Uno de los objetivos fundamentales para el desarrollo de los países es brindar un servicio de educación pública de calidad. Lo que debe comprender desde erradicar el analfabetismo hasta aumentar el porcentaje de egresados universitarios. Para esto, es necesario escuelas dignas y salarios justos, condición sine qua non se puede mejorar la educación. Es inexplicable que aún existan escuelas ranchos, que los docentes tengan que esperar meses para que se les pague cuando no son permanentes, esto es bochornoso. En esta misma línea, es mezquino que no se quiera cumplir con el acuerdo del ajuste salarial a los docentes.
Según datos del Banco Mundial Panamá tiene en prospectiva para el 2018 un PIB del 6.2%, cuando en la región de América Latina y el Caribe en su conjunto es de 2.1%. Además con un Canal ampliado que incrementará los ingresos. Esto tiene que permear concretamente en la población que más necesita. Se hace impostergable cumplir con la Ley Orgánica de Educación y equiparar con el 6% del PIB al presupuesto del sector educativo. Con esto se podría construir las escuelas necesarias para desaparecer las escuelas ranchos y cumplir con el aumento salarial escalonado. Esto conllevaría un compromiso de los docentes para sacar adelante al sistema público de educación.
La forma más democrática de que el Canal sea para todos es que aporte al servicio educativo público, entre otras cosas. El orgullo de que el Canal sea de los panameños, se tiene que materializar en una educación pública de calidad. Los resultados en educación no se ven a corto plazo, es natural que las autoridades correspondientes quieran ver los efectos de su gestión, pero en esto el inmediatismo no es buen aliado.
Las reivindicaciones que han alcanzado el sector docente son el resultado de jornadas de luchas, en esta ocasión no será la excepción. El Gobierno ahora quiere condicionar el ajuste salarial a una evaluación. Es una constante que los gobiernos sean dóciles ante los lineamientos de los organismos internacionales que intentan flexibilizar la labor docente, lo que se podría instrumentalizar como un mecanismo de persecución, en particular hacia los dirigentes magisteriales. Esto es lo que denunciaron los compañeros maestros en Oaxaca y fueron brutalmente reprimidos.
Si el Gobierno quiere mejorar la educación tiene que invertir socialmente en escuelas dignas y salarios justos a los docentes, no hay otro camino.
Deja una respuesta
Usted debe ser conectado para publicar un comentario.