Familias extranjeras, incluso con hijos chilenos, se encuentran en completa desprotección al no poder acceder al Registro Social de Hogares
La pandemia del Covid-19 en Chile está afectando la economía de todas las familias vulnerables, también de las migrantes. El acceso a la protección social del Estado depende del Registro Social de Hogares, que solo es posible con una cédula nacional de identidad vigente, documento que carecen muchas personas migrantes.
Se desconocen las cifras exactas de quienes no cuentan con cédula o la tienen vencida, se trata de migrantes que están en espera de la respuesta de su solicitud de visa, no lograron regularizarse o se les vencieron sus documentos en medio de la pandemia. Parte de este grupo lo forman cerca de 12 mil niños y niñas que tampoco tienen cédula, sino solo un número identificador provisorio, que les sirve para estar matriculados en la educación, pero no para acceder a los beneficios sociales del Estado.
El 25% de la población migrante vive en condición de pobreza multidimensional, cifra superior al de la población chilena. La situación es más crítica cuando se trata de la niñez, mayor hacinamiento, menor acceso a salud y más baja asistencia a la educación son sus principales carencias que, en el contexto de Coronavirus se agudizan por no tener cédula de identidad. Sin Registro Social de Hogares (RSH) no se califica el nivel de vulnerabilidad de niños, niñas y sus familias, y quedan excluidos de las medidas Covid-19, especialmente el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y políticas de protección social, implementadas por el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación. Esta exclusión afecta a la niñez que ha migrado con sus padres a Chile y pueden estar por años viviendo en territorio chileno, o a hijos de migrantes que nacieron en Chile y son chilenos. Al 31 de marzo de 2020, el Ministerio de Educación registraba 11.593 niños y niñas que tenían número identificador provisorio (IPE) y por lo tanto sin cédula de identidad.
El Estado de Chile debe garantizar el acceso a la protección social de todas las personas que habitan el territorio, incluidas migrantes y sus hijos e hijas, pero esto no se da, ejemplo de ellos J.P.V (9 años) y F.P.V (10 años), dos hermanos de nacionalidad peruana que viven hace 3 años en Chile; su mamá tiene un RSH de 2018, pero cuando quiso cambiar de domicilio le dijeron que si hacía el trámite, sus hijos serían retirados del RSH, porque tenían sus cédulas vencidas. Otro caso es el de R.D.J. (5 meses de edad), nació en Chile por lo que es Chileno de padres venezolanos, tiene RUN en certificado de nacimiento, pero su madre no ha podido completar el trámite para tener cédula de identidad por la contingencia de la pandemia y por ello no puede acceder al RSH. Suman ejemplos de niños, niñas y sus familias que, por no tener cédula quedan fuera de políticas de protección social del Estado.
Las alternativas que organizaciones proponen es incluir a las familias en el proyecto ley IFE que se tramita estos días en el congreso, además de que el Ministerio de Desarrollo Social genere un identificador provisorio para estas familias.
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