– El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), la Universidad Diego Portales (UDP) y la Universidad Alberto Hurtado son las tres instituciones que encabezan la iniciativa.
– Según la Constitución Política, los niños y niñas nacidos en el territorio de Chile deben ser reconocidos como chilenos.
-Se estima que al menos 3.000 menores nacidos en el país vieron vulnerado su derecho a la nacionalidad pues se les registró como “hijo de extranjero transeúnte”.
El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), la Universidad Diego Portales (UDP) y la Universidad Alberto Hurtado se han unido para reclamar el derecho a la nacionalidad de cientos de niños y niñas a las que el Estado de Chile les negó este derecho.
Según la Constitución Política de nuestro país, los niños y niñas nacidos en Chile deben ser reconocidos como chilenos. Sin embargo, durante casi dos décadas, y por una interpretación que fue más allá de la norma, al menos 3.000 menores nacidos en el país no fueron inscritos como chilenos y chilenas, sino que se les registró como “hijo de extranjero transeúnte”.
Según Miguel Yaksic SJ, director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), la autoridad les negó el acceso a la nacionalidad porque sus padres se encontraban en Chile en situación migratoria irregular.
“Con ello se castigó a los niños por una conducta que no les era en absoluto atribuible, ni de su responsabilidad. Esto provocó que, en muchos de los casos, los niños y niñas quedaran en situación de posible apatridia”, indica el sacerdote jesuita.
La rectificación
A partir del año 2014 el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) modificó el criterio de adquisición de la nacionalidad, reconociendo que el concepto de hijo de extranjero transeúnte se prestaba para una interpretación errónea, y fijó lineamientos claros respecto de las situaciones específicas y excepcionales en que un niño o niña, naciendo en territorio chileno, no adquiere la nacionalidad.
“Si bien se trata de una medida acertada por la que felicitamos a la autoridad, no debemos olvidar que hubo miles de niños y niñas a quienes efectivamente se les desconoció su derecho a la nacionalidad por años”, explica Delfina Lawson, directora de la clínica jurídica para migrantes del Centro de derechos humanos de la Universidad Diego Portales.
Según la experta, el Estado ha adoptado pocas medidas para corregir esta deuda histórica con estos niños.
Los más afectados
Durante el año 2015, un equipo de investigación de las Universidades Alberto Hurtado y la Universidad Diego Portales, junto al SJM, recorrieron distintas localidades de la región de Arica y Parinacota y de Tarapacá, y se contactaron con un grupo de padres cuyos niños y niñas que seguían inscritos como “hijo de extranjero transeúnte”. En su mayoría, se trata de personas que viven en condiciones de pobreza extrema, que tienen poco acceso a la información, y que enfrentan a diario episodios de discriminación porque a sus hijos no se les reconocía el derecho a la nacionalidad desde el momento de su nacimiento.
Todos estos casos (161) han sido reunidos en un Recurso Judicial que estas tres instituciones han presentado a la Corte Suprema reclamando que el Estado de Chile cumpla con la Constitución.
Macarena Rodríguez, directora de la carrera de derecho de la Universidad Alberto Hurtado, de la que depende la clínica jurídica para migrantes de dicho centro educativo, explica que es necesario que el Estado de Chile adopte medidas positivas para reparar la vulneración a los derechos de todas estas personas.
“No basta con el cambio del criterio administrativo, sino que es indispensable facilitar y promover la rectificación de todas las inscripciones que desconocieron el derecho a la nacionalidad”, señala la académica.
Rodríguez recalca que el cambio del criterio administrativo a partir del 2014 no es suficiente, sino que es necesario además promover la rectificación de todas las inscripciones que desconocieron el derecho a la nacionalidad.
Según Rodríguez, se trata de estándares básicos en el respeto de los derechos humanos.