El barrio boliviano de Iquique, los campamentos de Antofagasta llenos de Migrantes, los cités de Estación Central y Recoleta que se incendian con decenas de familias peruanas o colombianas ansiadas, las mulatas y travestis colombianos que convierte la calle San Antonio en el mercado del placer, para clientes chilenos,
Nunca nos preguntamos el por qué, nos quedamos con lo que vemos y bien poco nos importan las causas.
Para cambiar esta realidad, la sociedad civil ha venido luchando durante los últimos años para que Chile adquiera una legislación migratoria que dote al país de una gobernanza basada en derechos para los extranjeros que llegan, para facilitarles la incorporación desde el derecho a la sociedad, y no desde lo que sobra, desde lo que podemos hacer, sino desde lo que tenemos que hacer.
Chile exhibe la vergonzosa legislación de la dictadura militar, aprobada en el año 1975. 40 años después el país sigue –con algún que otro parche administrativo- regulando la vida de sus migrantes como un grupos de militares golpistas creyeron que debía hacerse, desde la seguridad nacional.
Como medio de comunicación hemos acompañado a la sociedad migrante en los últimos cinco años, hemos estado en sus marchas, en sus manifestaciones, hemos escrito sobre sus anhelos, hemos relatados sus dramas para incorporarse en un país en cuyo ADN está la migración, hemos interpelado a las autoridades, hemos asistido con nuestra mirada al poder ejecutivo y legislativo… y hemos confiado y desconfiado de ellos.
A pesar de que por los micrófonos de nuestros proyectos Revista Sur, ChileAjeno y Chile a todo color han pasado los principales actores de la política o “no política migratoria” y han reiterado sus compromisos con los migrantes, estamos en septiembre. Reitero, estamos en septiembre. Volvimos a preguntarse hace poco y la respuesta fue segundo semestre. Sin embargo, hoy a través de la prensa nos enteramos de que el período podría extender y que en el 2016 podría enviarse al congreso.
Escuche y vea el comentario completo.