Once son los femicidios cometidos en lo que va del año 2016. Once escenas brutales, de la más grave forma de violencia hacia la mujer. Es importante tener presente que esta demostración máxima de abuso de poder, trae consigo historias de maltrato, donde quien agrede ha llevado el acto violento a su punto culmine. Así la mujer, que fue configurándose como objeto, alcanza la literalidad en su perpetua cosificación, la pérdida absoluta y radical del derecho sobre su cuerpo.
¿Cómo pudo interrumpirse este dramático proceso? Impresiona que un alto porcentaje de femicidios no cuenta con denuncias previas, siendo posible asumir que las medidas cautelares impuestas por el sistema público, no han logrado constituirse en garantes de protección, en efecto, muchas mujeres visualizan la denuncia como un factor de riesgo a la (sobre)vivencia diaria.
Si solo un mínimo porcentaje de mujeres asesinadas por su pareja o ex pareja han dejado registro público, que permite incorporarlas en las estadísticas formales de violencia intrafamiliar, alarma pensar en cuantas no lo han hecho, convirtiéndose en este mismo momento en potenciales víctimas de un homicidio. En tanto la gravedad del asunto, la opinión pública se ha manifestado ante la vergonzosa existencia de titulares de prensa o televisión que relegan el problema al amor, a crímenes pasionales, desviando el foco de atención por medio de una prensa rosa que espectaculariza la problemática.
Por otra parte, surge la visualización de variables que, no obstante el intento por contribuir a la comprensión del fenómeno, predisponen nuevamente al desvío del núcleo sustancial. Es decir, la relevancia del poder de los medios de comunicación en la construcción de un imaginario colectivo al respecto. En estos términos, es necesario relevar la obligación de informar la nacionalidad de un extranjero asesinado en un territorio foráneo, esto contribuye a la dignidad y derecho de identificación. Sin embargo, existe un riesgo ante la posibilidad de que la representación social de la violencia máxima hacia la mujer quede en alguna parte articulada al país de procedencia de sus protagonistas, tomándose distancia de la cruda realidad: En Latinoamérica y en muchas partes del mundo, las mujeres hemos ocupado un lugar de alta vulnerabilidad social, por el simple hecho de ser mujer.
Al respecto, pensar en la nacionalidad de una víctima y un agresor en el caso del femicidio, se convierte en un problema. Tomando como ejemplo el reciente asesinato de Juliana Aguirre Acevedo cometido por su pareja Edwin Vásquez, ambos de origen colombiano, surgen un sinfín de interrogantes en un registro imaginario. Si ya se estigmatiza en algunos sectores a personas inmigrantes como narcotraficantes y “delincuentes”, ¿se atribuirá ahora también a los colombianos el ser un potencial femicida? Argumentar desde ahí mas allá de corresponder a un evidente prejuicio, favorecería la frecuente desmentida del orden machista y patriarcal de nuestro país.
Ahora bien, desde la otra vereda, es imposible y altamente irresponsable desconocer la cuota de desventaja que recae sobre mujeres inmigrantes, quienes en su mayoría viven sin redes de apoyo familiares y comunitarias, excluidas incluso de la ley, al encontrarse muchas en situación de irregularidad migratoria. Sin ir más lejos, en el caso de Juliana, la familia ha señalado a los medios haber sospechado de problemas en la relación de pareja, pese a mantener una imagen del agresor alejada de la realidad, sin siquiera presumir por tanto que la joven era indudablemente victima de grave violencia.
En este marco, tener lo anterior en consideración, se convierte en una doble responsabilidad ética y política de toda la ciudadanía respecto a la violencia hacia las mujeres. Dejar en aislamiento el tópico de la violencia a un hecho que ha infringido una ley local, desconociendo una cultura latinoamericana que ha anidado de manera sostenida un orden social que no tiene fronteras. A pesar de nuestras diferencias en relación a lo individual y colectivo como puntos referencia, cabe destacar que nuestras problemáticas debieran tener una solución que considere la historia, prácticas, idearios y discursos que se producen en todos los niveles y que se radicaliza en una muerte. Por tanto, no sólo se hace necesario abjurar con lo imaginario ideado a propósito del machismo y la xenofobia sino también con la inhabilidad de un estado que debe por obligación asegurar dignidad como punto nodal ante cualquier fenómeno social. Tomando la inclusión no sólo como un correcto trato sin prejuicios, sino un acceso a instancias que pueden prevenir situaciones tan horrorosas como la recientemente acontecida, como un derecho, un derecho humano que por supuesto no tiene nacionalidad, ni frontera ni territorio más que lo humano.
Columna redactada por Ana Paula Viñales y Cristian Solar.