El pasado 20 de mayo, el Presidente Sebastián Pinera envió al Congreso el nuevo Proyecto de Ley de Migración y Extranjería cuyo objetivo es modificar la actual legislación, en curso desde 1975. Entre sus principales objetivos se encontraba avanzar hacia una nueva institucionalidad que permita un acceso más expedito de extranjeros a nuestro país.
Este proyecto de Ley modifica el actual y principal instrumento regulatorio, el Decreto Ley N° 1.094 de 1975, que constituye la legislación migratoria más antigua de Sudamérica, por lo que resulta necesario reformular la normativa vigente a 37 años de su dictación . Cabe agregar, que esta ley se promulgo en Dictadura, por lo tanto su principal eje era la defensa y seguridad del país.
Durante los últimos años hemos experimento una tendencia sostenida al alza en la población migratoria en nuestro país. Según los datos entregados por el documento del Proyecto de Ley de Migración y Extranjería: “el año 2001, 27 mil personas recibieron un permiso de residencia temporal. El 2012, la cifra alcanzó los 100 mil, 3,8 veces más”. Esto es un cambio propio de las tendencias globalizadoras y de la estabilidad política y macroeconómica que proyecta nuestro país. Empero, esta tendencia al alza es un desafío para la modernización y reformulación de nuestras anacrónicas instituciones y normas en esta materia. Hasta ahora el fenómeno avanza más rápido que la política. Y la legislación avanza un paso atrás.
Asimismo, Chile ha ratificado la mayoría de los instrumentos internacionales de protección de Derechos Humanos. Sin prejuicio de lo anterior, aun no contamos con una Ley acorde a la demanda migratoria. Tampoco se ha formulado una política explicita que garantice a los ciudadanos extranjeros sus derechos. Lo que existe son programas atomizados y parcelados aplicados por distintas municipalidades, ONG’S o instituciones investigadoras. El problema es que no existe un marco regulatorio orientador que contenga una política, lo que dificulta la coordinación y trabajo de la administración pública.
En suma y a pesar del acelerado crecimiento de la población extrajera tenemos una débil institucionalidad, que no garantiza los derechos y que no promueve una política. Por lo demás, la promesa de este nuevo Proyecto de Ley está enfocada principalmente en la reformulación de la Institucionalidad, considerando en mayor medida al inmigrante como trabajador y no como un ciudadano portador de derechos.
Lo que tenemos hoy es una ambivalencia entre la integración y la desidia. Esto dado que no existe una motivación precisa para garantizar los derechos de todos aquellos que residen en el país, tampoco la integración de la población inmigrante esta en el eje de la nueva legislación.
La propuesta del Ejecutivo es una oportunidad para la discusión pública del tema, contribuyendo en esta realidad. Se trata de casi 400.000 personas que llegan a nuestro país buscando oportunidades. Es un escenario provechoso si nos proponemos un desarrollo integrado de la realidad social, proyectando nuestro desarrollo no solo en materia económica, asumiendo las vulnerabilidades a la que están expuestos quienes llegan a un nuevo país.
Por ello, solo con una ley precisa, una institucionalidad robusta, que garantice derechos, genere mecanismos de inclusión (tal como están precisados en los acuerdos a lo que nos hemos adscritos) concretaremos que los ciudadanos sean protagonistas de sus derechos en nuestro país.