Desde los albores de la humanidad las personas se han mudado de un país a otro, de un continente a otro o dentro de un mismo país. Se movieron, a veces por un tiempo, a veces para siempre, a veces aisladas, a veces en grupos, generalmente a causa de desastres naturales, cambio climático, epidemias, invasiones, conquistas, guerras, persecución política o religiosa, búsqueda de medios de vida y/o trabajo.
Estos movimientos migratorios provocaron la fusión de diferentes pueblos, el mestizaje dio origen a nuevas culturas, nuevas civilizaciones, a menudo a expensas de los pueblos conquistados.
Hay pueblos que han sobrevivido a los intentos de exterminio y persecución, que mantienen su cultura y la esperanza de encontrar el país perdido. Hay pueblos que no quieren morir, que luchan por preservar su identidad y el recuerdo de su historia, aunque el precio pagado para mantener esta identidad siempre ha sido muy alto: persecución, rechazo, encierro en guetos, genocidios.
A lo largo de los siglos, el nacimiento de imperios y la constitución de estados han puesto de manifiesto la necesidad de controlar la migración, determinar reglas y establecer leyes para facilitar el libre comercio y también con el tiempo, se observa a países que optan por preservar la «integridad nacional» «y seguridad del estado”, considerando de entrada y prejuiciosamente al migrante como un peligro, aplicado a través del método de selectividad. Bajo esta última premisa que por más de un siglo, el estado de Chile se ha enmarañado con políticas migratorias interpretativamente iguales. Así (de la misma forma) en 1975, surgió la actual ley migratoria por el autoproclamado régimen de la época.
Hoy en el siglo 21, el gobierno de Chile pone suma urgencia y pretende aprobar un proyecto de Ley Migratorio, que si bien desde varios años reclamamos una ley moderna, no se condice con los tratados internacionales relacionados con los Derechos Humanos, vulnera el derecho de los niños y niñas, no garantiza condiciones mínimas de los migrantes detenidos, promueve la esclavitud y lo peor de todo es que se inspira intencionalmente de “rumores populares” que han sido instalados por ellos mismos(autoridades), para utilizar como última carta cuando se sienten acorralados, tal como lo están haciendo en este momento tan sensible. Y una vez más, frente al rotundo rechazo de la sociedad civil, se recurren a una vieja estrategia que nosotros como migrantes sabemos de memoria y la propia Beatriz Sánchez puede dar una cátedra de cómo ser víctima de ella: “ENCUESTA”, PROPAGANDA…..ACCIÓN. Así, dos semanas después y sin ninguna vergüenza, aparecen en las portadas resultados de una “encuesta” trabajada por el gobierno y una Universidad, que trata de mostrar la opinión de los chilenos sobre los puntos que más hemos criticado en el proyecto.
El 70% de los chilenos está de acuerdo con no entregar visa a los migrantes que entren de forma irregular al país, un 57% cree que debería disminuir la cantidad de extranjeros residentes en Chile o mejor dicho: << No tienen derecho a reclamar porque los chilenos no los quieren acá>>.
Diríamos que es muy populista “prohibir que quienes ingresen al país con un permiso de permanencia transitoria puedan postular a un permiso de residencia” (art. 57), para poder armar un discurso que muestre fuerza pero a largo plazo ingresa más gente y lo único que hace es generar una migración irregular. La experiencia nos enseña que dificultar la regularización de las personas provoca ejercicio laboral irregular donde los migrantes terminan trabajando por un sueldo menor al ingreso mínimo, soportando cualquier tipo de abuso, incluso violaciones a las mujeres porque las víctimas tienen miedo a denunciar y los abusadores les hacen creer que es un favor recibirlos de manera irregular. Lo anterior, es conocido por el gobierno, pero son favorables para los empresarios. Hemos visto gente que trabaja mucho bajo amenazas constantes y por comida. Y dado que, generalmente, las personas que migran son aquellos que tienen una edad fértil, generará muchos casos de niños separados de sus padres, porque tener un niño tampoco posibilita la regularización según este artículo.
Inspirado del inocente reclamo de vecinos que piensan que los migrantes vinimos a colapsar el sistema de salud pública y a recibir ayudas sociales que pagan todos los chilenos (lo que el mismo presidente ha dicho en su campaña) el gobierno pondría restricción en el acceso a beneficios sociales para extranjeros que tengan menos de dos años de residencia regular y sus familias (art. 16). Lo real es que la participación del migrante en beneficios sociales no es un regalo. Es cierto que el Estado chileno tiene la facultad de tomar decisiones dentro de su territorio, pero es inhumano y aberrante que el Estado reciba todo tipo de contribuciones de los migrantes y cuando toca considerar a esta comunidad, se les margina o no se les considera.
Si bien entre 2010 y 2017 la recaudación por concepto de visa totalizó $130 mil millones (según datos del Departamento de Extranjería y Migración), solo en el 2018 se recaudó más de 30 mil millones, imagínense cuanto tiene que ser el monto en los dos últimos años, cuando el gobierno cobra $60.000 por cada persona que participa en el proceso de regularización sin antes saber si son calificados para obtener la visa o no, o cuando multan injusta o erróneamente a haitianos por no mandar certificados de antecedentes de Colombia al solicitar su residencia definitiva (sin haber viajado ni hacer escala en Colombia, los hacen pagar y perder el tiempo igual). Si el aporte que hacemos por pago de impuesto llega a 500 millones de dólares anual, hay que considerar (además) que cualquier migrante que pisa el suelo chileno empieza a pagar impuestos por cada compra que realiza, aunque sea un dulce. Solo en la comuna de Estación Central el arriendo informal para migrantes tiene una estimación de 1.430.000 dólares anuales y no es la comuna con más migrantes en el país. Y ojo que el estado gasta solo 4 mil millones de pesos para organizar el DEM y la gran mayoría de los migrantes no son parte del 40% de los más vulnerables del país. Pues, este gobierno, en vez de educar a los vecinos de manera que haya una buena convivencia en el país, prefiere colgarse de la poca información de ellos para legalizar la opresión, la discriminación y poder así divertir a los más afectados de los problemas reales.
Que hayan existido un tiempo suficientemente adecuado, condiciones humanas para los detenidos y la posibilidad de presentar un recurso de amparo cuando el intento de deportación es arbitrario, es lo mínimo que se le puede pedir a un estado que se jacta de ser democrático y pro derechos humanos hasta para querer exportarlos (derrocando a otro presidente, pero la intención está por lo menos). Aunque muchas veces la Corte Suprema da luz verde a estas injusticias o muchas veces cuando se presentan los recursos, el estado chileno realiza las deportaciones sin esperar el resultado del recurso.
En este caso pretenden tener la facultad legal de deportar a padres extranjeros y encerrar a los hijos chilenos en una jaula como lo hace el ídolo y amigo que admiran tanto en el Norte.
Revisando los contenidos de este proyecto de manera general, no solamente su aprobación generaría un desastre mayor en este momento de pandemia por la preocupación, las incertidumbres y el descontrol que puede provocar dentro de la comunidad migrante, buscando tener todo al día lo antes posible para no enfrentarse con las monstruosidades del contenido de esta ley, más que cumplir las cuarentenas y protegerse. También prepararía el terreno para que cualquier pro dictador tenga la posibilidad de torturar a los migrantes dentro de toda legalidad durante las detenciones.
Entiendo la necesidad de mostrar a los migrantes como una pandemia que llega a destruir en vez de aportar, tal como lo ha dicho el senador Iván Moreira unas semanas atrás, pero en todos lados la migración es y siempre será un aporte. Cabe destacar que la ciudad favorita de los opresores (Chicago) es fundada por un migrante haitiano (Jean Baptiste Point DuSable), aunque conociendo la mentalidad haitiana, no creo que haya pensado que en algún momento esta ciudad iba a producir unos “boys” que crean un sistema que maltrata a abuelitos.
Lo que no entiendo es que, en un momento donde todo el mundo lucha contra una pandemia, donde todos necesitamos trabajar juntos, para salvar a este país de este caos socio sanitario, el estado chileno pretende aprobar una ley que legaliza la esclavitud y que divide a la sociedad.
Por más xenófobo que sean, por más racista que sean, por más autoritarios que sean, no pueden evitar que haya una sociedad multicolor en Chile.
MIGRAR ES UN DERECHO HUMANO.
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