Sin dudas, el actual contexto de crisis sanitaria y social suscitado por la propagación incontrolable del virus Covid-19 a nivel mundial y local, ha deteriorado raudamente la fragmentada normalidad vivida por cada persona en el Chile posterior al 18 de Octubre del año 2019. Lo cual, ha generado la agudización de la crisis de los grandes campos que conforman la sociedad chilena, como cualquier otra, es decir, campo laboral, educativo, salud, judicial, familiar, etc… estableciéndose un estado de incertidumbre con fecha de finalización incierta.
Ante este panorama, las autoridades del país han llamado a convivir en una “nueva normalidad”, fijando un “retorno seguro” enfocado en la reapertura del comercio empresarial y en el paulatino regreso de las personas a sus puestos de trabajos. No obstante, hay que señalar que esta normalidad no afecta de igual manera a cada sector, grupo y persona, como sucede con la mayoría de la población migrante residente en Chile, quienes diariamente se enfrentan a una realidad al margen de toda normalidad.
De esta manera, cabe preguntarse ¿cuál es la nueva normalidad que viven las personas migrantes en el Chile de la emergencia sanitaria?, ¿podemos hablar de nueva normalidad al referirnos a la realidad de la población migrante, considerando que las condiciones jurídicas que condicionan su cotidianidad no han cambiado?, ¿para qué tipo de personas o grupos sociales está orientada la denominada nueva normalidad? Más allá de responder cabalmente cada interrogante planteada, el presente artículo tiene como propósito exponer brevemente algunos acontecimientos experimentados en el Chile post estallido social hasta el Chile encuarentenado , que han afectado e interpelado a las diferentes comunidades y personas migrantes que habitan en este territorio.
Según la última estimación de personas extranjeras residentes habituales en Chile (2020), realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), se contabilizan 1.492.522 personas extranjeras en situación de regularidad hasta el 31 de Diciembre del año 2019. A lo cual, de igual manera debemos agregar, las 300.000 a 350.000 personas en situación de irregularidad[1] no contempladas en dicho informe, alcanzando en conjunto una relevante presencia de migrantes en el país, quienes a pesar de haber actuado activamente en las diferentes revueltas y cabildos convocados producto del estallido social, finalmente ni siquiera fueron considerados dentro del padrón ciudadano válido para votar en el postergado plebiscito constitucional del pasado 26 de Abril.
Esta resolución del Servel implicó que la Coordinadora Nacional de Inmigrantes tomara posición dentro del debate constitucional, calificando a esta decisión como un acto de “racismo institucional”, evidentemente, dado que este padrón provisorio no reconoce deliberadamente la ciudadanía de las personas migrantes que han residido por más de 5 años en Chile, excluyéndolas de sus derechos civiles. No obstante, este padrón inicial fue modificado durante el mes de Enero de este año, habilitando a 348.040 migrantes para votar en el próximo plebiscito de Octubre[2] (23% de toda la población migrante), quedando aún temas pendientes respecto a la posibilidad de elección de delegados y representantes por parte de las comunidades migrantes.
Otro aspecto a señalar, son los efectos experimentados en la relación migración y trabajo durante los meses que el espíritu del estallido social se visualizaba vehemente en las grandes avenidas de las diferentes comunas de la Región Metropolitana (RM), periodo en el cual, las cifras oficiales arrojaron que un 7% de la población se encontraba desempleada (639.460 personas), concentrándose el mayor porcentaje de desempleo en la RM con un 7,6%[3], costándole el puesto de trabajo a un gran número de personas nacionales y migrantes ante las “necesidades de las empresas” (artículo 161 del Código de trabajo).
Tras 6 meses del estallido social se instaló en Chile la emergencia sanitaria por el Covid-19, generándose un aumento del desempleo de 1,2 puntos porcentual, llegando a un 8,2% a nivel nacional y a un 8,7% en la RM durante el trimestre Enero-Marzo 2020[4]. Estas consecuencias han afectado a todos los actores del campo laboral, por sobre todo a los sectores más vulnerables del país como son las diferentes comunidades migrantes, quienes se han visto forzados a incrementar su concentración dentro de las ocupaciones informales, desempeñándose en distintos trabajos transitorios y callejeros con alto riesgo de exposición al virus.
Llegando al mes de Abril con la vigencia de la nueva Ley de Protección del Empleo, conllevando al congelamiento de la relación laboral- salarial, supeditando a cada persona trabajadora a realizar el trámite para adquirir y sobrevivir con su seguro de cesantía.
En este contexto, el pasado 16 de Abril se dio una situación de clara discriminación en contra de un ciudadano haitiano, quien se encontraba formado en la espera para cumplir con su trámite en la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), siendo expuesto por la gente de su alrededor, golpeado por un guardia de la entidad y detenido por supuestamente haber estado contagiado en ese momento. Posteriormente, confirmándose que había sido dado de alta días antes de lo sucedido.
Al igual que el escenario anterior, en la comuna de Quilicura ocurrió un caso de exposición mediática a un grupo de personas haitianas moradoras de un cité, quienes fueron exhibidas públicamente por varios medios de televisión nacional, al confirmar y difundir su estado de salud como migrantes contagiados por el coronavirus, transgrediendo la confidencialidad que implican los diagnósticos de salud[5], además de promover el imaginario colectivo que asocia a las personas migrantes como transmisoras de enfermedades e infecciones.
Este tipo de acciones públicas y deliberadas, muchas veces funcionan para omitir lo que verdaderamente sucede en la realidad cotidiana, como ocurre con la falsa premisa que establece a las comunidades migrantes como puntos de propagación de enfermedades, como se visualiza en los discurso enunciados por el Presidente Sebastián Piñera y el Ministro Jaime Mañalich durante el mes de Abril [6].Lo cual, sucede contrariamente, dado que ante las propias condiciones de precariedad que gran parte de las personas migrantes tienen que vivir, son ellos quienes presentan una mayor probabilidad de ser contagiados por otros sujetos y circunstancias.
Como lo demuestran, los recientes casos de un gran número de personas peruanas y bolivianas que han tenido que pernoctar a las afueras de sus respectivos consulados para solicitar el traslado a sus países de orígenes, destacándose lo sucedido con las más de 400 personas bolivianas que fueron enviados en bus desde Santiago hasta la ciudad de Iquique, detectándose a su llegada que 33 de ellas dieron positivo en Covid-19.
Las situaciones anteriormente señaladas, como muchas otras historias diarias que quedan como fragmentos de una misma narrativa y problemática, evidencian que la “nueva normalidad” definida por el gobierno de turno, no es una categoría semántica, ni una medida política que integre, en su cuestionable utilización, a las diferentes comunidades y personas migrantes residentes en Chile. Solo basta considerar, la gran cantidad de migrantes en situación de regularidad e irregularidad, a pesar de que han procedido mediante los conductos administrativos pertinentes, que se encuentran hasta la fecha sin sus cédulas de identidad, impidiéndoles acceder a la realización de exámenes y atenciones de salud, al igual que a los planes de contingencia otorgados por el Estado, como es el bono Covid-19 y la ley de protección laboral[7].
En este sentido, la normalidad migrante es una realidad muchas veces marginada, ligada a los estándares de la vulnerabilidad y no reconocida institucionalmente, debido a que, a pesar de que la temática migratoria se visualiza como un foco de emergencia en los medios de comunicación, en conjunto, de formar parte de la agenda pública, las grandes problemáticas que mantienen estas mismas condiciones de vulnerabilidad, como lo es perpetuar la calidad de irregularidad migrante, no han sido trabajadas, ni modificadas según sus contextos, sino que han sido potenciadas desde el ámbito burocrático y restrictivo para dar mayor orden a la casa.
Para ninguna persona ha sido totalmente fácil sobrellevar la actual emergencia sanitaria, económica y social que vive el país y el mundo, ante lo mismo, diariamente nos recuerdan que debemos quedarnos en nuestras casas, sin embargo, también recomiendo recordar, que este mismo contexto ha exigido el cierre y bloqueo de los distintos accesos fronterizos negándoles a un sinnúmero de personas migrantes retornar a su verdaderos hogares. Con lo mencionado, no estoy diciendo que en el corto plazo se abran los pasos fronterizos, sería promocionar una medida sanitariamente perjudicial ante las presentes circunstancias, solo intento señalar que al trabajar o al hablar de cualquier aspecto de la temática migratoria se tenga siempre en consideración el imperativo humano y la responsabilidad sociopolítica que involucran, en lo cual el Estado sigue estando al desmedro.
[1] https://www.latercera.com/nacional/noticia/alvaro-bellolio-jefe-del-departamento-extranjeria-migracion-la-comunidad-haitiana-ha-la-mas-golpeada-la-irregularidad/149308/
[2] https://radio.uchile.cl/2020/01/27/triunfo-migrante-servel-confirma-que-extranjeros-con-residencia-podran-votar-en-el-plebiscito/
[3] http://www.diarioeldia.cl/economia/desempleo-en-chile-cierra-2019-en-7-pesar-protestas
[4] https://www.radioagricultura.cl/economia/2020/04/30/desempleo-en-chile-llega-al-8-2-en-el-trimestre-enero-marzo-2020-1.html
[5] https://www.cnnchile.com/coronavirus/brote-covid-19-cite-quilicura-haitianos-discriminacion-vecinos_20200422/
[6] https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/04/21/agrupaciones-de-migrantes-ong-y-academicos-acusan-a-pinera-y-manalich-de-discriminar-a-los-migrantes-en-crisis-del-covid-19/
[7]Para más información revise; https://www.eldesconcierto.cl/2020/04/20/covid-19-radiografia-social-de-los-migrantes-que-no-pueden-acceder-a-los-beneficios-implementados-por-el-gobierno/
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