Este Domingo 30 de agosto, a primera hora, la Municipalidad de Santiago procedió a desalojar a los inmigrantes, mayoritariamente peruanos, que viven y arriendan departamentos de los Edificios de Calle General Mackenna.
Con el apoyo de Fuerzas Especiales de Carabineros, a las 9 de la mañana se procedió a aplicar la medida sin considerar la situación de los niños que habitan estos edificios y a pesar que existen varios recursos pendientes en tribunales.
La Alcaldesa de Santiago, Carolina Thoá, busca, a mi juicio, segregar a los inmigrantes de los Edificios de General Mackena, que viven en inmuebles muy valorados por su belleza arquitectónica, republicana e histórica.Ubicados estratégicamente frente a la Estación Mapocho y a orillas del río, considerados como un Gran Negocio Turístico – Comercial denominado Proyecto Barrio La Chimba.
Durante estos meses, basándose falsamente en «la Seguridad», la Municipalidad de Santiago ha buscado aplicar un Decreto de la Alcaldía, que abusando de sus facultades legales, utiliza la seguridad para aplicar desalojos en lugares de interés.
El caso es que este ILEGAL DECRETO, no fue sumisamente aceptado por los inmigrantes, quienes se organizaron y durante estos meses con acciones legales y de denuncia, han podido contener la medida.
La Municipalidad de Santiago se ha basado en instalaciones eléctricas precarias, argumento que ha sido totalmente revertido, ya que no sólo el ligero y poco fiable informe de un burócrata del SEC se contradice con las certificaciones que la misma institución ha dado a las instalaciones de suministro eléctrico de estos edificios y a las reparaciones realizadas por los dueños.
Asimismo, los otros supuestos riesgos de seguridad, que se refieren a la pintura de la fachada, el mismo informe de la División de Obras de la Municipalidad sólo se refiere a Calle Aillavilú y no a General Mackenna que es donde viven casi la totalidad de inmigrantes que desalojaron. A todo ello se ha sumado que la han tomado SOLO CONTRA LOS ARRENDATARIOS QUE VIVEN AHÍ, y NO contra quienes arriendan los LOCALES COMERCIALES del primer piso. A ellos siempre les han dado un trato diferente, les pidieron que hicieran las reparaciones pertinentes. En cuanto a los escasos ciudadanos chilenos que viven en estos edificios, se les habrían asegurado que les darían otra consideración.
Dirigentes de la comunidad inmigrante interpusieron un Recurso de Protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago por la discriminación y las demás violaciones a los derechos y garantías constitucionales de los inmigrantes que arriendan dichos departamentos, por cerca de 20 años.
La Corte, cual fallo digno de Pilatos, no se pronunció sobre el fondo del asunto, señalando que rechazaba el recurso por no haberse exhibido los contratos de arriendo, situación totalmente absurda ya que ni siquiera la misma Municipalidad habría discutido la calidad de arrendatarios de los afectados. Por ello ese fallo fue apelado y recién este Viernes 28 la Corte Suprema habría asignado el caso a la Tercera sala Constitucional, la cual ni siquiera ha conocido del mismo aún.
Los inmigrantes se han organizado y están recibiendo la solidaridad de organizaciones chilenas.