El 9 de abril de 2018, Sebastián Piñera anunciaba el decretazo migratorio más importante que ha tenido Chile en su historia. Con un aumento de la criminalización de la migración durante la campaña electoral, el presidente Piñera anunciaba una serie de medidas destinadas a restringir la migración vía decreto.
Entre las medidas aprobadas se encontraba la Visa de Residencia Temporaria de Oportunidades a implementarse desde el 1 de agosto de 2018. Esta nueva visa significa la introducción de un sistema de selección de la población migrante a través de puntos, similar a países como Australia o Canadá. El nuevo sistema establece la selección a partir de cinco ejes; ocupación, región para establecerse en Chile, nivel educativo, idioma y edad, con un máximo de cien puntos.
Más allá de lo cuestionable en términos éticos que puede ser valorar a una persona en función de puntos, el sistema está anunciado como un mecanismo que permite eliminar el sesgo racial en la llegada de población migrante, valorando únicamente sus capacidades técnicas y profesionales. Sin embargo, y si bien es cierto que la nacionalidad no es un criterio puntuable para la selección y otorgamiento de la nueva visa de residencia temporaria de oportunidades, el mecanismo reproduce sesgos raciales mucho más sutiles pero más profundos.
Para comprobar el sesgo racial que tiene esta nueva visa únicamente es necesario simular los efectos de este nuevo puntaje en las visas otorgadas en 2017, año previo al decretazo migratorio y a la introducción de la Visa de Residencia Temporaria de Oportunidades. En 2017, con el sistema antiguo de otorgamiento de residencia, observamos que las visas de residencia temporaria entregadas correspondieron a las siguientes nacionalidades; Venezuela (27,1%), Haití (18,7%), Perú (14,9%), Colombia (14,5%) y Bolivia (10,2%). El 14,6% restante fueron entregadas a personas del resto de nacionalidades. Aplicando los nuevos criterios de puntuación, los datos nos muestran que existen nacionalidades premiadas y otras castigadas. Para 2017, las visas de residencia temporaria de oportunidad habrían quedado distribuidas de la siguiente manera; Venezuela (64,1%), Haití (0,1%), Perú (3,2%), Colombia (9,6%) y Bolivia (4,3%). Estos datos nos muestran que si bien no se prohíbe a la población de Haití, Perú, Colombia o Bolivia optar a la nueva visa, los criterios de selección establecidos perjudican gravemente a estas nacionalidades, reproduciendo el sesgo racial en la política migratoria. En el caso de Haití, hace prácticamente imposible la obtención de esta visa.
Por otra parte, la visa temporal de oportunidades mantiene el sesgo de género, perjudicando a las mujeres migrantes, un hecho que si bien ya estaba presente en el sistema anterior la nueva visa refuerza. Si observamos las visas de residencia temporaria entregadas en 2017 con el sistema anterior, podemos ver que el 55,6% fueron entregadas a hombres y el 44,4% a mujeres. Aplicando el criterio de selección por puntos, las visas de residencia temporaria habrían quedado distribuidas en un 57,1% para hombres y un 42,9% para mujeres. De nuevo el criterio de género no es puntuable ni se impide a un hombre o a una mujer poder solicitar la visa de residencia temporaria de oportunidades. Sin embargo, en los criterios como en ocupación, se puntúan profesiones masculinizadas, devaluando y no reconociendo el trabajo de cuidados. Por otra parte, debido a las normas sociales establecidas, es probable que los hombres tengan mayores posibilidades de permanecer más tiempo en el sistema educativo, por lo tanto el criterio de educación también penaliza a las mujeres migrantes.
Es cierto que estamos lejos de las políticas migratorias de los años cincuenta que promovían la mejora de la raza. Sin embargo, cuando se crean mecanismos que facilitan la llegada de población de Venezuela frente a la población de Haití, Perú, Colombia o Bolivia con el pretexto de promover la integración económica, se está tratando de crear una composición étnica determinada de la sociedad chilena. Establecer el criterio de idioma cuando solamente una de las cinco mayores nacionalidades presentes en Chile no habla español, es una clara discriminación hacia la población de Haití. El análisis de los datos nos muestra lo que ya temíamos, los sesgos de raza, clase y género se ven reforzados en la nueva política migratoria de Chile.
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