La emergencia por el Covid-19, puso en evidencia una vez más los problemas estructurales de Chile, y que estos no son ajenos a los diferentes pueblos que habitan los territorios.
Así, la inestabilidad económica, la crisis ambiental, la incertidumbre ante la inoperancia del Estado y el miedo por la pandemia -que se propaga en un país con un sistema de salud desigual- afecta a la clase trabajadora y recae con mayor peso en las personas que viven la discriminación, el racismo y la precariedad, a su vez, reflejados, en las restricciones y la burocratización que afrontan las y los migrantes para acceder a servicios estatales y oportunidades en diferentes aspectos sociales y económicos. De ahí, que la vulneración de derechos termine reproduciéndose en actos violentos o muertes, que deben ser rechazados y juzgados en todo momento.
Por ello, es necesario que en la nueva construcción de sociedad a la que tanto se hace referencia desde el estallido social de octubre de 2019, se reivindique la migración como un derecho humano, reconociendo también la exclusión que han sufrido los pueblos originarios de los territorios que componen Chile, y la invisibilización de las y los afrodescendientes del país, y que anteceden a las tendencias migratorias de las últimas décadas.
En ese sentido, frente a un gobierno patriarcal, racista y neoliberal, que hace uso mediático de distintos canales de información para instalar el miedo hacia personas inmigrantes, en especial cuando hacemos parte de movimientos migratorios intrarregionales, la organización popular debe responder de manera contundente, empezando por la disposición de vecinas, vecinos, y comunidades para integrar a sus luchas otras demandas sociales, que fortalezcan el enfoque de sociedad plural en igualdad de derechos.
Somos “1.492.522 personas extranjeras residentes en el país”, según las fuentes oficiales del Estado, y es indispensable humanizar los números para comprender que la migración no es homogénea, porque en ella también hay niños, niñas, afrodescendientes, etnicidades, mujeres, disidencias sexuales, y distintas nacionalidades. Lo anterior, aunado a la cantidad de personas que se quedan fuera de esa estadística por no poder estar en situación de regularidad.
¿Podremos entonces reflexionar ante los discursos de odio y el utilitarismo, para seguir organizándonos y reconstruir identidades en una nueva apuesta de sociedad? Es una pregunta que se debe hacer desde los territorios, donde la diversidad cultural y étnica hace parte del día a día.
Por lo pronto, tanto la crisis sociopolítica que desencadenó en una revuelta, como la emergencia por la pandemia, han permitido a las organizaciones populares repensarnos desde la territorialidad, la economía comunitaria, el impacto ambiental y la relación del ser humano con la tierra y el agua, además de tener una constante deliberación. Y es en este contexto, que el reconocimiento de las personas migrantes es elemental, para que participen y sean ellas quienes lleven su propia voz.