/detalle/economia-chilena-volumen-21-nc2b03-diciembre-2018-4
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